¿Cuál era el presunto papel del alcalde de Teuchitlán en el Rancho Izaguirre?
Este dinero presuntamente le daban a José Murguía por su rol en el Rancho Izaguirre
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las operaciones del Rancho Izaguirre, un predio relacionado con reclutamiento forzado, desapariciones y posible exterminio.
Murguía, del partido Movimiento Ciudadano, fue detenido el sábado 3 de mayo de 2025 y presentado ante un juez federal en el Centro de Justicia Penal de Puente Grande. De acuerdo con la FGR, no solo tenía conocimiento de lo que ocurría en el rancho, sino que habría sido pieza clave en su funcionamiento criminal.
El Rancho Izaguirre: centro de reclutamiento forzado y violencia extrema
Según la investigación federal, "Chon" Murguía —como se le conoce al edil— visitó en repetidas ocasiones el Rancho Izaguirre durante 2024. Ahí habría recibido pagos mensuales de 70 mil pesos por parte de los operadores del CJNG, entregados en brechas rurales cercanas al municipio.
La FGR lo señala como autor material y directo de la operación del rancho, donde —según testimonios de víctimas— se realizaban entrenamientos forzados, tortura y selección de reclutas. Aquellos que no pasaban las pruebas eran ejecutados, mientras que los aceptados eran enviados a células armadas del cártel en Zacatecas y Aguascalientes.
Incluso se le vincula directamente con José Gregorio “N”, alias ‘El Comandante Lastra’, uno de los principales reclutadores del CJNG, actualmente preso en el penal del Altiplano. Ambos habrían ingresado juntos al rancho y, según un testimonio, ordenaron arrojar una bolsa con órganos humanos en una fosa.
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“Centro de exterminio”: la denuncia de los colectivos
El caso estalló públicamente en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló en el lugar restos óseos, ropa quemada y rastros de hogueras. A partir de estos hallazgos, calificaron al predio como un centro de exterminio. Aunque la FGR no ha confirmado oficialmente esta hipótesis, los buscadores presentaron imágenes satelitales con columnas de humo negro visibles durante días, señalando posibles quemas prolongadas con combustibles pesados.
Cabe destacar que el sitio ya había sido intervenido en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero sin resultados contundentes hasta que los colectivos alertaron sobre su uso criminal.
La conexión con el Rancho La Vega y el consumo de carne humana
La información recabada en el Rancho Izaguirre llevó al descubrimiento del Rancho La Vega, también en Teuchitlán. El 29 de enero de 2025, ahí se rescataron 38 personas, de las cuales 36 fueron víctimas de reclutamiento forzado.
Según la FGR, en este segundo predio las víctimas eran obligadas a fabricar drogas y consumir carne humana. Las declaraciones indican que el alcalde estaba al tanto de estas prácticas, e incluso intervenía en la selección de víctimas para ser trasladadas al norte del país o eliminadas.
¿Qué sabía el gobierno?
Las advertencias sobre la existencia de campamentos criminales en la región datan de al menos 2018. El entonces fiscal estatal, Eduardo Almaguer, mostró imágenes de sitios de entrenamiento en el municipio de Tala —colindante con Teuchitlán—, con evidencia de ocupación prolongada por grupos armados. Sin embargo, las autoridades estatales no actuaron para desarticular estas operaciones.
Murguía Santiago ha sido alcalde de Teuchitlán en tres periodos: 2012–2015, 2021–2024 y desde octubre de 2024, todos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, el mismo partido del actual gobernador Pablo Lemus.
Tras la detención, el gobierno de Jalisco emitió un comunicado expresando su confianza en que la FGR actuará sin sesgos políticos. Sin embargo, legisladores del PAN alertaron que el edil podría ser usado como “chivo expiatorio” y exigieron investigar posibles redes de complicidad institucional.
Las acusaciones más graves: tortura, complicidad y reclutamiento
Durante la audiencia del 5 de mayo, el Ministerio Público presentó testimonios de víctimas que identificaron al alcalde como parte activa de la estructura criminal. Una de las declaraciones más impactantes lo señala facilitando patrullas, armas y policías municipales para proteger el predio y evitar fugas.
Según la FGR, Murguía también determinaba quiénes pasaban las pruebas de reclutamiento. Aquellos que no eran aptos eran ejecutados. Además, se le acusa de intervenir en las torturas sistemáticas sufridas por las víctimas como parte del entrenamiento.
En contraste, en declaraciones previas, el alcalde había negado conocer el Rancho Izaguirre. No obstante, los testimonios, registros de visitas y pagos mensuales contradicen su versión y lo colocan como uno de los principales operadores locales del CJNG.
¿Hacia una comisión de la verdad?
El caso ha generado tal impacto que la Fiscalía de Jalisco entregó el expediente completo a la FGR, como señal de “apertura y voluntad”. También se ha propuesto la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El caso del Rancho Izaguirre evidencia la profundidad de la crisis de desapariciones, violencia y complicidad institucional en México, especialmente cuando involucra a autoridades municipales activas y estructuras criminales organizadas.
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