Contratos millonarios del INE y el chofer de Guadalupe Taddei: qué revelan documentos sobre Corporativo Zeg
¿Quién es el chofer de Guadalupe Taddei? Su vínculo con Corporativo Zeg, los contratos millonarios y las irregularidades detectadas en el INE
Jonathan Navarrete Torres, contratado como chofer de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, figura desde junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa proveedora de materiales electorales que ha recibido contratos millonarios y ha sido investigada por distintas autoridades. El vínculo, revelado por el diario Reforma, adquiere relevancia porque el trabajador no reportó esa representación en su declaración patrimonial, pese a que desde abril de 2025 forma parte del personal encargado de trasladar a la titular del organismo electoral.
La relación no se limita al conductor. Corporativo Zeg y Cajas Graf, empresas vinculadas a los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, también tuvieron como representante legal a Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director de Administración del INE durante la presidencia de Taddei, hasta abril de 2026.
Las compañías acumulan antecedentes de contrataciones con organismos electorales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua, entidades donde funcionarios que posteriormente ocuparon cargos relevantes en el INE participaron en decisiones relacionadas con la contratación de proveedores.
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A estos señalamientos se suma una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) que detectó irregularidades en tres contratos relacionados con la remodelación del edificio D del instituto, por un monto pendiente de aclaración de 198 mil 41 pesos, dentro de un conjunto de contratos por 16.7 millones de pesos.
Aunque se trata de investigaciones y procedimientos distintos, los antecedentes han colocado bajo escrutinio los mecanismos de contratación, la supervisión de recursos y los posibles conflictos de interés durante la administración encabezada por Guadalupe Taddei.
Los documentos muestran relaciones de representación empresarial, nombramientos y observaciones administrativas, pero no acreditan por sí mismos la comisión de delitos ni establecen que la consejera presidenta haya intervenido para favorecer ilegalmente a los proveedores.
¿Quién es Jonathan Navarrete Torres, el chofer de Guadalupe Taddei?
Jonathan Navarrete Torres trabaja como chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral desde el 15 de abril de 2025, de acuerdo con registros oficiales citados en la investigación publicada por Reforma.
Su principal responsabilidad consiste en trasladar de manera segura y eficiente a Guadalupe Taddei durante sus actividades.
Según su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, percibe un salario mensual de 45 mil 765 pesos por el desempeño de sus funciones.
En el documento, Navarrete Torres reportó que anteriormente había trabajado como chofer en Mercedes-Benz.
También declaró estudios de Diseño Gráfico y un grado académico de bachillerato obtenido en la Universidad Tres Culturas.
Sin embargo, no incluyó entre sus antecedentes la representación legal que recibió de Corporativo Zeg en junio de 2023, pese a que el poder aparece registrado en documentos mercantiles.
Esta omisión es uno de los aspectos centrales del reportaje, debido a que la empresa ha participado como proveedora de materiales electorales y mantiene vínculos corporativos con otra compañía contratada por organismos electorales.
La información disponible no establece si el poder continuaba vigente cuando Navarrete presentó su declaración patrimonial ni determina, por sí misma, si estaba obligado a reportarlo bajo las disposiciones aplicables.
¿Qué relación tiene el chofer del INE con Corporativo Zeg?
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, Jonathan Navarrete Torres recibió el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg.
El nombramiento quedó registrado en el acta 64225000P0, mediante la cual Rodolfo Higareda Coen, identificado como representante de la empresa, le otorgó facultades legales para actuar en nombre de la sociedad.
El documento establece que Navarrete podía ejercer derechos y acciones ante autoridades federales, estatales y municipales, así como intervenir en procedimientos civiles, judiciales y administrativos.
Entre sus atribuciones se encontraban la representación en demandas, amparos y otros trámites legales relacionados con los intereses de la compañía. El poder fue otorgado casi dos años antes de que comenzara a trabajar como chofer de Guadalupe Taddei.
La coincidencia entre su cargo dentro del INE y la representación que recibió de una empresa proveedora del organismo es el principal punto que plantea preguntas sobre un posible conflicto de interés.
Tener un poder para pleitos y cobranzas no convierte automáticamente a una persona en accionista o propietario de la compañía, pero sí representa una relación jurídica que le permite actuar en su nombre dentro de las facultades conferidas.
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— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) October 19, 2026
Corporativo Zeg y Cajas Graf: las empresas proveedoras investigadas por autoridades
Corporativo Zeg y Cajas Graf son dos compañías dedicadas al suministro de materiales electorales que, según la investigación periodística, concentran una parte importante de ese mercado.
