Prisión preventiva oficiosa, retroceso en derechos humanos: Morales Lechuga
El exprocurador hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto de las reformas judiciales impulsadas por el actual gobierno
En entrevista con Guillermo Ortega Ruiz para Informativo NTR, el exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, expresó su preocupación sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, calificándola como un retroceso en materia de derechos humanos al anular el principio de presunción de inocencia.
Morales Lechuga señaló que en México se ha impuesto un falso debate sobre este tema, asegurando que no se trata de liberar a delincuentes o asesinos, sino de permitir que los jueces puedan llevar los procesos de manera justa.
“Cuando se priva de la libertad a un empresario acusado de evasión fiscal, se pone en riesgo la funcionalidad de sus empresas, lo que puede generar desempleo. La mejor fórmula es que enfrenten su proceso en libertad, resarciendo el daño, es decir, pagando al fisco y las multas que correspondan”.
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Prisión preventiva y los riesgos para la justicia
El exprocurador también destacó los riesgos de mantener esta medida sin un análisis más profundo. Según Morales Lechuga, la prisión preventiva oficiosa puede fomentar abusos y corrupción en los procesos judiciales y ministeriales, además de llevar a prisión a personas inocentes.
En este sentido, cuestionó la justificación para mantener encarcelados a narcomenudistas bajo esta figura, calificándolo como una posible señal de alianzas indebidas que no benefician a la sociedad.
“Este tipo de medidas no solo representan un abuso, sino que fomentan la corrupción en los procesos judiciales. La justicia no debe ser de popularidad, sino de inteligencia y capacidad”.
Morales Lechuga fue contundente al abordar la situación actual del estado de derecho en México, asegurando que está en agonía y que, de no revertirse, la sociedad podría enfrentarse a un escenario donde prevalezca la ley de la selva.
“Será una suerte encontrar jueces dignos de ese título. El objetivo de la 4T es la demolición de las instituciones”.
El exprocurador hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto de las reformas judiciales impulsadas por el actual gobierno, advirtiendo que estas pueden debilitar aún más las instituciones encargadas de impartir justicia.
