¿Por qué acusan retrocesos en transparencia tras la desaparición del INAI? Adrián Alcalá explica

Adrián Alcalá, excomisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), alertó que a casi un año y cinco meses de la desaparición del organismo, el nuevo modelo de transparencia enfrenta retos relacionados con la autonomía, la reserva de información y la garantía del derecho de acceso a la información.

En entrevista con Alberto García Sarubbi, Alcalá señaló que el cambio implicó pasar de un organismo garante nacional con autonomía técnica, operativa y de gestión a un esquema en el que distintas autoridades tienen responsabilidades en materia de transparencia.

“Se transformó de contar con un organismo garante nacional en materia de acceso a la información, con imparcialidad técnica, operativa y de gestión, para pasar a un modelo diseminado, un modelo en donde se atomizó prácticamente y cada autoridad ahora se autorregula y se convierte en juez y parte”, explicó.

El exfuncionario indicó que no todas las entidades federativas han adoptado completamente el nuevo esquema y consideró que esto podría estar relacionado con la importancia que tienen los órganos garantes imparciales para proteger el derecho de las personas a solicitar información pública.

Alcalá señala disminución en recursos de revisión

Al hablar sobre el funcionamiento del nuevo modelo a nivel federal, Alcalá aseguró que se han utilizado con mayor frecuencia las causales de reserva de información.

Indicó que los recursos de revisión recibidos a través de la plataforma de transparencia son menores a los que se registraban cuando operaba el INAI.

“Los recursos de revisión ante Transparencia para el Pueblo son menos de la mitad que los que se recibían cuando el INAI operaba”, afirmó.

De acuerdo con los datos mencionados por el excomisionado, entre enero y junio de este año se recibieron alrededor de 5 mil medios de impugnación, de los cuales menos de la mitad han sido resueltos y únicamente 13 por ciento se han determinado a favor del ciudadano.

Alcalá consideró que esta situación representa una disminución en la garantía del derecho de acceso a la información y señaló que aún no se conocen los criterios utilizados para resolver los casos debido a que no existen sesiones públicas ni publicación de las resoluciones.

Pide conocer criterios sobre reservas de información

El excomisionado presidente del INAI señaló que uno de los puntos pendientes es conocer cómo se están tomando las decisiones sobre la información reservada.

Explicó que en algunos casos se han argumentado tanto la inexistencia de información como la reserva de la misma, lo que, dijo, genera dudas sobre los criterios aplicados.

“Es un área de oportunidad que se pueda consolidar en breve este nuevo modelo y que los demás poderes y autoridades garantes se consoliden y emitan criterios para que la gente conozca cómo está resolviendo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó.

Transparencia en contratos de Pemex y CFE

Alcalá también reconoció algunos cambios recientes en materia de transparencia operativa, particularmente la apertura de información relacionada con filiales y subsidiarias de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señaló que esta medida puede representar un avance si la información finalmente es publicada y permite dar seguimiento al uso de recursos públicos.

“Son aspectos que, al menos en la legislación, están plasmados, se deben de reconocer, pero también nos da un instrumento y un control social”, expresó.

Información sobre funcionarios y asuntos de interés público

Sobre la reserva de información relacionada con investigaciones de funcionarios públicos, Alcalá explicó que, aunque las investigaciones en curso pueden tener información protegida, existen casos donde debe analizarse el interés público.

Se refirió a indagatorias relacionadas con gobernadores, al señalar que cuando se trata de personajes de relevancia pública existe una razón para conocer ciertos aspectos de los procesos.

“No necesariamente toda la información que pudiera comprometer el desarrollo de la investigación, pero sí aspectos relacionados con la propia averiguación, si existe o no existe la indagatoria”, indicó.

Advierte riesgos en lineamientos sobre libertad de expresión

Respecto a los lineamientos relacionados con la defensa de las audiencias, Alcalá consideró que cualquier medida que limite el derecho a recibir y difundir información debe analizarse bajo el marco constitucional.

Afirmó que la libertad de expresión y el derecho a recibir información están protegidos por el artículo primero de la Constitución y tratados internacionales.

“Me parece muy riesgoso que se pretenda limitar el derecho, es un contrasentido al artículo primero constitucional”, señaló.

El excomisionado llamó a mantenerse atentos a la discusión de estos lineamientos y pidió evitar restricciones que, desde su perspectiva, puedan afectar la libertad de las personas para decidir qué información consumen.

Alcalá concluyó que el acceso a la información requiere mecanismos que permitan revisar las decisiones del gobierno y evitar que una misma autoridad sea responsable de entregar información y decidir sobre sus límites.

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