5 Claves de la nueva embestida de Morena para limitar al Poder Judicial

En un controvertido movimiento, los legisladores Ricardo Monreal y Adán Augusto López han propuesto una reforma constitucional que pretende limitar las facultades del Poder Judicial en la revisión de reformas constitucionales, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos. Esta iniciativa, promovida por Morena, ha generado preocupación debido a sus profundas implicaciones para el sistema de control de constitucionalidad en México.

Restricción del control de convencionalidad (Artículo 1º)

Uno de los cambios más significativos es la exclusión del control de convencionalidad, lo que impediría a los jueces inaplicar normas constitucionales que contradigan tratados internacionales. En la reforma de derechos humanos de 2011, se estableció que los tratados internacionales firmados por México deben tener prioridad en casos de conflicto con la Constitución, protegiendo así los derechos humanos. Sin embargo, con esta nueva propuesta, los jueces perderían la facultad de interpretar y aplicar las leyes en favor de las personas cuando existan conflictos con la Constitución, afectando gravemente los derechos de los ciudadanos.

Reformas sin revisión judicial (Artículo 103)

Otro punto central es la modificación del artículo 103, que propone que las reformas constitucionales no puedan ser sometidas a juicio o recurso judicial alguno. Esto significa que, incluso si el proceso legislativo es irregular o vulnera derechos, no habría forma de impugnar dichas reformas. En otras palabras, cualquier cambio a la Constitución quedaría blindado contra cualquier revisión judicial, dejando sin protección a la ciudadanía ante posibles abusos legislativos.

Improcedencia de controversias y acciones de inconstitucionalidad (Artículo 105)

El artículo 105 busca cerrar la posibilidad de impugnar reformas constitucionales mediante controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, limitando el papel del Poder Judicial como contrapeso del legislativo. Este cambio afectaría directamente a los partidos políticos, órganos autónomos y gobiernos estatales, que perderían la capacidad de cuestionar reformas que podrían vulnerar los derechos humanos. Este debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y su papel en la protección de los derechos fundamentales.

Limitación del juicio de amparo (Artículo 107)

La reforma también propone restringir el juicio de amparo, al establecer que este recurso no podrá proceder contra reformas constitucionales ni contra el proceso legislativo que las produce. Dado que el juicio de amparo es una de las herramientas más importantes para la defensa de los derechos humanos en México, su limitación dejaría a los ciudadanos sin una vía efectiva para cuestionar reformas que podrían ser perjudiciales para sus derechos.

Impacto retroactivo (Cuarto Transitorio)

Finalmente, el cuarto transitorio de esta iniciativa establece que cualquier juicio en curso relacionado con la constitucionalidad de reformas previas quedaría automáticamente sobreseído. Esta disposición implicaría la aplicación retroactiva de la reforma, algo que contraviene los principios fundamentales del derecho constitucional mexicano y podría cerrar la puerta a la revisión de posibles abusos legislativos pasados.

¿Qué dicen los expertos?

Minutos después de la propuesta, el periodista Arturo Ángel compartió un breve análisis de expertos sobre sus implicaciones.

"Esa propuesta no solo elimina el principio pro persona, sino que también saca a México del sistema interamericano y universal de Derechos Humanos", escribió Ángel en su cuenta de X, sin mencionar al letrado que compartió su opinión.

A decir de los críticos, la propuesta de Morena para modificar la Constitución y limitar el control judicial sobre reformas constitucionales plantea un serio retroceso en la protección de los derechos humanos en México. Al debilitar el sistema de pesos y contrapesos y restringir el acceso a mecanismos judiciales de defensa, se corre el riesgo de consolidar un poder legislativo sin contrapesos efectivos, poniendo en peligro los principios democráticos y la garantía de derechos que ha caracterizado a la Constitución mexicana en las últimas décadas