Ceci Flores se certifica como madre buscadora para evitar la cárcel por exhumaciones “clandestinas”

Ceci Patricia Flores Armenta llevaba dos días recorriendo un terreno de Sonora donde, de acuerdo con la información que recibió su colectivo, podrían encontrarse restos de personas desaparecidas. Todavía no habían localizado restos humanos, pero continuaban explorando el terreno. Entre interrupciones de la comunicación telefónica por encontrarse en campo, explicó por qué ella y su hija buscaron certificarse oficialmente para realizar una labor que aprendieron mientras intentaban encontrar a sus familiares.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora explicó que recuperar cuerpos también puede exponerlas a procesos penales. Según relató, las autoridades les han advertido que realizar exhumaciones “clandestinas” puede castigarse hasta con 30 años de prisión, por lo que considera la certificación una protección frente a posibles detenciones.

Junto con su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores obtuvo una certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), bajo el estándar EC1542, que acredita conocimientos para explorar terrenos, identificar indicios, manejar hallazgos forenses, recopilar información y acompañar a familias. La capacitación comenzó en julio de 2025 en Guanajuato, con apoyo del Instituto Estatal de Capacitación y especialistas forenses.

Mientras madre e hija obtienen reconocimiento por las tareas que realizan, las desapariciones continúan y los hallazgos de posibles sitios de exterminio en Nayarit aumentan la preocupación por las personas que podrían permanecer enterradas sin ser identificadas. Ceci Flores lamentó que cada descubrimiento signifique para otras madres la posibilidad de pasar años sin saber qué ocurrió con sus hijos.

La falta de respuestas no es el único problema que enfrentan las familias. A los riesgos de recorrer terrenos donde podrían encontrarse fosas clandestinas se suman las amenazas, agresiones, desapariciones y el deterioro de la salud de quienes participan en las búsquedas. El pasado 26 de agosto, Ceci Flores reconoció que llevaba varios días enferma y que, después de 11 años buscando a su hijo Alejandro Guadalupe, el esfuerzo físico comenzaba a cobrarle factura. Aun cuando siente que ya no puede más, continúa las jornadas para encontrarlo.

Ante las agresiones de presuntos integrantes de grupos delincuenciales contra madres buscadoras y colectivos, el 30 de septiembre expertos independientes de Naciones Unidas exigieron al gobierno mexicano asumir plenamente las investigaciones y la localización de personas desaparecidas, garantizar la seguridad de las buscadoras, investigar los ataques y sancionar a los responsables.

Los especialistas documentaron la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, las agresiones contra Alma Rosa Rojo Medina y su familia, el atropellamiento de integrantes de un colectivo durante una protesta en Mazatlán y el asesinato de Rubí Gómez-Tagle. Advirtieron que las mujeres buscadoras enfrentan una violencia que puede terminar en su desaparición o asesinato, mientras la impunidad favorece la repetición de los ataques.

La ONU exigió además al gobierno mexicano reconocer públicamente la importancia del trabajo de las mujeres que buscan a sus familiares y garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales para proteger a las defensoras de derechos humanos. Recordó que la búsqueda de personas desaparecidas corresponde principalmente al Estado y que las autoridades no pueden trasladar esa responsabilidad a las familias.

El llamado internacional contrasta con el mensaje por el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado días después en el Zócalo capitalino, donde no mencionó a las madres buscadoras ni a los colectivos, pese a la exigencia de Naciones Unidas de reconocer públicamente su labor.

Ceci Flores cuestionó esa ausencia. Consideró que las desapariciones no ocupan un lugar prioritario entre los temas de los políticos y que las buscadoras solamente son recordadas cuando su presencia sirve para proporcionarles visibilidad.

Su reclamo parte de 11 años buscando a Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido en 2015 en Los Mochis, Sinaloa. Cuatro años después desapareció Marco Antonio, en Sonora, de quien fueron localizados parte de sus restos en marzo de 2026. Alejandro continúa desaparecido, pese a que su madre afirma haber entregado a las fiscalías información sobre los presuntos responsables.

Durante la entrevista reconoció que en Sonora reciben apoyo de las autoridades, pero insistió en que las instituciones deben investigar las desapariciones y localizar a las víctimas y que no hacen falta nuevas leyes sino cumplir con las ya existentes. Finalmente, pidió atender los hallazgos de Nayarit, ante la posibilidad de que numerosas familias permanezcan sin respuestas y no tengan que continuar buscando solas a sus desaparecidos.

Información para Ovaciones de Pilar Mansilla.