Muere migrante mexicano bajo custodia de ICE en Georgia; organizaciones denuncian condiciones inhumanas
Muere migrante mexicano en custodia de ICE en Georgia; organizaciones denuncian abusos y falta de transparencia en centros de detención en EE. UU.

Un inmigrante mexicano de 45 años, identificado como Jesús Molina Veya, murió aparentemente por suicidio mientras se encontraba detenido en el Centro de Detención de Stewart, en Lumpkin, Georgia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) confirmó que Molina fue hallado inconsciente con una ligadura alrededor del cuello y fue trasladado al Hospital Phoebe Sumter de Americus, donde fue declarado muerto el 7 de junio.
Este caso representa la segunda muerte de un migrante bajo custodia de ICE en Georgia en lo que va del año y la octava en todo Estados Unidos, según cifras oficiales. A principios de mayo, otro mexicano, Abelardo Avelleneda Delgado, de 68 años, falleció mientras era trasladado desde una cárcel del condado de Lowndes al mismo centro de detención, el cual es operado por la empresa privada CoreCivic, acusada por organizaciones civiles de negligencia médica y abusos sistemáticos.
ICE bajo escrutinio por condiciones carcelarias
ICE ha negado reiteradamente las denuncias de abuso. En un comunicado reciente, la agencia aseguró que mantiene su compromiso de garantizar condiciones seguras, protegidas y humanas para todos los detenidos. “En ningún momento durante la detención se niega la atención de emergencia a un extranjero indocumentado detenido”, subrayó la institución.
La agencia también reveló que Molina había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en múltiples ocasiones y enfrentaba una serie de cargos penales, entre ellos agresión simple, DUI, posesión de drogas, abuso sexual infantil y atropello y fuga. Su arresto más reciente fue el 28 de febrero de 2025 por violación de libertad condicional, lo que derivó en una condena el 3 de abril.
Paralelamente, ICE enfrenta nuevas críticas por un acuerdo en discusión con las cárceles del condado de Miami-Dade, Florida, que permitiría al organismo detener migrantes por 48 horas adicionales a cambio de un pago de 50 dólares por persona. Este convenio otorgaría también acceso directo a los detenidos y la posibilidad de restringir la difusión de información sobre su paradero.
Abogados y organizaciones de derechos civiles, como el Community Justice Project y la Florida Immigrant Coalition (FLIC), advirtieron que el acuerdo profundizaría la falta de transparencia. “Básicamente sistematizaría una cultura de antitransparencia”, afirmó Thomas Kennedy, consultor de FLIC. La votación sobre la medida fue aplazada para el 26 de junio.
Mientras tanto, defensores de migrantes llaman la atención sobre el incremento de muertes en custodia y la falta de supervisión en centros operados por empresas privadas como CoreCivic. La línea de emergencia 988 está disponible en EE. UU. para personas en riesgo de suicidio o crisis de salud mental.
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