Camionetas de lujo de miembros de la SCJN representan un “ahorro” de mil mdp: Sheinbaum
Lujo en la Suprema Corte: Sheinbaum defiende compra de camionetas y habla de un ahorro millonario
La compra de nueve camionetas blindadas de lujo para las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desató una nueva polémica pública. Mientras críticos cuestionan el contraste entre el discurso de austeridad y el costo de los vehículos, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la operación al asegurar que representó un ahorro superior a los mil millones de pesos para el erario.
Durante su conferencia matutina de este viernes 23 de enero, realizada desde Veracruz, Sheinbaum explicó que la adquisición de las unidades se dio tras cancelar un contrato de renta de vehículos que estaba vigente en la Corte y sustituirlo por la compra directa de las camionetas.
“Había un contrato de renta de vehículos, decidieron modificarlo por la compra y con ello se ahorraron más de mil millones de pesos”, afirmó la mandataria.
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Sheinbaum pide transparencia, pero evita criticar la compra
La presidenta detalló que, al conocer la información sobre la nueva flotilla vehicular, instruyó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, a solicitar un informe al Comité de Administración del Poder Judicial. Según dijo, la respuesta fue una nota informativa en la que se justifica el cambio contractual y el supuesto ahorro generado.
No obstante, Sheinbaum evitó emitir una crítica directa sobre el costo o el lujo de los vehículos, y subrayó que corresponde exclusivamente a la Suprema Corte explicar públicamente los motivos de seguridad, los criterios de adquisición y la necesidad del blindaje.
“Eso tiene que informarlo la Corte. Yo solo informo lo que nos respondieron de manera institucional”, puntualizó.
Cuando fue cuestionada sobre si existe alguna amenaza concreta contra las ministras y ministros que justifique el uso de camionetas blindadas, Jeep Grand Cherokeela, presidenta reiteró que ese tema debe ser aclarado por el propio Poder Judicial.
No sé qué es más hipócrita y cínico, la compra de las camionetas machuchonas en sí o la Presidenta dando maromas para decir que se ahorraron miles de millones dándole camionetas de más de 1.5 millones de pesos a cada Ministro del Acordeón. pic.twitter.com/vxL8BGZtSX
— Paulina Rubio (@PaulinaRubioFdz) January 23, 2026
¿Qué compró la Suprema Corte?
Un día antes, el 22 de enero, la SCJN informó a través de una tarjeta informativa difundida en redes sociales que adquirió nueve camionetas, sin especificar la marca, una para cada integrante del Pleno, como parte de la renovación de su flotilla vehicular.
De acuerdo con la Corte, los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios y su uso comprometía la integridad de los funcionarios. La institución aseguró que la compra se realizó en apego a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que este tipo de unidades deben renovarse cada cuatro años o antes, si el desgaste lo amerita.
“La adquisición responde a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a consideraciones discrecionales”, señaló la SCJN.
Los precios de las camionetas, sin blindaje, oscilan entre 1.1 y 1.8 millones de pesos por unidad. Diversas versiones periodísticas indican que el blindaje, de nivel cinco, podría elevar el costo total de cada vehículo a cerca de tres millones de pesos.
Tarjeta Informativa | La #SCJN informa sobre la renovación de vehículos oficiales para ministras y ministros. 👇 pic.twitter.com/sTftp30eiH
— Suprema Corte (@SCJN) January 22, 2026
Debate por austeridad y nuevo perfil de la Corte
La controversia se intensificó debido a que los nueve ministros actuales fueron electos el 1 de junio de 2025 y asumieron funciones el 1 de septiembre, bajo un discurso de transformación y austeridad del Poder Judicial.
Cuestionada también sobre el desempeño del nuevo Pleno, que ha emitido resoluciones favorables a reformas impulsadas por Morena y por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sheinbaum rechazó calificar políticamente a la Corte.
“Las sesiones son públicas, ahí están los argumentos. Esa es la función de un tribunal constitucional”, afirmó, al contrastar el funcionamiento actual con etapas anteriores en las que, dijo, las decisiones se tomaban en privado.
La presidenta concluyó que, como en cualquier Suprema Corte, las resoluciones deben analizarse desde el plano legal y constitucional, y reiteró que el Poder Judicial debe rendir cuentas por sus propias decisiones administrativas.
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