Ambas están vinculadas con los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, identificados como sus propietarios.
Las empresas también han sido objeto de distintas investigaciones y procedimientos administrativos.
De acuerdo con los antecedentes citados, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó a las compañías por presuntos vínculos con el crimen organizado y ordenó el congelamiento de sus cuentas.
Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó indagatorias relacionadas con posibles prácticas irregulares.
A estos antecedentes se sumó un expediente abierto en mayo de 2024 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para investigar presuntas prácticas monopólicas.
La existencia de investigaciones, expedientes o medidas administrativas no demuestra por sí misma que las empresas hayan cometido los hechos señalados. Tampoco establece el resultado definitivo de los procedimientos.
Sin embargo, los antecedentes adquieren importancia al revisar los contratos que ambas compañías han obtenido de organismos electorales y sus relaciones con funcionarios que posteriormente ocuparon puestos en el INE.
El exdirector de Administración del INE también fue representante de las empresas
El caso de Jonathan Navarrete Torres no es el único vínculo identificado entre las empresas proveedoras y funcionarios relacionados con la administración de Guadalupe Taddei.
De acuerdo con el reportaje firmado por Erika Hernández y Rolando Herrera, Corporativo Zeg y Cajas Graf también tuvieron como representante legal en 2023 a Jesús Octavio García González.
Posteriormente, García González se desempeñó como director de Administración del INE durante la gestión de Taddei, cargo que ocupó hasta abril de 2026.
La coincidencia entre su representación empresarial y su participación en una de las áreas administrativas del organismo plantea interrogantes sobre las medidas utilizadas para prevenir conflictos de interés.
La Dirección de Administración participa en funciones relacionadas con el manejo de recursos y los procedimientos internos del instituto, por lo que la existencia de vínculos previos con proveedores resulta relevante para revisar las condiciones de contratación.
Sin embargo, los antecedentes mencionados no acreditan que García González haya autorizado personalmente contratos irregulares o utilizado su cargo para beneficiar a las compañías.
Los contratos de Zeg y Cajas Graf en Sonora, Oaxaca y Chihuahua
La relación de estas empresas con autoridades electorales comenzó antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del INE.
Según la investigación, Corporativo Zeg y Cajas Graf obtuvieron contratos con organismos electorales locales desde 2021, cuando distintos funcionarios que posteriormente llegaron al instituto nacional desempeñaban cargos en otras entidades.
En Sonora, las compañías fueron contratadas durante el periodo en que Guadalupe Taddei encabezaba el organismo electoral estatal.
En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces secretaria ejecutiva del instituto electoral local, otorgó un contrato de 32 millones de pesos a Corporativo Zeg.
Posteriormente, Hernández Gómez fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE y también aparece mencionada en la información relativa a la Dirección General de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, quien entonces presidía el Instituto Estatal Electoral, asignó en 2021 un contrato de 33.9 millones de pesos a Cajas Graf.
Tres años después, Espino asumió la Secretaría Ejecutiva del INE, impulsada por Guadalupe Taddei.
Las trayectorias muestran que las compañías mantuvieron relaciones comerciales con organismos donde trabajaban funcionarios que posteriormente se incorporaron a la administración central del instituto.
Otro dato señalado en el reportaje es que Corporativo Zeg y Cajas Graf aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia del organismo.
Estos antecedentes documentan contrataciones y coincidencias en las trayectorias de funcionarios, aunque no prueban por sí solos que los procedimientos se hayan realizado ilegalmente.
La BMW blindada que utilizó Guadalupe Taddei y el préstamo que quedó sin aclarar
Otro elemento mencionado en la investigación está relacionado con el vehículo utilizado para trasladar a Guadalupe Taddei.
Entre finales de 2025 y abril de 2026, la consejera presidenta se desplazó en una camioneta BMW blindada que no pertenecía a la flota vehicular del INE.
La funcionaria explicó que la Chevrolet Captiva proporcionada por el instituto se había descompuesto, por lo que utilizaba un automóvil prestado. Sin embargo, no aclaró públicamente quién había proporcionado la camioneta.
La investigación planteó la pregunta sobre si el préstamo pudiera estar relacionado con alguna empresa proveedora del INE, especialmente ante los antecedentes laborales y jurídicos de su chofer y del entonces director de Administración.
No obstante, la información citada no demuestra que Corporativo Zeg o Cajas Graf fueran propietarias de la BMW ni que alguna de ellas hubiera facilitado el vehículo.
Por ello, la identidad de quien realizó el préstamo permanece como un dato no esclarecido en los antecedentes proporcionados.
