Destituyen al presidente de Corea del Sur; habrá elecciones en 60 días
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó por unanimidad la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, por declarar ley marcial e intervenir el Parlamento con el Ejército
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur destituyó este viernes, de forma definitiva e irrevocable, al presidente Yoon Suk-yeol, al concluir que violó la Constitución al declarar la ley marcial y desplegar al Ejército para impedir funciones legislativas.
La decisión, adoptada por unanimidad de los ocho magistrados del máximo tribunal, implica que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de máximo 60 días.
"La situación política no justificaba la intervención militar ni el ejercicio de poderes de emergencia", expresó el presidente interino del Tribunal, Moon Hyung-bae, durante la lectura del fallo.
Violación constitucional y uso político del Ejército
El tribunal concluyó que el presidente infringió gravemente la Constitución al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre y enviar al Ejército al Parlamento para impedir que se debatiera la revocación de su decreto.
"El presidente violó derechos fundamentales de los legisladores, como su inmunidad y capacidad de deliberar y votar. Usó a las fuerzas armadas con fines políticos", subrayó Moon Hyung-bae.
La destitución ocurre tras más de 100 días de suspensión provisional, desde que la Asamblea Nacional aprobó una moción de destitución. Encuestas recientes mostraban más del 60 % de respaldo ciudadano al proceso judicial.
El partido opositor celebró el fallo como una “victoria del pueblo”, mientras que el partido gobernante dijo que “acepta humildemente” el veredicto constitucional.
Transición y elecciones en puerta
El presidente interino Han Duck-soo aseguró que trabajará para garantizar una transición de poder sin contratiempos y evitar vacíos en seguridad nacional, relaciones exteriores y política económica, mientras se prepara la jornada electoral.
Las elecciones deberán realizarse a más tardar en 60 días, según el mandato constitucional.
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