Pensiones “doradas” en México: el debate legal que podría cambiar lo que reciben miles de jubilados

La discusión sobre las llamadas pensiones “doradas” volvió al centro del debate público en México. Lo que para algunos representa un acto de justicia social, reducir pensiones millonarias en un país con desigualdad, para otros abre un conflicto legal de fondo: ¿puede el Estado cambiar, de un día para otro, lo que ya prometió pagar?

En entrevista con la periodista Sofía Villalobos, en Con Ortega a las 10, el especialista en derecho laboral y director general de la firma Bufete de Buen, Carlos De Buen Unna, planteó una postura clara: el problema no es solo social, sino profundamente jurídico.

¿Por qué se consideran injustas… y por qué podrían ser ilegales?

Según el experto, resulta difícil justificar que una persona reciba una pensión de hasta un millón de pesos en un país donde muchos no alcanzan el salario mínimo. Pero el punto central no es ese.

El problema, explica, es que esas pensiones no surgieron por casualidad. Son el resultado de décadas de trabajo bajo reglas establecidas por el propio Estado.

Trabajadores de instituciones como:

• Comisión Federal de Electricidad (CFE)

• Petróleos Mexicanos (Pemex)

• Luz y Fuerza del Centro

cumplieron condiciones durante 30 o 35 años, ascendieron en sus carreras y, al final, obtuvieron una pensión basada en esos acuerdos. Era un compromiso legal.

Hoy, la propuesta plantea reducir esos montos, lo que implicaría, según el especialista, modificar derechos ya adquiridos.

"Hubo ciertas reglas para alcanzar esa pensión, ese monto de esa pensión y el Estado de la noche a la mañana te dice, 'Ya no voy a cumplir con mi parte, y voy a aplicar esta ley con efectos retroactivos a pesar pesar de que el artículo 14 de la Constitución nos dice que las leyes no pueden ser retroactivas, pero como está en la Constitución puedo hacer lo que se me pegue la gana'".

El punto más delicado: la retroactividad

Uno de los temas más polémicos es que la medida podría aplicarse a personas que ya están pensionadas. Es decir, a quienes ya reciben ese ingreso. Y aquí aparece el conflicto constitucional.

El artículo 14 establece que las leyes no deben aplicarse de forma retroactiva, especialmente si afectan derechos adquiridos.

Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, el margen de defensa se reduce considerablemente.

“Me parece muy cruel ese ese tema, porque si tú me ofreces que yo vaya cumpliendo ciertas condiciones a lo largo del tiempo y al final voy a tener eso, una pensión, y me dices un día antes que siempre no y tú no tenías un derecho, tenías una expectativa de derecho. Eso es, cruel", advierte el especialista.

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Impacto real: de la teoría a la vida cotidiana

Más allá del debate legal, la medida tendría consecuencias directas en la vida de miles de personas. Muchos jubilados organizaron su vida financiera con base en esos ingresos:

• Créditos hipotecarios

• Pagos de colegiaturas

• Seguros médicos

• Gastos familiares

Reducir su pensión podría dejarlos sin capacidad de cumplir esos compromisos.

“Podrían perder la casa, porque simplemente no van a poder pagar lo que tienen que pagar en su compromiso con el banco”, señala.

El nuevo límite: la mitad del salario presidencial

Otro punto controversial es el parámetro propuesto. La iniciativa plantea que las pensiones no superen la mitad del salario de la presidenta. Pero aquí surge otra duda:

¿Cuál salario?

• ¿El base?

• ¿El total con prestaciones?

La diferencia podría ser significativa: entre 70 mil y hasta 140 mil pesos mensuales. Además, este criterio depende de una decisión política, no de un indicador técnico. “El parámetro es arbitrario y puede cambiar cada sexenio”, advierte De Buen.

Excepciones que generan más polémica

La propuesta no aplicaría para todos. Existen excepciones, como:

• Militares

• Algunos trabajadores sindicalizados

Esto abre un nuevo frente: el de la desigualdad en la aplicación de la ley. “Hay un tema de discriminación. ¿Por qué a los militares no?”, señala el especialista.

¿Se puede impugnar la medida?

El camino legal no es sencillo. En México, el amparo no procede contra reformas constitucionales.

Sin embargo, los afectados podrían intentar distintas estrategias jurídicas para eventualmente llegar a instancias internacionales, como:

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos

El proceso sería largo, pero no imposible. Eso sí: primero deben agotarse todos los recursos nacionales.

El fondo del problema: la certeza jurídica

Para el especialista, el mayor riesgo no está solo en las pensiones. Está en el precedente. Si el Estado puede modificar derechos ya adquiridos, se rompe la certeza jurídica.

Y eso impacta más allá de los jubilados:

• Inversiones

• Empleo

• Confianza en las instituciones

“Si desde el poder ejecutivo, que ya tiene controlado al legislativo y al judicial, pueden hacer lo que quieran. Entonces, eso es precisamente lo que llamamos una pérdida total del estado de derecho o un estado inviable”, critica.

Un debate que apenas comienza

La discusión sobre las pensiones “doradas” no solo enfrenta dos visiones: justicia social vs. legalidad. También abre preguntas más profundas sobre el funcionamiento del Estado de derecho en México. Mientras se define el alcance de la reforma, miles de trabajadores y jubilados permanecen atentos.

Porque lo que está en juego no es solo el monto de una pensión. Es la certeza de que lo que se prometió… se tiene que cumplir.

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