Ellos son todos los mexicanos que han sido sentenciados a muerte en EUA
La pena de muerte es considerada como la forma más extrema de castigo corporal
Al encontrarse en el mismo continente, Estados Unidos y México han compartido muchas historias y conflictos. Basta con mirar un poco al pasado para identificar todos los intereses entrelazados de las dos naciones.
Tal es el caso de cómo el narcotráfico salpica a los vecinos del norte, motivo por el cual EE. UU. se ha visto involucrado incontables veces en la caza de delincuentes como Ismael "El Mayo" Zambada.
El juicio de El Mayo se ha estado llevando a cabo por el juez Brian Cogan, quien dice que no hay ningún impedimento para que se solicite la pena de muerte para el narcotraficante, pero en caso de que así fuera, Ismael Zambada no sería el primer mexicano en ser condenado con la pena máxima.
De hecho, la lista de nombres nacionales no es nada corta; los delitos van desde robo hasta homicidio, y aquí te mostramos quiénes fueron los condenados.
Estos son los mexicanos sentenciados a la pena máxima en EU
En 1980, fueron tres los sentenciados a pena de muerte:
Luis Avilés, conocido como “Ornar Fuentes Martínez”, quien fue acusado de homicidio por la Corte Superior de Houston.
Juan Alonso Caballero, también por homicidio, pero su caso cuenta con una suspensión de ejecución.
En este año, también fue sentenciado César Fierro Reyna, igualmente por homicidio, y la corte le concedió la suspensión de ejecución.
En el año de 1982, Bernardino Zúñiga fue sentenciado por violación y homicidio, aunque su pena de muerte fue revocada y está esperando un nuevo juicio.
Tal es el caso de Ramón Martínez Villarreal, quien espera nuevo juicio. El homicidio fue el motivo por el cual se le dio la pena de muerte.
Un caso curioso fue el de Ricardo Aldape Guerra, quien, a pesar de salvarse de la pena de muerte, falleció en un accidente automovilístico en 1997.
En 1984, Mario Flores fue sentenciado por homicidio y robo, pero también está a la espera de un nuevo juicio.
Toribio Rodríguez (homicidio) fue sentenciado en agosto de 1988, su caso se encuentra en la etapa de apelación automática.
En el año de 1989, fueron cinco los sentenciados a muerte, tres de ellos condenados únicamente por homicidio:
Francisco Cárdenas Arriola.
Javier Suárez.
Ramón Salcido Bojórquez.
En el caso de Arriola, la pena fue anulada en 1993; Suárez, al haberse quedado sin defensa, no puede ser ejecutado, pues la ley no lo permite, mientras que Salcido continúa recluido.
Miguel Ángel Flores Rangel fue sentenciado por rapto y homicidio, y actualmente la condena se encuentra pausada. También está Carlos Avena Guillén, cuyos cargos fueron homicidio y robo a mano armada; su caso se encuentra en apelación.
También en 1992 fueron sentenciados cinco mexicanos, cuatro de ellos únicamente por homicidio.
José Lupercio Cázares, quien sigue recluido en la prisión de San Quintín.
Sergio Ochoa Tamayo, alias “George Vargas”, cuya fecha para su ejecución aún no está definida.
Alfredo Valdés Reyes, quien sigue recluido.
Aurelio Barajas Moya, el cual solicitó la conmutación de la pena.
El reo que fue sentenciado por dos cargos (robo y homicidio) es Irineo Tristán Montoya, cuya ejecución estaba programada para septiembre de 1992; sin embargo, se le concedió el amparo Habeas Corpus.
En 1993, dos presos fueron sentenciados a la pena máxima, con cargos de homicidio:
Roberto Moreno Ramos, a quien también se le fue otorgado el Habeas Corpus.
Abelino Manríquez, cuyo caso se encuentra en apelación automática.
Vicente Benavides fue sentenciado por homicidio y violación, y aún se encuentra tras las rejas.
Héctor García Torres, Édgar Tamayo Arias y Jaime Armando Hoyos fueron sentenciados en 1994. El primero de ellos obtuvo el amparo Habeas Corpus. Para Tamayo Arias, la pena fue suspendida, y Hoyos se encuentra en la etapa de apelación automática.
Juan Héctor Ayala y Constantino Carrera Montenegro aún no tienen fecha definida para su ejecución.
En total, 26 mexicanos han sido sentenciados a la pena de muerte en EE. UU., un proceso complejo y tardado, pues se trata de una medida legal para terminar con la vida de una persona.