México endurece el combate al feminicidio: hasta 70 años de prisión y reparación integral para las víctimas
La presidenta Claudia Sheinbaum firmará este miércoles la iniciativa de la nueva Ley General para Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio
El Gobierno de México presentó este miércoles una nueva Ley General para Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio, iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum firmará y enviará al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta busca establecer un marco jurídico único para la investigación, sanción y reparación del daño en los casos de feminicidio, con penas más severas y mayores garantías para las víctimas y sus familias.
La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer el combate a la violencia feminicida y homologar la actuación de las fiscalías en todo el país.
Penas de hasta 70 años y nuevas agravantes
Uno de los principales cambios que plantea la iniciativa es el incremento en las sanciones para quienes cometan el delito de feminicidio.
La propuesta establece penas de 50 a 70 años de prisión para el delito consumado. En caso de tentativa, la condena podrá ir desde la mitad hasta dos terceras partes de la pena máxima prevista.
Además, incorpora 19 circunstancias agravantes que permitirán aumentar la pena hasta en una mitad cuando la víctima sea una niña, adolescente, mujer adulta mayor, persona embarazada o con discapacidad.
También contempla sanciones más severas cuando la víctima sea una servidora pública, periodista, defensora de derechos humanos o persona migrante, así como en casos donde existan ataques con ácido u otras sustancias inflamables.
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Toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Borjes Beltrán, explicó que la nueva legislación transformará la manera en que las fiscalías investigan estos delitos.
Entre las principales obligaciones figura que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse bajo la hipótesis de feminicidio, aplicando protocolos especializados y perspectiva de género desde el inicio de las indagatorias.
La propuesta también obliga a las autoridades a analizar antecedentes de violencia, incluso cuando no existan denuncias previas, además de actuar con debida diligencia reforzada y evitar la reproducción de estereotipos de género durante las investigaciones.
El objetivo, explicó la funcionaria, es privilegiar el esclarecimiento de los hechos, garantizar el acceso a la verdad y asegurar una reparación integral del daño.
La ley amplía los derechos de las víctimas y sus familias
La subsecretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, señaló que uno de los ejes centrales de la iniciativa consiste en fortalecer los derechos de las víctimas directas e indirectas.
La propuesta garantiza acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y familiares, así como asistencia jurídica gratuita y especializada durante todo el proceso.
Asimismo, contempla atención integral para niñas, niños y adolescentes que queden en situación de orfandad a consecuencia de un feminicidio.
Otro de los puntos incluidos es la obligación de realizar la restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y con acompañamiento institucional, además de ofrecer servicios de traducción e interpretación para asegurar que las víctimas puedan ejercer plenamente sus derechos.
¿Qué sigue para la iniciativa?
Tras la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum, la propuesta será enviada al Congreso de la Unión, donde iniciará el proceso legislativo para su análisis y eventual aprobación.
De avalarse, la Ley General para Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio establecerá un marco nacional para la investigación, sanción y reparación de este delito, con el propósito de homologar criterios entre las fiscalías, fortalecer la protección de las víctimas y endurecer las consecuencias penales para quienes cometan feminicidio en México.
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