¿Quiénes son los 10 políticos acusados por EE.UU. de nexos con el narco? La lista completa

Alejandra Jiménez 29 abril, 2026

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer los nombres de 10 funcionarios mexicanos involucrados en una red de protección institucional para el Cártel de Sinaloa

 ©Especial - El caso contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios escaló tras conocerse los cargos por narcotráfico, armas y crimen organizado.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer los nombres de 10 funcionarios mexicanos señalados por presuntamente colaborar con el narcotráfico, en una investigación que apunta a una red de protección institucional para el Cártel de Sinaloa.

La acusación presentada por autoridades estadounidenses coloca en el centro de la polémica a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios que, según el expediente, habrían facilitado las operaciones del Cártel de Sinaloa desde distintas posiciones de poder.

El documento judicial sostiene que los implicados operaron en diversos niveles del gobierno estatal y en corporaciones de seguridad, lo que habría permitido consolidar una estructura de apoyo para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La lista completa de funcionarios señalados

Entre los nombres incluidos en la acusación destacan perfiles clave de la política y la seguridad en Sinaloa.

  1. Rubén Rocha Moya (gobernador de Sinaloa)

    • Conspiración para la importación de narcóticos

    • Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

    • Conspiración para poseer dispositivos destructivos

    • Podría enfrentar cadena perpetua (mínimo 40 años)

  2. Enrique Inzunza Cázarez (senador; exsecretario general de Gobierno)

    • Conspiración para importar drogas

    • Delitos relacionados con armas de alto poder

    • Posible cadena perpetua

  1. Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas)

    • Conspiración para narcotráfico internacional

    • Posesión de armamento prohibido

    • Pena de hasta cadena perpetua

  1. Dámaso Castro Saavedra (fiscal general adjunto de Sinaloa)

    • Conspiración para tráfico de drogas

    • Uso de su cargo para facilitar operaciones criminales

  1. Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación)

    • Participación en red de protección al narco

    • Colaboración en operaciones delictivas

  2. Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo” (exjefe policial)

    • Vínculos con el Cártel de Sinaloa

    • Presunta participación en estructura criminal

  3. Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública)

    • Presunto uso del cargo para favorecer al narcotráfico

    • Encubrimiento de actividades ilícitas

  4. José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado” (exsubdirector policial)

    • Colaboración con organización criminal

    • Participación en operaciones de seguridad vinculadas al cártel

  5. Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde de Culiacán)

    • Presunto vínculo con red de protección institucional

    • Facilitación de operaciones del narcotráfico

  1. Juan Valenzuela Millán, “Juanito” (excomandante policial)

    • Conspiración criminal

    • Secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar

 ©Especial

De qué los acusa Estados Unidos

La investigación de la Fiscalía de Nueva York señala que los funcionarios habrían utilizado sus cargos para facilitar el tráfico de narcóticos, proteger operaciones criminales y permitir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

En el caso de Rubén Rocha Moya y otros altos perfiles, los cargos incluyen conspiración para importar drogas, así como delitos relacionados con la posesión de armas de alto poder y artefactos explosivos.

El documento judicial advierte que, de ser hallados culpables, algunos de los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión.

Señalamientos directos: apoyo político al cártel

Uno de los puntos más delicados de la acusación es el señalamiento de que el Cártel de Sinaloa, específicamente la facción conocida como Los Chapitos, habría intervenido para favorecer políticamente a algunos de los implicados.

En el caso del gobernador Rocha, el expediente menciona que el grupo criminal habría contribuido a su llegada al poder mediante actos de intimidación y presión contra rivales, lo que refuerza la hipótesis de una relación estructural entre política y crimen organizado.

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