Aranceles del 50% al aluminio y acero son “inentendibles” y podrían impugnarse: Jorge Molina Larrondo
El académico explicó que es la primera vez que se aumenta un gravámen en pocos días
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, de imponer un arancel del 50% al aluminio y al acero, ha generado fuertes críticas por su falta de sustento técnico y su posible impacto comercial. Para Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio internacional, la medida “es inentendible” y representa un claro sesgo a favor de los accionistas de las acereras estadounidenses.
En entrevista para El Financiero, Molina explicó que desde la activación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial —que permite al presidente estadounidense imponer aranceles por razones de seguridad nacional—, se han emitido 41 medidas, pero nunca con una frecuencia tan acelerada.
“No se puede entender que, a menos de 90 días de impuesto un gravamen, se aplique otro arancel al mismo producto. Esto es completamente impugnable, pues no hay déficit ni amenaza justificada que lo sustente”, señaló.
Impacto en México y la industria global
El consultor advirtió que México figura entre los países más afectados por esta política, pese a que las importaciones de aluminio hacia EE. UU. han ido disminuyendo. Agregó que los aranceles podrían tener consecuencias graves para múltiples industrias, debido al papel fundamental que juegan el acero y el aluminio como insumos clave.
“Estos materiales se usan en un sinfín de industrias, y no se les puede dejar bajo cargas arancelarias tan elevadas, especialmente cuando la dependencia del exterior ni siquiera llega al 5%”, advirtió.
Motivos políticos detrás de la medida
Molina sugirió que el objetivo real de la administración estadounidense sería aumentar artificialmente la rentabilidad de la industria nacional, buscando que opere a una capacidad del 87%, cuando actualmente se encuentra en apenas 78.2%, según datos de mayo.
“La política comercial está siendo usada para beneficiar a ciertos grupos económicos, más que para proteger sectores estratégicos. Eso debilita el espíritu del libre comercio”, comentó.
Se puede impugnar ante la OMC
El especialista aseguró que esta medida puede y debe ser impugnada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), debido a su falta de fundamentos técnicos y a que no responde a una amenaza real ni a un déficit comercial.
“Hay un claro margen para llevar esta acción a la OMC. El daño para países exportadores como México podría ser considerable, y se deben usar todos los mecanismos multilaterales para defenderse”, concluyó.
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