Academias militarizadas: las claves que hay detrás de su operación en México

Las muertes de dos estudiantes en menos de año y medio volvieron a poner bajo la lupa a las academias militarizadas en México. Primero fue el fallecimiento de Erick durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc; ahora, la muerte de Dafne Zapata durante un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz reabrió las preguntas sobre cómo operan estos planteles y quién vigila que cumplan con la ley.

Más allá de las investigaciones penales en curso, ambos casos exhibieron un vacío de información para miles de padres de familia: ¿qué autoridades supervisan estas escuelas?, ¿qué permisos necesitan para funcionar?, ¿la Secretaría de la Defensa Nacional las controla?, ¿o únicamente dependen de la Secretaría de Educación Pública?

La respuesta no es tan sencilla. Aunque llevan una formación inspirada en la disciplina militar, estas instituciones son, legalmente, escuelas privadas y están sujetas a un marco normativo distinto al de los planteles castrenses oficiales.

¿Quién regula realmente a las academias militarizadas?

El primer requisito para cualquier academia militarizada es obtener autorización o el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) o de la autoridad educativa estatal correspondiente.

La Ley General de Educación establece que cualquier particular que imparta enseñanza debe cumplir con estos requisitos y someterse a inspecciones periódicas. Incluso faculta a las autoridades educativas para imponer sanciones, multas e incluso revocar la autorización de funcionamiento cuando detecten irregularidades.

En el caso de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, las investigaciones revelaron presuntas anomalías administrativas, entre ellas alumnos que no aparecían registrados oficialmente ante la SEP, situación que derivó en la suspensión de sus instalaciones durante 2025.

¿Qué papel tiene la Sedena?

Una de las mayores confusiones es pensar que estas escuelas dependen directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No es así.

Las academias militarizadas son instituciones civiles, por lo que no forman parte del sistema educativo militar ni están sujetas al fuero castrense.

Sin embargo, la Sedena sí interviene en algunos aspectos relacionados con la instrucción militar que ofrecen estos planteles.

Autoridades militares han explicado que corresponde a la dependencia autorizar los uniformes utilizados para evitar que sean idénticos a los de las Fuerzas Armadas y verificar que la capacitación militar sea impartida por personal que cumpla con determinados requisitos.

Tras el caso de la Academia Ollin Cuauhtémoc, incluso se anunció un reforzamiento de las revisiones administrativas para verificar el cumplimiento de reglamentos internos y protocolos.

¿Qué cambió tras los casos de Dafne y Erick?

Las dos tragedias pusieron en evidencia que la existencia de permisos educativos no garantiza, por sí sola, que las actividades extracurriculares se desarrollen bajo condiciones adecuadas de seguridad.

En mayo de 2025, la muerte de Erick durante un campamento en Morelos derivó en investigaciones administrativas y penales que exhibieron presuntas irregularidades dentro del plantel.

Más recientemente, el fallecimiento de Dafne Zapata durante un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz llevó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum a pedir que el Gobierno de Tamaulipas revise la forma en que operan este tipo de instituciones y se esclarezcan los hechos.

Ambos casos han colocado nuevamente el debate sobre la necesidad de fortalecer la supervisión y los protocolos de seguridad en este tipo de escuelas.

¿Cuántas academias militarizadas existen en México?

Aunque no existe un padrón específico de academias militarizadas, la base pública de escuelas incorporadas a la SEP permite identificar al menos 50 planteles con orientación militar distribuidos en 19 estados del país.

La cifra podría ser mayor, ya que existen escuelas que se promocionan como militarizadas en redes sociales o sitios de internet, pero cuyos nombres no aparecen claramente identificados en los registros oficiales.

Esta falta de un padrón específico ha complicado conocer con precisión cuántas instituciones operan bajo este modelo educativo.

¿Qué sigue tras estos casos?

Las investigaciones sobre las muertes de Erick y Dafne continúan en manos de las fiscalías correspondientes, ya que cualquier posible responsabilidad penal compete a las autoridades civiles.

Mientras tanto, especialistas consideran que ambos casos podrían acelerar revisiones administrativas más estrictas y abrir la discusión sobre si la regulación actual resulta suficiente para supervisar actividades que combinan educación con entrenamiento de carácter militar.

La principal incógnita ahora no solo es qué ocurrió en ambos casos, sino si las autoridades modificarán los mecanismos de vigilancia para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.

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