Sin sueldo y con debate por el fuero, qué cambia para Rubén Rocha Moya tras pedir licencia
Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La separación implica dejar funciones y sueldo, pero abrió un debate sobre si conserva o no inmunidad procesal
La licencia de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa no solo lo separa temporalmente del poder estatal. También lo deja fuera de sus funciones ejecutivas y sin percepción salarial mientras dura su ausencia, en medio de una investigación detonada por acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, cargos que él ha negado.
El Congreso de Sinaloa aprobó la licencia por más de 30 días el sábado 2 de mayo de 2026 y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Con ello, Rocha ya no toma decisiones como mandatario en funciones, no encabeza el gabinete ni administra el gobierno estatal durante el periodo autorizado por el Legislativo.
El punto más delicado está en el fuero
El debate legal se abrió porque hay dos lecturas. Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, sostuvo que la inmunidad procesal protege la función y no a la persona; bajo esa interpretación, al pedir licencia Rocha Moya podría ser investigado, detenido o procesado como cualquier ciudadano.
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Sin embargo, otros análisis jurídicos advierten que la licencia no elimina automáticamente el fuero, porque la inmunidad estaría ligada a la titularidad del cargo y no solo al ejercicio diario de funciones. Con esa lectura, en la que se plantea que para retirarlo formalmente se requeriría un procedimiento distinto, como el desafuero.
Qué cambia en la práctica
La licencia permite que Rocha Moya no esté al frente del gobierno mientras la Fiscalía mexicana revisa la información enviada por Estados Unidos. La FGR indicó que no cuenta con elementos suficientes para una detención inmediata y que pedirá más pruebas a las autoridades estadounidenses.
En términos políticos, la separación reduce el costo institucional para el gobierno de Sinaloa, pero no cierra el caso. Rocha queda sin mando directo, sin sueldo como gobernador en funciones y bajo una presión legal que dependerá de las pruebas que entregue Estados Unidos y de la interpretación que adopten las autoridades mexicanas sobre su inmunidad.
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