Auditoría del INE detecta irregularidades en contratos por 16.7 millones de pesos
A las revelaciones sobre Corporativo Zeg se suman las observaciones de una auditoría del Órgano Interno de Control del INE, relacionada con los servicios contratados para la remodelación del edificio D del complejo de oficinas ubicado en Tlalpan, Ciudad de México.
El inmueble alberga las oficinas de Comunicación Social y el foro de televisión del instituto. La auditoría, identificada con el folio DAB/04/OP/2025, fue concluida en marzo de 2026 y examinó operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2024 y el 15 de septiembre de 2025.
Los recursos para el proyecto habían sido autorizados originalmente en 2021 y posteriormente se distribuyeron mediante ocho contratos.
Sin embargo, el órgano fiscalizador encontró observaciones en tres de ellos, relacionadas con deficiencias en la planeación, adjudicación, supervisión y ejecución de los servicios.
Los contratos examinados fueron:
INE/SROP/03/2024
INE/SROP/04/2024
INE/SROP/06/2024
En conjunto, los tres contratos representaban 16.7 millones de pesos, de los cuales la auditoría revisó una muestra por 1.9 millones. Como resultado, el OIC identificó 198 mil 41.01 pesos pendientes de aclaración.
Esta cantidad corresponde al monto específicamente observado que permanecía sin solventar, no a la totalidad del valor de los contratos.
¿Por qué el OIC cuestionó los contratos de remodelación del edificio D?
Uno de los principales señalamientos del Órgano Interno de Control se relaciona con el tiempo transcurrido entre la autorización original de los recursos y la formalización de las contrataciones.
En 2021, el Comité Técnico había establecido que los recursos autorizados quedarían cancelados si los procedimientos de contratación no comenzaban dentro de un plazo de cuatro meses. Sin embargo, los tres contratos observados fueron formalizados hasta 2024.
La Secretaría Ejecutiva del INE, encabezada entonces por Claudia Arlett Espino, argumentó que se trataba de una continuación de contrataciones iniciadas en 2021.
No obstante, el OIC mantuvo sus observaciones al determinar que no se había entregado documentación comprobatoria suficiente para acreditar que los trabajos se realizaran en 2021 o en 2024.
La auditoría también encontró inconsistencias en la justificación de las adjudicaciones y en la documentación que debía respaldar los procedimientos.
Entre los hallazgos se identificaron cotizaciones incompletas, diferencias entre los montos de las propuestas y los cuadros comparativos, así como documentos cuyos títulos no correspondían con los servicios contratados.
Uno de los datos más llamativos fue la identificación de una cotización atribuida a una persona física que estaba elaborada en papel membretado del propio INE.
El órgano fiscalizador también señaló que no se acreditó la existencia de las tres cotizaciones previas requeridas para justificar las adjudicaciones.
Las propuestas presentaban además omisiones relacionadas con los plazos de ejecución y su vigencia.
Según el informe, estas inconsistencias dificultaban comprobar que los procedimientos de contratación se hubieran realizado mediante una comparación de mercado completa, verificable y oportuna.
Entre las empresas cuyas propuestas presentaron faltantes o inconsistencias documentales se mencionan Halo Constructora, Buró Mexicano de Solución Técnica y Electroconstructora Sustentable.
Obras retrasadas hasta 148 días y pagos sin trabajos concluidos
La revisión también identificó demoras importantes en la presentación y autorización de estimaciones de pago.
En el contrato INE/SROP/03/2024, una estimación fue presentada 115 días naturales después de la fecha de corte correspondiente.
Para el contrato INE/SROP/04/2024, la autorización de una estimación ocurrió 46 días después de su entrega.
En el contrato INE/SROP/06/2024, una estimación fue presentada con 148 días de retraso respecto del corte.
El OIC señaló que tampoco se había acreditado el cumplimiento de la periodicidad máxima de 30 días establecida en la normativa para la presentación de estimaciones.
Además de los retrasos administrativos, la revisión identificó problemas relacionados con el cumplimiento físico de los servicios contratados.
Uno de los principales señalamientos correspondió al contrato INE/SROP/06/2024, cuyo plazo de terminación estaba previsto para el 26 de enero de 2025.
Sin embargo, de acuerdo con la información consultada por el órgano fiscalizador en marzo de 2026, la obra registraba un avance real de apenas 41%, frente al 100% programado.
Pese a esa diferencia, el auditor cuestionó que no se hubieran aplicado las penas convencionales correspondientes por el incumplimiento de los plazos.
El informe también identificó pagos relacionados con conceptos que no habían sido concluidos.
“El residente autorizó el pago del Concepto DRO-01, sin que este se hubiere concluido en su totalidad”, señaló la auditoría.
