“Carecemos de Estado de Derecho y tarde o temprano se fincará responsabilidad”: José de Jesús Orozco

En entrevista con Guillermo Ortega para El Financiero, José de Jesús Orozco, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó su grave preocupación respecto a loque ocurre en torno al Poder Judicial, derivado de la reforma constitucional que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular.

Orozco señaló que esta reforma podría violar varios derechos humanos y comprometer la independencia judicial de los jueces, quienes serán removidos de sus cargos antes de lo estipulado. 

"Esto va en contra de lo previsto en tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales México es parte, y podría acarrear responsabilidad jurídica", advirtió.

Un proyecto viable

El investigador también hizo referencia al proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, que busca anular ciertos artículos de esta reforma. "Es fundamental que las personas puedan solicitar amparos ante reformas que violen sus derechos", añadió, subrayando la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de garantizar el cumplimiento de la Constitución.

Destacó que si la Corte determina la inconstitucionalidad parcial de la reforma y las autoridades desacatan lo ordenado, se incurriría no solo en una falta grave, sino en delitos que pondrían en riesgo el Estado de Derecho en el país. "Desacatar implica que ya no nos rige el derecho y estamos en caos", advirtió.

Posibles consecuencias

Hizo un llamado a la prudencia, instando a la presidenta Claudia Sheinbaum a encontrar una solución que respete los derechos humanos. En cuanto a la elección de jueces y magistrados, enfatizó que, sin garantías de capacidad y mérito, los nombramientos podrían volverse meramente políticos, lo que sería "violatorio de derechos humanos y sumamente reprochable".

Orozco anticipó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría eventualmente declarar la responsabilidad del Estado mexicano y condenarlo a reparaciones que incluirían el reintegro de jueces a sus puestos y compensaciones económicas, lo que sería costoso en un país con recursos limitados. 

"Lo económico no es lo más grave, pues además se vulneran derechos humanos y no se resuelven los problemas en el sistema de justicia", concluyó.

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