Reforma electoral: lo bueno, lo malo y el riesgo que advierte Luis Carlos Ugalde

La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum ya está en el Congreso y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el rumbo de la democracia mexicana. En entrevista con Guillermo Ortega, el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral y actual director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, ofreció un análisis que resumió en tres ejes: lo bueno, lo malo y lo incierto.

Desde la Universidad de Harvard, donde se desempeña como investigador visitante, Ugalde sostuvo que la iniciativa es “menos tóxica” de lo que se anticipaba hace semanas, pero la calificó, en el balance general, como negativa, irrelevante y una oportunidad perdida para fortalecer la democracia.

“Menos tóxica”, pero sin visión estratégica

Para Ugalde, el primer punto positivo es que la propuesta final fue “descafeinada”. Señaló que la versión inicial contemplaba medidas que consideraba más dañinas, como adelantar la consulta de revocación de mandato a 2027 y reducir el número de diputados plurinominales. Esos elementos, dijo, no aparecen en los términos originalmente planteados.

Sin embargo, aclaró que el hecho de que sea menos agresiva no la convierte en una buena reforma. A su juicio, no hay una visión estratégica de largo plazo ni transformaciones que fortalezcan el sistema democrático.

"No obstante, me parece que es una propuesta que en el balance es negativa", recalcó.

Eliminación de 32 senadores plurinominales: ¿menos representación?

Uno de los cambios centrales es la desaparición de 32 senadores de representación proporcional. Para el expresidente del IFE, esto implicará un Senado menos representativo de la pluralidad política del país.

Reconoció que el gobierno argumenta que el Senado es, ante todo, una cámara de representación de las entidades federativas y no necesariamente un órgano de proporcionalidad partidista. No obstante, advirtió que, en términos de representación de minorías, la medida representa un retroceso.

Diputados pluris: una fórmula “impracticable”

En la Cámara de Diputados se mantienen los 200 legisladores de representación proporcional, pero se modifica la forma de elección. La propuesta busca que parte de esos candidatos hagan campaña y obtengan votos directos dentro de las circunscripciones.

Actualmente, los diputados plurinominales son asignados mediante listas en cinco circunscripciones nacionales. Cada una agrupa en promedio 60 distritos y varias entidades federativas. Según Ugalde, obligar a estos candidatos a competir por votos dentro de circunscripciones tan amplias implicaría campañas en hasta 60 distritos, lo que elevaría exponencialmente los costos.

“Si tú quieres ganar muchos votos como candidato pluri de esta circunscripción significa que tendrías que hacer campaña en 60 distritos. Reitero, un candidato de voto directo de diputado hace campaña en un distrito y requiere como 4 o 5 millones de pesos. El tope es como de 2 millones, requiere como cinco en los hechos. Imagínate si tienes que hacer campaña no en un distrito, sino en 60 distritos que abarcan seis entidades. ¿Tú crees que eso es aplicable?”, advirtió.

Además, señaló que en cada circunscripción podrían competir hasta 200 aspirantes de distintos partidos, lo que haría prácticamente imposible que el electorado conozca y evalúe a cada perfil. Para él, el modelo es demagógico y podría derivar en prácticas como “acordeones” o movilización gubernamental, similares a lo que, según dijo, ocurrió en la elección judicial.

Reducción del financiamiento: popular, pero superficial

La reforma contempla una reducción del 25% al financiamiento público de los partidos políticos. Aunque la medida puede resultar atractiva ante la opinión pública, Ugalde afirmó que no ataca el problema estructural del sistema electoral.

Explicó que el dinero que reciben los partidos del INE representa solo una fracción del gasto real en campañas. El grueso, estimó hasta 80%, proviene de fuentes como el crimen organizado, contratistas que buscan contratos gubernamentales y desvío de recursos públicos. Reducir el financiamiento oficial, dijo, no corrige ese fenómeno y puede debilitar a la oposición sin frenar el flujo ilegal de recursos.

Consultas populares y tiempos en radio y televisión

Otro punto que consideró un retroceso es permitir que partidos y gobiernos participen activamente en consultas populares. Recordó que cuando se legislaron hace más de una década se prohibió su intervención para garantizar un ejercicio ciudadano.

También advirtió sobre la redistribución de 13 minutos diarios en radio y televisión que actualmente utilizan el INE y los partidos. Con la reforma, ese tiempo pasaría al gobierno federal. En periodo electoral, el Estado dispone de 48 minutos diarios para fines oficiales. Si parte de esos espacios se transfieren al Ejecutivo, alertó, aumentará su capacidad de promoción y podría generarse un “piso disparejo” en favor del partido en el poder.

El gran tema ausente: crimen organizado y sobrerrepresentación

Para Ugalde, la omisión más grave es no abordar la penetración del crimen organizado en las elecciones. Comparó la situación con atender síntomas menores mientras el paciente padece una enfermedad grave. “No puedes querer mejorar la democracia si no atiendes el problema de sobrevivencia”, sostuvo.

Tampoco se corrige la sobrerrepresentación legislativa observada en 2024, cuando una coalición obtuvo 54% de los votos y terminó con 73% de los diputados. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación defendió su interpretación constitucional, la reforma no propone mecanismos para evitar que esa distorsión vuelva a repetirse.

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El riesgo mayor: el futuro del INE

Si bien Ugalde no observa en la reforma constitucional señales de una ruptura inmediata con la democracia electoral, sí identifica un foco rojo en las reformas legales secundarias que aún no se presentan. Ahí podría concretarse una reducción de capacidades operativas del Instituto Nacional Electoral, especialmente del servicio profesional de carrera, que calificó como el corazón técnico de la organización electoral en México.

Ese eventual desmantelamiento, dijo, sí representaría un retroceso profundo.

¿Habrá consenso político?

La propuesta enfrenta resistencias incluso entre aliados del oficialismo, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que han manifestado desacuerdo con la reducción de financiamiento, la eliminación de senadores plurinominales y la nueva fórmula para elegir diputados de representación proporcional.

Ugalde planteó una interrogante clave: si se eliminan esos tres componentes, la reforma perdería su contenido central. “Sería un pastel sin pan”, ironizó.

Una reforma “inocua” y una oportunidad perdida

En su conclusión, Luis Carlos Ugalde no ve un salto hacia una dictadura ni la cancelación de la democracia electoral mexicana en lo que hoy está sobre la mesa. Pero tampoco observa avances sustantivos. La describe como una reforma “medio inocua y medio irrelevante” que deja intactos los problemas estructurales: la infiltración del crimen organizado, el exceso real de gasto en campañas y la distorsión en la representación legislativa.

Para el extitular del IFE, México sí necesita una reforma electoral profunda. La pregunta que queda abierta es si esta iniciativa marcará el inicio de un rediseño democrático o si pasará a la historia como una oportunidad desaprovechada.

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