FGR recupera más de 62 mdp por la Estafa Maestra; así se da la reparación del daño

Estefanía Arreola 11 diciembre, 2025

Ernestina Godoy confirmó la recuperación de recursos públicos en un caso emblemático de corrupción

 ©cuartoscuro- especial - Godoy confirmó el acuerdo de reparación de daños.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que logró obtener 62 millones 877 mil 192 pesos a favor del Estado mexicano como reparación del daño en uno de los casos más mediáticos de la llamada Estafa Maestra.

La confirmación llegó a través de un tuit de la fiscal Ernestina Godoy, donde destacó que este monto se suma a otros esfuerzos del gobierno por recuperar recursos desviados de dependencias públicas hacia universidades y empresas fantasma.

Exfuncionarios implicados y sus cargos

Los beneficiarios del acuerdo reparatorio son Ricardo “M”, exdirector general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces SEDESOL, y José “M”, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM). Ambos habían sido señalados por participar en el esquema de triangulación de recursos públicos, mediante convenios irregulares que permitieron desvíos millonarios.

Según la FGR, se aplicaron sustitutivos legales contemplados en el Código Penal Federal, que permiten a los acusados evitar la prisión, siempre que cumplan con el pago completo de la reparación del daño.

El contexto de la Estafa Maestra

Documentada en 2018, la Estafa Maestra involucró a varias dependencias federales y universidades públicas en un mecanismo de contratación irregular de servicios simulados. Se estima que los desvíos alcanzaron miles de millones de pesos, generando una fuerte presión social y política para que los responsables fueran sancionados y se recuperaran los recursos.

Aunque el acuerdo reparatorio representa un avance significativo en la recuperación de recursos, el caso sigue teniendo procesos abiertos en otras instancias, y varios de los implicados aún enfrentan investigaciones. La FGR subrayó que este tipo de resoluciones buscan garantizar la reparación del daño al Estado, pero también han generado debate sobre la efectividad de los mecanismos que permiten a exfuncionarios evitar la prisión mediante pagos.