Estos son los gobernadores mexicanos investigados por EE.UU. por presuntos nexos con el narco

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión luego de que autoridades estadounidenses confirmaran investigaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. En el centro del caso aparecen gobernadores en funciones, mandatarios con licencia y figuras cercanas al poder estatal.

Rubén Rocha Moya: el primer gobernador acusado formalmente

El caso que detonó el nuevo foco de atención internacional fue el del gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya.

El pasado 29 de abril, fiscales estadounidenses presentaron una acusación formal por narcotráfico contra el mandatario sinaloense y otras nueve personas vinculadas a su entorno político y administrativo.

Según el expediente judicial, las autoridades de Estados Unidos sostienen que los acusados habrían colaborado con facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos, para facilitar operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas.

La acusación convirtió a Rocha Moya en el primer gobernador mexicano en funciones recientes señalado formalmente por la justicia estadounidense bajo cargos relacionados con crimen organizado.

El caso provocó un fuerte impacto político en México y elevó las tensiones diplomáticas entre ambos países.

Todd Blanche confirmó más investigaciones contra políticos mexicanos

Semanas después de la acusación contra Rocha Moya, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, confirmó públicamente que existen múltiples investigaciones abiertas contra políticos mexicanos e incluso contra un juez.

Aunque el funcionario evitó revelar nombres adicionales, sus declaraciones alimentaron especulaciones sobre nuevas acciones judiciales o administrativas contra funcionarios mexicanos.

Las palabras de Blanche fueron interpretadas como una señal de endurecimiento de la postura estadounidense frente a presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal entran en la mira

La presión aumentó este miércoles luego de que el diario Los Angeles Times reportara que Estados Unidos investiga a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, ambos políticos estarían siendo objeto de investigaciones relacionadas con presuntos nexos con el narcotráfico.

El medio estadounidense, citando fuentes familiarizadas con el caso, aseguró además que tanto Durazo como Villarreal habrían perdido sus visas estadounidenses en medio de las indagatorias.

Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos no han presentado acusaciones formales públicas contra ninguno de los dos gobernadores.

Marina del Pilar y la polémica por la cancelación de visas

Otro de los casos que generó atención en meses recientes fue el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.

El año pasado confirmó que el gobierno estadounidense revocó su visa de turista y también la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien ocupaba cargos de coordinación estratégica en Baja California.

Torres Torres explicó en redes sociales que la cancelación obedecía a “disposiciones internas del Departamento de Estado” y aseguró que no existía acusación penal ni investigación formal en su contra.

Posteriormente, Marina del Pilar declaró públicamente que la revocación de su visa no implicaba la comisión de ningún delito y calificó el hecho como una decisión administrativa.

A pesar de ello, el caso alimentó especulaciones políticas y mediáticas sobre posibles investigaciones estadounidenses relacionadas con funcionarios mexicanos.

Las investigaciones reflejan la presión de EU contra el narcotráfico

Las recientes acciones de autoridades estadounidenses ocurren en un contexto de creciente presión de Washington sobre México para combatir el tráfico de fentanilo, armas y operaciones financieras ligadas a cárteles.

En los últimos años, agencias estadounidenses han incrementado investigaciones extraterritoriales relacionadas con redes criminales mexicanas, especialmente aquellas vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Expertos consideran que este tipo de casos podrían tener implicaciones diplomáticas y políticas relevantes, particularmente en temas de cooperación en seguridad, intercambio de inteligencia y relaciones bilaterales.

Hasta el momento, únicamente el caso de Rubén Rocha Moya cuenta con una acusación formal presentada ante la justicia estadounidense.

En los casos de Alfonso Durazo y Américo Villarreal, los señalamientos derivan de reportes periodísticos y versiones citadas por medios estadounidenses, sin que existan hasta ahora expedientes públicos oficiales.

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