“Sheinbaum sabe lo que tiene que hacer”: Eddie Varón ante nueva presión de EU por los cárteles

Estados Unidos elevó el tono de su estrategia contra el narcotráfico en México. La nueva determinación presidencial de Donald Trump no se limita a incluir al país entre las principales rutas de tránsito o producción de drogas ilícitas. El documento reconoce acciones del gobierno mexicano, pero exige nuevas medidas contra organizaciones criminales y contra funcionarios públicos que colaboren con ellas.

En entrevista con Guillermo Ortega, el abogado internacional Eddie Varón Levy sostuvo que el documento debe leerse junto con las decisiones que Washington ha tomado durante los últimos meses contra los cárteles mexicanos y sus redes de apoyo. A su juicio, el gobierno de Claudia Sheinbaum conoce el alcance de esas advertencias y las obligaciones que Estados Unidos espera ver cumplidas.

El documento de Trump pide ir contra funcionarios que ayuden a los cárteles

La determinación entregada al Congreso estadounidense incluyó a México entre 23 países considerados grandes territorios de tránsito o producción de drogas. Estar en esa lista no significa que Washington haya declarado que el gobierno mexicano incumplió sus compromisos antidrogas; esa categoría recayó únicamente en Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia.

Para México, Trump reconoció decomisos, destrucción de laboratorios y cooperación bilateral, pero exigió avanzar contra las organizaciones calificadas por su administración como narcoterroristas, además de fortalecer las instituciones responsables de combatirlas.

Uno de los párrafos más duros se refiere directamente a servidores públicos. Washington pidió “exponer, arrestar y procesar” a funcionarios corruptos que hayan ayudado o facilitado las operaciones de los cárteles. Ese lenguaje coincide con una línea que Estados Unidos ha reforzado durante 2026 mediante acusaciones, restricciones de visa, procesos judiciales y acciones contra estructuras financieras.

Varón explicó durante la entrevista que el alcance ya no puede leerse únicamente como presión sobre los jefes criminales. La advertencia abarca a personas, operadores y estructuras que puedan brindar apoyo a organizaciones incluidas por Estados Unidos en sus listas de terrorismo.

“Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

Un día después de conocerse el documento, la Embajada de Estados Unidos en México publicó un mensaje en el que aseguró que la administración Trump utilizará “todas las herramientas disponibles” contra los cárteles y contra quienes los apoyen.

El mensaje terminó con una advertencia directa: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”. La sede diplomática también aseguró que mantendrá la colaboración con México contra el crimen organizado.

Durante la conversación con Guillermo Ortega, Varón relacionó ese pronunciamiento con la nueva estrategia jurídica estadounidense. Desde su lectura, no se trata únicamente de declaraciones políticas, sino de un entramado que permite abrir investigaciones, presentar cargos y perseguir conductas que Washington considere apoyo material a organizaciones designadas como terroristas.

El abogado ya había advertido meses atrás que Estados Unidos estaba trasladando el combate al fentanilo y a los cárteles hacia una lógica de seguridad nacional, acompañada por nuevas herramientas judiciales y de inteligencia. En mayo aseguró en otra entrevista con Ortega que esa transformación equivalía a entrar en una “doctrina de guerra”.

Sheinbaum rechaza que Estados Unidos juzgue a México

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al documento rechazando que Estados Unidos evalúe unilateralmente el trabajo de México. “No necesitamos que nos juzguen desde afuera”, declaró, y defendió las operaciones de su gobierno contra grupos criminales y funcionarios investigados por corrupción.

También pidió observar qué hace Washington dentro de su propio territorio frente al consumo de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas hacia México. Su gobierno mantiene la postura de cooperación con Estados Unidos siempre que las operaciones dentro del territorio mexicano permanezcan bajo conducción nacional.

Varón cuestionó esa respuesta durante la entrevista y resumió su postura con una frase: “Sheinbaum sabe lo que tiene que hacer”. Para el abogado, el gobierno mexicano conoce los requerimientos planteados desde Washington y el nivel de presión que puede seguir si las autoridades estadounidenses consideran insuficientes los resultados.

Su postura representa la lectura del entrevistado y no una posición oficial del gobierno estadounidense. La Casa Blanca sí exige nuevas acciones contra cárteles y funcionarios corruptos, pero la determinación anual no anuncia por sí misma una intervención militar ni identifica públicamente a funcionarios mexicanos específicos.

México queda fuera de la lista de países que “fallaron demostrablemente”

Varón también abordó una diferencia jurídica del documento. México aparece dentro de la lista de grandes países de tránsito o producción de drogas, pero no está entre los cuatro gobiernos que Trump declaró como incumplidos en sus obligaciones internacionales antidrogas.

La propia determinación aclara que aparecer en la lista puede responder a factores geográficos, comerciales y económicos, incluso cuando un gobierno mantiene acciones de combate y cooperación con Estados Unidos.

El problema para la relación bilateral está en lo que Washington pide después. La administración Trump reclama más recursos para seguridad, mayor control sobre las estructuras criminales, investigaciones contra redes de corrupción y acciones judiciales contra personas que faciliten las operaciones de los cárteles.

La discusión ocurre además mientras Sheinbaum y Trump negocian asuntos comerciales relacionados con el T-MEC. La presidenta confirmó esta semana avances en esas conversaciones, aunque aseguró que la llamada más reciente entre ambos mandatarios trató asuntos comerciales y no narcotráfico.

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