La DEA sobre México: Ellos son los políticos acusados de nexos con el narco y la advertencia de Terry Cole
Terry Cole advierte que la DEA no retrocederá: los funcionarios mexicanos acusados de proteger a los cárteles
La DEA volvió a poner bajo la lupa la relación entre el narcotráfico y la política mexicana. Este martes 17 de noviembre de 2026, su director, Terrance “Terry” Cole, advirtió que la corrupción en México permite operar a los cárteles y aseguró que Estados Unidos continuará investigando a los funcionarios que presuntamente los protegen.
El mensaje llega después de una acusación judicial contra diez políticos y exfuncionarios de Sinaloa, de la difusión de una supuesta lista de 35 integrantes de Morena y a unas horas del encuentro previsto entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en China.
La declaración de Cole fue publicada en su cuenta oficial de X, donde señaló que las estructuras de corrupción representan una amenaza que trasciende la frontera mexicana y afecta directamente a las comunidades estadounidenses.
“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades”, escribió el funcionario.
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) agregó que la agencia mantiene su compromiso de exponer las conexiones entre organizaciones terroristas extranjeras y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses.
“No cederemos”, concluyó.
Aunque el mensaje representa una nueva advertencia de Washington, Cole no identificó a funcionarios concretos, presentó nuevas pruebas ni anunció órdenes de captura. Sin embargo, sus declaraciones se producen cuando las autoridades estadounidenses ya mantienen investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con integrantes de la política mexicana.
🔴 Director de la DEA amenaza con exponer nexos entre cárteles y "actores políticos corruptos"; advierte que no darán "marcha atrás" https://t.co/IxYYEAnAfA
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) November 17, 2026
¿Qué políticos mexicanos están acusados de narcotráfico en Estados Unidos?
Uno de los antecedentes más relevantes es la acusación presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
El Departamento de Justicia estadounidense los señaló por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y las armas, al considerar que habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el traslado de drogas hacia Estados Unidos.
Entre los diez acusados se encuentran:
Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa.
Enrique Inzunza Cázarez, senador y exfuncionario estatal.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.
Dámaso Castro Zaavedra, exfuncionario de la Fiscalía estatal.
Juan de Dios Gámez Mendívil, quien ocupaba la alcaldía de Culiacán cuando se anunciaron los cargos.
Marco Antonio Almanza Avilés.
Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado también con el alias de “Cholo”.
Gerardo Mérida Sánchez.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”.
Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”.
De acuerdo con la acusación estadounidense, los señalados habrían aprovechado sus posiciones dentro del gobierno y de las instituciones de seguridad para favorecer las actividades de la organización criminal.
La fiscalía sostiene que algunos de ellos facilitaron información policial y militar, permitieron el traslado de cargamentos de droga o intervinieron para evitar investigaciones y detenciones.
A cambio, presuntamente recibieron sobornos y apoyo político de integrantes del grupo criminal.
Los investigadores estadounidenses relacionan estos hechos principalmente con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En el caso de Rocha Moya, la acusación señala que presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de esa organización y habría recibido apoyo para llegar a la gubernatura.
El exmandatario ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como falsos.
Las imputaciones forman parte de un proceso penal estadounidense y no constituyen una sentencia condenatoria. La responsabilidad de cada acusado debe determinarse ante los tribunales.
¿Por qué México no ha detenido a los funcionarios acusados por Estados Unidos?
La acusación contra los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa abrió un procedimiento de cooperación judicial entre ambos países, pero la existencia de cargos en Estados Unidos no implica una detención automática en territorio mexicano.
Washington presentó solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales deben ser analizadas conforme al marco jurídico nacional.
El 8 de julio de 2026, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, explicó que las investigaciones seguían abiertas, pero los elementos disponibles todavía no alcanzaban el estándar probatorio mínimo requerido para proceder.
La Fiscalía mexicana informó que realizaba entrevistas, solicitaba documentación y continuaba recabando información sobre los señalamientos estadounidenses.
Esta postura no significa que las acusaciones formuladas en Nueva York hayan sido retiradas ni que las investigaciones mexicanas se hayan cerrado.
La diferencia radica en que Estados Unidos mantiene un procedimiento penal propio, mientras México debe valorar los requisitos legales necesarios para ejecutar detenciones y tramitar solicitudes de extradición.
