Trump exige detener a funcionarios ligados al narco: ¿México puede negarse a extraditar a un político solicitado por EE.UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa enviando un mensaje contundente al gobierno de México: “Deben detener a los servidores públicos ligados a grupos criminales”. Y es que funcionarios estadounidenses han reconocido el trabajo de las autoridades mexicanas, pero han señalado que, a pesar de los resultados y esfuerzos, no es suficiente.

Trump presentó la determinación presidencial en la que reconoció el trabajo de su homóloga, Claudia Sheinbaum, pero dejó algo claro: el trabajo en temas de narcotráfico también incluye exponer, arrestar y enjuiciar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles.

El anuncio llega 145 días después de que EE. UU. diera a conocer cargos contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Pero la pregunta llega en el momento oportuno y ante las constantes exigencias: ¿México puede negarse a extraditar a un político solicitado por EE. UU.?

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Lo que mantiene a los políticos señalados en México

A pesar de los acuerdos de cooperación bilateral, el Gobierno de México sí cuenta con facultades para rechazar la extradición de ciudadanos mexicanos. Esta decisión está respaldada por el Tratado de Extradición entre México y EE. UU, pero ¿qué establece el documento?

De acuerdo con el artículo 9 del Tratado de Extradición entre México y EE. UU., ninguna de las partes estará obligada a entregar a sus propios nacionales; es decir, sí pueden hacerlo, pero no tienen la obligación. Cabe mencionar que, para llevar a cabo el procedimiento, se requieren ciertos documentos:

• Descripción del delito

• Relato de los hechos

• Leyes aplicables

• Castigos previstos

• Orden de aprehensión

• Evidencia para justificar la captura y el juicio

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¿Y qué pasa con las pruebas?

La extradición será concedida solamente si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes del país requerido (en este caso, México), según el artículo 3 del acuerdo bilateral.

Es importante mencionar que México tiene derecho a pedir más pruebas. Además, se establece que cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea castigado con la pena de muerte conforme a las leyes de la Parte requirente y las leyes de la Parte requerida no permitan tal pena para ese delito.

Este último caso no aplica según los cargos y penas presentados por Estados Unidos.

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Fuero constitucional

Por otro lado, en el caso de los servidores públicos en funciones, se requiere primero un proceso de desafuero; es decir, se debe declarar si se puede proceder o no para que el sujeto quede a disposición de las autoridades.

Es importante mencionar que, si se negara la extradición y el requerido fuera mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el acuerdo respectivo al detenido y al fiscal general de la República.

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Lo que sigue para los señalados

Hasta el momento, las investigaciones en torno a las personas señaladas continúan, por lo que serán las autoridades quienes determinen qué sucederá con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los otros hombres que continúan en libertad.

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