Asesinatos de alcaldes en el último año... sin control

En menos de nueve meses, México ha sido escenario del asesinato de siete presidentes municipales, una cifra que alarma por su regularidad y por el patrón que evidencia: la creciente captura del poder local por parte del crimen organizado.

El caso más reciente ocurrió el domingo 15 de junio, cuando fue ejecutada Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca. Su homicidio se suma a una lista que ha crecido con rapidez, reflejando una violencia política que rebasa los mecanismos de contención institucional.

Un patrón nacional: ediles bajo fuego

Los asesinatos han sido documentados en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, entidades con fuerte presencia de grupos criminales. La tendencia muestra que los alcaldes no solo son blanco de amenazas, sino también de ejecuciones directas, en contextos donde el Estado ha perdido el control.

Entre las víctimas está Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, decapitado el 6 de octubre de 2024. Su cuerpo fue hallado dentro de una camioneta, y su cabeza colocada sobre el cofre. La escena fue atribuida al crimen organizado.

Le siguió Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, asesinada el 3 de junio de 2024 con 19 disparos, tras haber sobrevivido a un secuestro el año anterior. El crimen fue directo, sin intención de enviar advertencias, lo que evidencia una ejecución con sello de cártel.

Otro caso es el de Acacio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, Guerrero, atacado por pobladores armados el 21 de junio de 2024. Fue retenido y asesinado mientras inauguraba una obra en la comunidad de Alacatlatzala. La violencia comunitaria también opera bajo lógicas criminales, según expertos.

En Oaxaca, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Emboscado en un camino rural junto a dos acompañantes, murió tras recibir múltiples disparos.

A esta lista se suma Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, baleado el 28 de mayo de 2025 durante un intento de asalto. Falleció días después en el hospital, sin que se esclareciera el móvil del ataque.

Uno de los casos más recientes y sonados fue el de Salvador “Chava” Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, asesinado la madrugada del 6 de junio de 2025 junto a su escolta, Pastor Cortez Álvarez. Ambos fueron atacados en la cabecera municipal cuando regresaban a su domicilio. Bastida había asumido el cargo apenas en septiembre de 2024, por la coalición Morena-PT-PVEM.

Finalmente, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue ejecutada este 15 de junio. Su muerte cerró un ciclo trágico de siete asesinatos en menos de un año.

Un poder local rebasado por el crimen

Organizaciones como México Evalúa, Etellekt y Causa en Común coinciden: estos asesinatos no son aislados, sino el resultado de la captura criminal de los municipios. El control del narco sobre los gobiernos locales incluye el nombramiento de jefes policiacos, el manejo de presupuestos, la protección territorial y la imposición de candidatos.

Según datos de México Evalúa, más de 30 ataques a candidatos y 100 agresiones a autoridades se registraron solo entre enero y marzo de 2025. Las amenazas incluyen secuestros, atentados, desplazamientos forzados y asesinatos.

Promesas oficiales, resultados limitados

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha prometido en repetidas ocasiones que los crímenes serán investigados, y que se dará seguimiento a los responsables a través del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, hasta ahora no hay detenidos relevantes por los asesinatos de los siete alcaldes.

Los gobiernos estatales han reaccionado con operativos temporales, comunicados de condena y homenajes póstumos, pero sin mecanismos reales de protección a presidentes municipales en zonas de riesgo.

Riesgo político en expansión

Más allá de las cifras, lo alarmante es la normalización. Ejercer un cargo municipal en México es hoy, en muchos territorios, un acto de altísimo riesgo. La política local se ha convertido en uno de los eslabones más frágiles del sistema democrático, justo cuando el país se encamina a nuevos procesos de elección local.

El crimen organizado no solo mata: también decide quién vive para gobernar. Y cada alcalde asesinado es también un mensaje a quienes aún resisten.

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