¿Puede perder su fuero político Rubén Rocha Moya? Así funcionaría ante acusaciones por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Paola Monge 29 abril, 2026

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios

 ©Cuartoscuro - Rubén Rocha Moya

Este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y la Agencia Antidrogas (DEA), presentaron cargos contra Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa fue acusado de tener nexos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, no es el único que aparece en el documento emitido, ya que también se mencionan funcionarios de alto rango.

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Desafuero de Rocha Moya

El desafuero debe realizarse mediante un proceso previo que implica una decisión del Congreso, por lo que se deben seguir distintos pasos, como la presentación de una solicitud formal.

Este procedimiento debe ser aprobado para que se pueda proceder penalmente en contra del funcionario.

En caso de que se apruebe, el servidor público:

  • Pierde la protección del fuero.

  • Podría enfrentar un proceso penal, en caso de que este se inicie.

Es importante mencionar que, hasta el momento, no existe un proceso formal iniciado para el desafuero del gobernador de Sinaloa; sin embargo, este podría anunciarse en los próximos días.

Asimismo, es relevante señalar que su nombre no es el único que figura, ya que hay otras personas dentro de la lista de acusados que se encuentran en funciones, por lo que serán las autoridades mexicanas quienes definan su postura.

Cargos por parte de Estados Unidos

El gobernador de Sinaloa fue acusado de tener nexos con el narcotráfico y de diversos delitos, entre ellos:

  • Conspiración para la importación de narcóticos.

  • Posesión de armas.

  • Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Según lo señalado en el documento compartido por las autoridades estadounidenses, el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

En la opinión de Guillermo Ortega:


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