Camionetas blindadas y precios millonarios: Suprema Corte renueva vehículos de ministros y así lucen

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la renovación de las camionetas asignadas a ministras y ministros, una decisión que ha causado controversia por el precio de los nuevos vehículos y en el gasto que implica su adquisición.

De acuerdo con información oficial, el máximo tribunal compró nueve camionetas Jeep Cherokee con el argumento de reforzar la seguridad de quienes integran el pleno.

Según funcionarios de la Corte, las unidades que se usaban anteriormente ya no cumplían con los estándares mínimos de protección, por lo que mantenerlas representaba un riesgo operativo. Tras recibir opiniones técnicas de autoridades federales, se concluyó que era necesario sustituirlas.

La SCJN aseguró que la compra se realizó conforme a la normatividad interna vigente, que permite renovar este tipo de vehículos cada cierto tiempo por razones de seguridad.

¿Cuánto cuestan las nuevas camionetas?

El punto central del debate ha sido el costo de los vehículos. En el mercado mexicano, una Jeep Cherokee tiene un precio que va aproximadamente de 800 mil pesos hasta 1.7 millones de pesos, dependiendo de la versión, el equipamiento y los acabados interiores. A ese monto base se debe sumar el blindaje, un elemento clave tratándose de vehículos oficiales para altos funcionarios.

Aunque la Corte no detalló el precio final por unidad, especialistas en el sector señalan que el blindaje puede incrementar de forma considerable el valor del vehículo, dependiendo del nivel de protección instalado. Esto significa que el costo total por camioneta puede superar con facilidad el millón de pesos y elevarse aún más si se incluyen sistemas adicionales de seguridad.

Seguridad, gasto público y justificación oficial

La SCJN subrayó que la compra no respondió a decisiones personales, sino a criterios de prevención y seguridad institucional. Además, aclaró que la renovación de la flotilla se hizo de manera paralela a la desincorporación de otros vehículos, con el objetivo de no generar un gasto mayor al necesario.

La normativa interna de la Corte, vigente desde 2019, establece que los vehículos asignados a ministras y ministros deben renovarse cada cuatro años o antes, si las condiciones mecánicas o de seguridad ya no son adecuadas. Bajo ese marco, la institución sostuvo que la adquisición de las nuevas camionetas se ajusta a la ley y forma parte de una política de uso responsable de recursos públicos.

La Corte defendió que garantizar la seguridad personal de sus miembros es una condición necesaria para el ejercicio de su función.