Van 17 mexicanos muertos y 20 denuncias: ¿qué puede hacer México contra el ICE?

La muerte de 17 mexicanos durante operativos migratorios o mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha llevado al Gobierno de México a pasar de las protestas diplomáticas a una estrategia jurídica. Hasta ahora se han presentado 20 denuncias ante autoridades estadounidenses para intentar esclarecer los casos y determinar posibles responsabilidades.

El tema volvió a cobrar fuerza esta semana después de que el canciller Roberto Velasco informara sobre el avance de esas acciones. De las 20 denuncias presentadas, solamente cuatro han recibido respuesta, mientras que las otras 16 permanecen a la espera de que las autoridades correspondientes informen qué ocurrirá con ellas.

Las cifras permiten dimensionar el problema, de los 17 mexicanos fallecidos vinculados con acciones del ICE, 14 murieron mientras estaban bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios. Los casos se encuentran distribuidos en distintos puntos de Estados Unidos y no corresponden a una sola instalación o autoridad local.

Ante este escenario surge una pregunta que va más allá de las denuncias hasta dónde puede llegar México para exigir responsabilidades por lo que ocurre dentro de Estados Unidos Aunque el Gobierno mexicano no tiene jurisdicción para investigar o procesar directamente a agentes estadounidenses, sí dispone de herramientas legales, diplomáticas y consulares para presionar por investigaciones y acompañar a las familias.

México lleva los casos ante autoridades de Estados Unidos

Una de las principales herramientas está precisamente en el sistema judicial estadounidense. El 13 de julio, el entonces embajador Roberto Lazzeri presentó las 20 denuncias, ocho fueron dirigidas a fiscalías estatales y 12 a fiscalías de condado de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

La Embajada remitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos, mediante el Departamento de Estado, una denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar formalmente que se abran investigaciones sobre los fallecimientos y se informe a las autoridades mexicanas sobre su desarrollo.

Esto resulta importante porque México no puede ordenar detenciones, procesar funcionarios estadounidenses ni realizar investigaciones penales por cuenta propia en territorio de Estados Unidos. Lo que sí puede hacer es presentar denuncias ante las autoridades que tienen jurisdicción, aportar información, exigir respuestas y utilizar sus representaciones diplomáticas para dar seguimiento a cada expediente.

La estrategia también incluye solicitar documentos sobre las circunstancias de las muertes. En casos anteriores, los consulados mexicanos han pedido reportes oficiales y documentación a los centros donde permanecían detenidos los connacionales, además de activar protocolos de asistencia y acompañamiento para sus familiares.

De las denuncias a la presión internacional

Las acciones no terminan en los tribunales estadounidenses. México también ha llevado el asunto ante organismos internacionales. El caso fue comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras el Gobierno ha planteado la posibilidad de recurrir a otras instancias internacionales ante presuntas violaciones de derechos humanos.

El margen de acción mexicano, sin embargo, tiene límites. Una denuncia presentada por México no obliga automáticamente a una fiscalía estadounidense a formular cargos. Corresponde a las autoridades de ese país determinar si existen elementos para iniciar investigaciones penales, establecer responsabilidades y eventualmente llevar un caso ante los tribunales.

Precisamente ahí se encuentra uno de los principales obstáculos. Hasta el reporte presentado esta semana, 16 de las 20 denuncias seguían sin respuesta, mientras únicamente cuatro habían recibido algún tipo de contestación de las autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que su Gobierno utilizará los recursos disponibles para buscar justicia y ha insistido en que México no puede permanecer omiso ante las muertes de sus ciudadanos durante acciones migratorias o dentro de centros de detención. La SRE, por su parte, sostiene que busca determinar si existieron responsabilidades penales en cada uno de los casos.

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