Quién es y por qué detuvieron a Alejandro “N”, cuñado de Inés Gómez Mont, en zona exclusiva de Cancún
Alejandro Mario “N” fue detenido a las 21:26 horas del 9 de julio sobre el bulevar Kukulcán por la Policía Federal Ministerial. El abogado es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, cofundó con él un despacho y su nombre ya aparecía en la investigación
La captura de Alejandro Mario “N” ocurrió en uno de los corredores de mayor actividad turística de Cancún. Eran las 21:26 horas del jueves 9 de julio de 2026 cuando elementos de la Policía Federal Ministerial lo detuvieron sobre el bulevar Kukulcán, en el área de Puerto Cancún, municipio de Benito Juárez. Horas después, el caso ya había salido de Quintana Roo rumbo a la justicia federal.
El Registro Nacional de Detenciones (RND) consigna que quedó a disposición de un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. El sistema lo mostraba en traslado hacia esa sede judicial. La parte pública de la ficha expone hora, zona de captura, corporación y autoridad receptora, pero omite el delito que motivó el mandamiento ejecutado en Cancún.
Alejandro es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, y formó parte del mismo entorno empresarial que desde hace años aparece en pesquisas por empresas fantasma, operaciones financieras y desvío de recursos públicos. Una investigación federal difundida desde 2021 incluyó expresamente a Alejandro entre los participantes del esquema revisado por la FGR.
Cómo fue detenido en el bulevar Kukulcán
El operativo se ejecutó en la noche del 9 de julio en Puerto Cancún, dentro del corredor del bulevar Kukulcán. La corporación que realizó la captura fue la Policía Federal Ministerial, brazo operativo de la FGR para el cumplimiento de mandamientos judiciales y diligencias federales. La ficha también describe al detenido como un hombre de aproximadamente 1.80 metros, con barba y cabello rizado entrecano.
Al ser detenido vestía pantalón de mezclilla azul claro, camisa azul de manga corta y mocasines verdes.
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Quién es Alejandro “N” y qué relación tuvo con el despacho de su hermano
Alejandro Mario Álvarez Puga es abogado y hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga. Ambos construyeron juntos Álvarez Puga & Asociados, firma que desarrolló actividades de consultoría jurídica, fiscal y esquemas de subcontratación. El origen del despacho se da en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, antes de su expansión y de las pesquisas fiscales que alcanzaron al grupo.
La indagatoria federal lo incorpora desde septiembre de 2021 en la reconstrucción del presunto circuito financiero que movió recursos provenientes de contratos de la Secretaría de Gobernación.
Años después, la FGR mantuvo abierta la ofensiva judicial contra el entorno de los Álvarez Puga. En octubre de 2025, tras la detención migratoria de Víctor Manuel en Estados Unidos, la Fiscalía confirmó órdenes vigentes contra este por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En ese mismo contexto, la información de autoridades mexicanas mantuvo a Alejandro dentro del grupo investigado por el uso de compañías fantasma para facilitar evasión fiscal, desvío de fondos y lavado de dinero.
El expediente de 2 mil 950 millones que alcanzó a Inés Gómez Mont
El núcleo del caso se remonta a dos contratos por 2 mil 950 millones de pesos adjudicados en agosto y octubre de 2016 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entonces dependiente de la Secretaría de Gobernación. El dinero estaba destinado a sistemas tecnológicos y de interconexión para centros penitenciarios federales.
La empresa principal que recibió los recursos fue Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., clasificada por Hacienda como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS). La revisión fiscal encontró una compañía sin activos, infraestructura ni plantilla compatibles con contratos multimillonarios; además, la pesquisa detectó simulación entre proveedores, entregables repetidos y posibles firmas falsificadas dentro del procedimiento contractual.
Después vino la ruta bancaria. La investigación reconstruyó mil 446 operaciones utilizadas para triangular los recursos entre compañías y cuentas. El expediente ubicó a Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont como beneficiarios finales de una parte del dinero y agregó la participación de Alejandro dentro del entramado revisado.
El caso llevó en 2021 a órdenes de captura contra Víctor Manuel e Inés por delitos que incluyeron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La conductora sostuvo públicamente su inocencia. La investigación continuó mientras la pareja permanecía fuera de México y una ficha roja de Interpol amplió la búsqueda internacional.
Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami y después recuperó la libertad
El antecedente más cercano dentro de la familia ocurrió con Víctor Manuel Álvarez Puga. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detuvieron el 24 de septiembre de 2025 por su situación migratoria y lo mantuvieron bajo custodia en el centro Krome North, en Miami. Su arresto estadounidense no derivó directamente de la causa penal mexicana.
Víctor había ingresado a Estados Unidos en enero de 2021. En julio de ese año viajó a Bahamas y regresó en barco sin pasar por una inspección migratoria, episodio que después formó parte de su expediente en ese país. Cuando ICE lo detuvo, México ya lo buscaba por las causas abiertas en territorio nacional.
La defensa llevó la detención ante tribunales. El 15 de octubre de 2025, una corte ordenó que recibiera una audiencia individual para definir su libertad bajo fianza o fuera liberado; también impidió su traslado fuera del distrito mientras se resolvía el litigio. Para comienzos de diciembre ya no estaba bajo custodia del ICE y, en mayo de 2026, nuevamente se encontraba en libertad en Estados Unidos.
Así, cuando Alejandro Mario “N” fue detenido en Puerto Cancún la noche del 9 de julio, el caso Álvarez Puga ya acumulaba cinco años de órdenes judiciales, búsquedas internacionales, litigios migratorios y una investigación por casi 3 mil millones de pesos.
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