Nancy Juárez Salas: “El estado de derecho está en crisis”, tras desacato presidencial
"Estamos ante una crisis constitucional, donde el desacato a las leyes se hace evidente. Esto rompe el estado de derecho y genera una anarquía jurídica," destacó Juárez Salas
La jueza Nancy Juárez Salas, titular del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, expresó su preocupación ante el revuelo causado por una resolución de amparo emitida por su juzgado, que ha sido desafiada públicamente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. En entrevista con Guillermo Ortega, en el programa Informativo NTR, Juárez Salas aseguró que las declaraciones presidenciales han provocado una crisis constitucional sin precedentes en el país.
Juárez Salas señaló que, aunque la presidenta aún no ha sido formalmente notificada de la resolución, sus declaraciones anticipadas de desacato envían un mensaje preocupante tanto a nivel nacional como internacional.
"Estoy sorprendida por el revuelo que ha causado este juicio de amparo, porque no debería ser así. Lo normal es que las autoridades cumplan. Lo preocupante es que la presidenta haya adelantado que no va a cumplir con la resolución, aun cuando no está notificada de manera formal," afirmó la jueza.
Juárez Salas advirtió que esta actitud no solo desafía el estado de derecho, sino que sienta un peligroso precedente de anarquía jurídica en México. "Estamos hablando de inseguridad jurídica en el país, cuando una presidenta anticipa que no va a cumplir una resolución judicial. Es un mensaje muy fuerte que lanza a todos los sectores, incluso al extranjero," explicó.
Crisis constitucional y desafío al poder judicial
La jueza también se refirió a las implicaciones de este conflicto en el marco de la división de poderes, señalando que la negativa de la presidenta a acatar la resolución judicial pone en riesgo la estabilidad constitucional de México.
"Estamos ante una crisis constitucional, donde el desacato a las leyes se hace evidente. Esto rompe el estado de derecho y genera una anarquía jurídica," destacó Juárez Salas.
Ante las declaraciones de la presidenta, quien afirmó que la jueza no tiene facultades para intervenir en una reforma judicial, Juárez Salas fue categórica al aclarar que su función y atribuciones están respaldadas por la Constitución mexicana.
"El artículo 103 y 113 de la Constitución establecen claramente que es facultad exclusiva del Poder Judicial intervenir cuando se violan derechos humanos, como es el caso de la independencia judicial y la división de poderes. Los jueces somos los expertos en derecho, y claro que tenemos facultad para intervenir en estos asuntos," sentenció.
La jueza también subrayó que el artículo 147 de la Ley de Amparo otorga a los jueces la capacidad de suspender cualquier acto de autoridad, destacando que esta es una herramienta fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos.
"La suspensión tiene el efecto de paralizar cualquier acto de autoridad. Esto refuerza que los jueces sí tenemos facultades en estos casos. Además, el artículo 1º constitucional nos faculta para inaplicar normas que sean contrarias a los derechos humanos, lo que demuestra que nuestro papel es crucial en la protección de estos derechos," explicó Juárez Salas.
Aunque la presidenta aún no ha sido notificada formalmente sobre la resolución, la jueza Juárez Salas indicó que el proceso sigue su curso, y será fundamental que las autoridades respeten las vías legales para manifestar sus inconformidades.
"Aún no tengo noticia de que la presidenta haya sido notificada formalmente. Estamos esperando recibir el exhorto, pero hasta entonces, no se puede afirmar que esté notificada de manera legal," puntualizó.
Finalmente, Juárez Salas insistió en la importancia de que las autoridades sigan los cauces legales para resolver sus diferencias, advirtiendo que cualquier otro enfoque podría agravar la situación.
"No sé de qué otra manera podría resarcirse esta situación más que cumpliendo con la resolución judicial. Si no lo hacemos, ya estamos muy preocupados por lo que viene," concluyó la jueza.
Este conflicto podría marcar un hito en la historia constitucional de México, al plantear preguntas cruciales sobre el respeto a las decisiones judiciales y la estabilidad del estado de derecho en el país.
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