Así operaba la red de corrupción de César Duarte: el mapa de desvíos al descubierto
El entramado oculto de César Duarte, exogbernador de Chihuahua: el mapa de desvíos que revela cómo funcionaba su red de corrupción
La caída del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, volvió a encender el foco sobre una de las redes de corrupción más complejas de la última década. Su detención, realizada este 8 de diciembre en Chihuahua, marcó el primer gran golpe de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), y reactivó un expediente que durante años permaneció entre procesos locales, amparos y un largo litigio internacional.
Duarte fue aprehendido por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en cumplimiento de una orden girada desde el 16 de mayo de 2024 por un juez adscrito al penal del Altiplano. El político priista ingresó la noche del domingo a la prisión federal.
La escena se repite, pero bajo otra dimensión judicial: el exgobernador ya había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami por delitos de peculado y asociación delictuosa. Fue extraditado el 2 de junio de 2022, pero solo podía ser procesado por los delitos señalados en su extradición. Todo cambió cuando el gobierno de Estados Unidos autorizó, el 4 de diciembre de 2025, procesarlo por un nuevo delito federal: lavado de dinero.
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Un gobernador, una red y una maquinaria financiera clandestina
La FGR sostiene que Duarte tejió, desde el propio gobierno estatal (2010–2016), un esquema sistemático de desvío y ocultamiento de recursos públicos, utilizando para ello dependencias clave como Hacienda, Educación y Desarrollo Rural.
Las carpetas judiciales describen una operación meticulosa, diseñada para parecer legal en cada uno de sus pasos.
PASO 1: Crear la fachada legal
La red comenzaba con la fabricación de documentos oficiales:
contratos,
convenios,
facturas,
autorizaciones de programas inexistentes,
todos ellos elaborados con apariencia de legalidad para justificar la salida del dinero.
Se autorizaban servicios que nunca se prestarían: software inexistente, asesorías ficticias, campañas educativas que jamás se implementaron. Ese papel sellado —meticulosamente armado— era el punto de partida.
PASO 2: El dinero fluye hacia empresas fantasma
Con el expediente administrativo listo, Hacienda liberaba los recursos hacia empresas de reciente creación, sin oficinas reales ni empleados, muchas de ellas vinculadas entre sí por domicilios falsos o accionistas sin perfil económico.
Estas compañías funcionaban como primer filtro del dinero.
Entre 2013 y 2016, la investigación detectó 519 empresas fantasma utilizadas para simular compras de medicamentos, obras públicas, asesorías y publicidad oficial.
PASO 3: La triangulación y fragmentación
Las empresas fantasma no retenían el dinero. En cuestión de horas o días, los fondos se dispersaban mediante un proceso de triangulación:
otras compañías pantalla,
cuentas personales,
tarjetas bancarias,
organizaciones ganaderas,
proveedores secundarios,
hasta diluir por completo el rastro.
Entre los involucrados aparecían prestanombres: policías auxiliares, choferes, amas de casa, vecinos de colonias populares que figuraban como dueños de empresas millonarias sin saberlo.
PASO 4: El retorno oculto
Una vez pulverizado, el dinero regresaba a intereses políticos y personales:
campañas electorales del PRI,
organizaciones ganaderas donde Duarte tenía participación,
cuentas privadas para cubrir gastos personales y de operadores,
financiamiento paralelo de estructuras políticas.
Este circuito, repetido decenas de veces, constituyó la columna vertebral de la red.
Los millones detrás de la trama
La administración estatal 2016–2021 estimó que Duarte desvió al menos 6 mil millones de pesos.
La llamada Operación Justicia para Chihuahua permitió recuperar 1,359 millones, entre:
656 millones por vía fiscal,
54.7 millones por reparación del daño penal,
más de 1 millón en multas,
además de bienes inmuebles, ranchos, lotes urbanos y un penthouse.
Destaca la recuperación del predio Santa Rita, de 30 mil hectáreas, y el aseguramiento de 37 mil 900 hectáreas adicionales en propiedades rústicas.
Chihuahua también recibió apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, siendo la primera entidad del país en obtener cooperación directa para trazar la ruta del dinero.
El otro frente: la protección política
La investigación sostiene que diversos actores políticos participaron o fueron beneficiados por el esquema de Duarte. Entre ellos se mencionan:
María Eugenia Campos Galván, actual gobernadora,
César Jáuregui Moreno, fiscal estatal,
el senador Mario Vázquez Robles,
y la dirigente del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez.
Todos ellos, según las carpetas, formaron parte o recibieron recursos de la llamada “nómina secreta” de Duarte cuando eran diputados locales.
La gobernadora Campos fue acusada de no continuar la recuperación de bienes y de haber devuelto propiedades de manera opaca.
El contexto que reavivó la historia
En junio de 2025, tras una resolución que lo favoreció en Texas, Duarte fue captado “de fiesta” en un bar de la capital chihuahuense. El video, donde aparece bailando “En la Frontera” de Juan Gabriel, generó indignación y reavivó la presión pública.
A lo largo de 2024 y 2025, el exgobernador promovió amparos para frenar investigaciones fiscales y obtener acceso a carpetas de investigación que lo mencionaban como imputado.
Hoy, esa estrategia terminó con su nueva detención.
La red en cifras
519 empresas fantasma identificadas
4,196 facturas simuladas emitidas (una cada cinco horas)
383 personas físicas y morales involucradas
27 esquemas de evasión fiscal y desvío detectados
6,000 millones desviados, mínimo estimado
1,359 millones recuperados por el Estado
Un caso que marca un nuevo capítulo
Con la autorización de Estados Unidos para procesarlo por lavado de dinero y su detención federal, César Duarte enfrenta ahora su caso más serio.
La red, revelada paso a paso por las investigaciones de Hacienda, la FGR, el SAT, la CNBV y autoridades estadounidenses, muestra un mecanismo deliberado y profundo que operó desde dentro del gobierno estatal.
La historia judicial del exgobernador —entre capturas, extradiciones, amparos, devoluciones de bienes y disputas políticas— entra en un nuevo capítulo donde, por primera vez, enfrenta cargos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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