La Suprema Corte busca eliminar pensiones doradas ¿quiénes las cobran?
La Suprema Corte revisará las pensiones vitalicias de ministros en retiro, que superan el sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum
Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su primer mensaje se pronunció a favor de la austeridad en el máximo tribunal del país. Esta política contempla que ningún ministro gane más que el titular del Ejecutivo, como lo establece la Constitución. Además, se oponen a las llamadas "pensiones doradas".
Esta pensión dorada de las ministras y ministros en retiro serán revisadas para ajustar los montos a lo estipulado por la Constitución.
Esta revisión y eventual ajuste se dará después de que se detectaran pensiones de entre 205,000 y 385,000 pesos mensuales, muy por encima de lo que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum, que es de alrededor de 133,000 pesos al mes.
Pensiones millonarias en el retiro
La revisión afecta también a los ministros que decidieron no contender en la elección judicial de 2024, así como a aquellos que han dejado el cargo desde la reforma de 1995.
Incluso, existen exministros de la Corte que, tras concluir su mandato durante la presidencia de Ernesto Zedillo, como el caso de Diego Valadés, quien ocupó el cargo por pocos meses, continúan recibiendo una pensión vitalicia
Además, la revisión y el ajuste el ajuste afectará a los ministros que acaban de dejar el cargo como Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández, además de Luis María Aguilar Morales, quien se retiró en noviembre de 2024.
Y que algunos ministros en retiro reciben pensiones vitalicias que pueden superar los 380,000 pesos mensuales.
Por ejemplo, Aguilar Morales, quien fue presidente de la Corte, recibe una pensión mensual de 389,000 pesos, lo que se traduce en casi 4.6 millones de pesos anuales. Otros ministros, como Jorge Mario Pardo Rebolledo, recibirán 371,000 pesos mensuales (4.4 millones anuales).
Pensiones doradas
El acuerdo aprobado en noviembre de 2024 destina un total de 27 millones 266 mil pesos anuales solo para los ocho ministros que decidieron no participar en la elección judicial y que renunciaron en 2024. Además, los ministros que dejaron la Corte entre 1995 y 2024 también reciben pensiones elevadas. En conjunto, los gastos anuales por pensiones para exministros y sus familiares ascienden a 129 millones de pesos, según datos de la ministra Lenia Batres.
El conflicto con la Constitución
Batres Guadarrama señaló en su momento que estos pagos son "exorbitantes" y no se ajustan a la normativa constitucional que establece que las pensiones deben ser proporcionales a los sueldos que los servidores públicos perciben mientras están en funciones. De hecho, se estima que los pagos que se están haciendo a los exministros están un 12.8% por encima de lo que debería pagarse conforme a la Ley.
“Estos pagos desproporcionados derivan de las percepciones ordinarias que ministros jubilados y en retiro obtuvieron durante su ejercicio en el cargo, lo cual contraviene la Constitución”, denunció Batres en un comunicado.
Una revisión esperada
A raíz de estas críticas y con el respaldo del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, la SCJN comenzará el proceso de revisión para ajustar los haberes de retiro de los ministros, una medida que busca alinearse con los principios constitucionales y generar una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.
Las pensiones de los ministros en retiro
Luis María Aguilar Morales: 389,266 pesos
Jorge Mario Pardo Rebolledo: 371,614 pesos
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: 346,667 pesos
Alberto Pérez Dayán: 346,667 pesos
Javier Laynez Potisek: 304,937 pesos
Norma Lucía Piña Hernández: 304,937 pesos
Juan Luis González Alcántara Carrancá: 263,132 pesos
Ana Margarita Ríos Farjat: 249,902 pesos
Exministros (1995-2024):
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: 190,392 pesos
Genaro David Góngora Pimentel: 165,558 pesos
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia: 165,558 pesos
José Ramón Cossío Díaz: 165,558 pesos
Margarita Beatriz Luna Ramos: 165,558 pesos
José Fernando Franco González-Salas: 165,558 pesos
Ministros con pensión vitalicia (Reforma de Zedillo, 1994):
Diego Valadés Ríos: 286,423.84 pesos
Victoria Adato Green: 286,423.84 pesos
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: 286,423.84 pesos
Irma Cue Sarquis: 286,423.84 pesos
José de Jesús Duarte Cano: 286,423.84 pesos
Clementina Gil Guillen: 286,423.84 pesos
Luis Felipe López Contreras: 286,423.84 pesos
Ulises Sergio Schmill Orodoñez: 286,423.84 pesos
Carlos Sempe Minvielle: 286,423.84 pesos
Las pensiones de los ministros en retiro no solo incluyen la cantidad mensual mencionada, sino que se suman otros pagos por conceptos de compensación, viudez, y ajustes anuales que pueden aumentar significativamente la cantidad total que reciben.
¿Qué son las pensiones doradas?
Las pensiones doradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacen referencia a los pagos excesivos que reciben algunos exministros tras su retiro, los cuales se calculan en base a los últimos salarios que recibieron durante su desempeño en el cargo. Estas pensiones, a menudo vitalicias, pueden llegar a ser muy superiores a lo que reciben otros servidores públicos, incluidas figuras de alto rango como el titular del Ejecutivo, creando una percepción de desigualdad y privilegios injustificados.
Aunque no hay un monto específico, los exministros de la SCJN que se acogen a este tipo de pensión, reciben un monto mensual que puede superar los 300,000, dependiendo de su salario al momento de su retiro. Este tipo de pensión no tiene límite temporal, lo que significa que se mantiene de por vida, independientemente de las circunstancias personales o económicas del beneficiario.
El monto de estas pensiones se calcula de manera proporcional al salario que el ministro recibía mientras estuvo en funciones, lo que significa que aquellos con salarios más altos, como los ministros más cercanos al cargo de presidente, recibirán cantidades mucho mayores. Estas pensiones, sumadas a otros pagos o conceptos adicionales, constituyen lo que se conoce como una "pensión dorada", ya que son consideradas como beneficios excesivos en relación con la función que desempeñaron.
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