En medio de este proceso, Rocha Moya solicitó licencia para separarse de la gubernatura de Sinaloa en mayo. Después de reincorporarse el 21 de agosto, volvió a pedir una licencia temporal con carácter indefinido, aprobada por el Congreso estatal el 23 de agosto de 2026.
¿Qué otros políticos han sido señalados por autoridades de Estados Unidos?
Los expedientes contra funcionarios de Sinaloa no son el único antecedente reciente de investigaciones estadounidenses relacionadas con presunta corrupción política en México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también anunció sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo señaló como un operador político presuntamente relacionado con una red del Cártel de Sinaloa vinculada con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.
Según el Tesoro estadounidense, Torres habría utilizado su influencia para facilitar actividades del grupo criminal y proteger sus operaciones frente a las instituciones de seguridad.
La autoridad también identificó a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y a otros presuntos colaboradores que habrían participado en mecanismos de corrupción y lavado de dinero.
A diferencia de una acusación penal presentada ante un tribunal, las sanciones de OFAC son medidas administrativas y financieras que pueden implicar el bloqueo de bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar determinadas transacciones.
Su imposición no equivale por sí sola a una sentencia penal.
Otro antecedente de la relación entre política, narcotráfico y autoridades estadounidenses es el caso del exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz, cuyo nombre ha aparecido durante décadas en controversias relacionadas con las investigaciones por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
Sin embargo, los señalamientos históricos y la condición de persona de interés que le han atribuido distintas publicaciones no deben confundirse con una acusación penal vigente o una condena por ese asesinato.
¿Qué advirtió Terry Cole tras la condena de “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”?
El mensaje del 17 de noviembre no es la primera ocasión reciente en la que Cole advierte sobre las posibles responsabilidades de funcionarios que colaboran con organizaciones criminales.
El viernes 13 de noviembre de 2026, el Departamento de Justicia anunció la sentencia de 270 meses de prisión, equivalentes a 22 años y seis meses, contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”.
El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico internacional y las armas.
Tras la resolución, Cole sostuvo que ningún dirigente de un cártel se encuentra fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.
El funcionario también advirtió que las investigaciones pueden extenderse hacia quienes protegen a las organizaciones criminales, facilitan sus operaciones o utilizan posiciones de poder para recibir beneficios ilícitos.
El alcance de esas investigaciones depende de las pruebas reunidas y de las decisiones de las autoridades judiciales correspondientes.
🔴 Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”, fue condenado en EE. UU. a 22 años y medio de prisión por narcotráfico y uso de armas. La DEA lo vincula con el Cártel del Milenio y el CJNG. https://t.co/T0M9LpYV3d
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) November 13, 2026
¿Por qué la advertencia de la DEA ocurre antes del encuentro entre Sheinbaum y Trump?
El pronunciamiento de Cole fue difundido durante la visita de Claudia Sheinbaum a Shenzhen, China, donde participa en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
La presidenta mexicana anunció que el miércoles 18 de noviembre sostendrá un encuentro breve con Donald Trump, en un contexto de negociaciones comerciales, diferencias sobre seguridad fronteriza y presiones estadounidenses relacionadas con el narcotráfico.
Las declaraciones del director de la DEA se suman a una postura que otros funcionarios de Washington han expresado respecto a las posibles consecuencias para autoridades que colaboren con organizaciones criminales.
En octubre, Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, advirtió en una entrevista que su Gobierno buscaría proceder contra funcionarios involucrados con cárteles, incluso si ocuparan cargos de alto nivel, como una gubernatura.
Carter también planteó que la cooperación entre México y Estados Unidos es necesaria para desarticular las estructuras del narcotráfico.
No obstante, ninguna de estas declaraciones confirma que Sheinbaum y Trump vayan a discutir casos específicos, nombres de políticos o nuevas extradiciones durante su encuentro en China.
La advertencia de Terry Cole representa una señal pública sobre las prioridades de la DEA, mientras que las acusaciones judiciales, las sanciones financieras y las investigaciones bilaterales mantienen procedimientos y requisitos distintos.
El elemento central será determinar si las autoridades estadounidenses presentan nuevas pruebas o cargos contra funcionarios mexicanos y cómo responderán las instituciones encargadas de la investigación y la cooperación judicial en ambos países.
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