El importe observado fue de 170 mil 725.01 pesos, más 27 mil 316 pesos de IVA, para un total de 198 mil 41.01 pesos.
La respuesta del área auditada no fue suficiente para aclarar los señalamientos, por lo que el monto permaneció pendiente de justificación.
Trabajadores del INE advierten problemas eléctricos en el edificio D
Las observaciones administrativas también coincidieron con testimonios de trabajadores sobre las condiciones del edificio D.
De acuerdo con información publicada por El Universal, empleados del instituto señalaron que la instalación eléctrica del inmueble requería atención urgente.
Uno de los contratos revisados por el OIC estaba relacionado con esos trabajos, cuya ejecución no pudo acreditarse mediante la documentación presentada durante la auditoría.
La situación resultaba relevante debido a que el edificio alberga áreas de Comunicación Social y el foro de televisión del organismo.
Las observaciones del órgano fiscalizador se concentraron en la falta de evidencia documental, las demoras en la ejecución de los servicios, la autorización de pagos y el seguimiento de los compromisos establecidos.
Aunque las inconsistencias quedaron asentadas en el informe, su existencia no implica automáticamente que todos los recursos contratados hayan sido desviados.
Otros contratos y nombramientos cuestionados durante la gestión de Guadalupe Taddei
Los señalamientos sobre el chofer de Guadalupe Taddei y la auditoría del edificio D se suman a otras controversias relacionadas con decisiones administrativas del INE.
Una de ellas ocurrió en noviembre de 2025, cuando el instituto contrató a una empresa previamente señalada en la investigación sobre desvíos de recursos conocida como Estafa Maestra.
La contratación, por un millón 57 mil pesos, tuvo como objetivo producir una miniserie sobre la elección judicial titulada Elección sin precedente.
De acuerdo con los antecedentes citados, el contrato fue otorgado mediante adjudicación directa por la Dirección General de Capacitación Electoral y Educación Cívica, encabezada por Iliana Araceli Hernández Gómez, sin informar previamente al Consejo General.
Por separado, en abril de 2026, el consejero electoral Martín Faz cuestionó el perfil de diversos funcionarios nombrados por Taddei.
Faz sostuvo que algunas áreas estratégicas del instituto habían sido ocupadas por personas con perfiles más políticos que técnicos, mediante nombramientos unipersonales que no pasaron por procesos colegiados para alcanzar consensos.
Entre los casos mencionados se encuentra Mario Alberto Alejo, designado para encabezar la Unidad Técnica de Fiscalización.
El consejero cuestionó que el funcionario cumpliera con los requisitos del puesto, particularmente los cinco años de experiencia previa en materia de fiscalización.
Estas críticas se centraron en los procedimientos de designación y la preparación profesional de quienes asumieron responsabilidades estratégicas dentro del organismo.
¿Qué falta por aclarar sobre el chofer de Guadalupe Taddei y los contratos del INE?
Las revelaciones sobre Jonathan Navarrete Torres, Corporativo Zeg y Cajas Graf colocan bajo atención las relaciones entre proveedores privados y personas que posteriormente ocuparon cargos dentro del Instituto Nacional Electoral.
El poder general otorgado al chofer el 28 de junio de 2023, su incorporación al equipo de Guadalupe Taddei en abril de 2025 y la ausencia de esa representación en su declaración patrimonial son elementos que requieren distinguirse de las responsabilidades administrativas o legales que pudieran determinar las autoridades.
También permanecen preguntas sobre los antecedentes de representación empresarial de Jesús Octavio García González, los contratos obtenidos por las compañías en distintos organismos electorales y la identidad de quien prestó la BMW blindada utilizada por la consejera presidenta.
En paralelo, la auditoría del edificio D documentó observaciones sobre tres contratos por 16.7 millones de pesos, de los que 198 mil 41.01 pesos continuaban pendientes de aclaración, debido a problemas en la comprobación de trabajos y autorización de pagos.
Aunque ambos asuntos corresponden a investigaciones diferentes, tienen un punto de encuentro: las preguntas sobre cómo se asignan, justifican y supervisan los recursos y contratos dentro del organismo encargado de organizar las elecciones en México.
Los antecedentes documentan posibles conflictos de interés, vínculos empresariales y observaciones administrativas, pero no establecen una resolución definitiva de corrupción contra Guadalupe Taddei o las personas mencionadas.
La principal cuestión pendiente es conocer si los órganos competentes determinarán responsabilidades a partir de esas relaciones y de las irregularidades que ya fueron identificadas en los procedimientos de contratación.
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