“Ernesto Ruffo es un preso político”: Revelan los hechos que desvincularían al exgobernador del huachicol fiscal
¿Qué pruebas hay contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California? Kenia López Rabadán afirmó que el exgobernador es víctima de persecución política y recordó su papel como el primer gobernador de oposición
La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal desató un nuevo enfrentamiento político entre la oposición y Morena. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que existen indicios financieros que lo relacionan con un esquema de contrabando de hidrocarburos, su defensa asegura que no existe una sola prueba que demuestre su participación directa en los hechos.
A este debate se sumó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien calificó a Ruffo como un "preso político" y acusó al gobierno federal de utilizar el caso con fines políticos. Morena respondió de inmediato y afirmó que la oposición intenta convertir una investigación penal en un discurso de persecución.
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La acusación de la FGR
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California. La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos dentro de una investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal.
El expediente surgió tras el aseguramiento, durante 2025, de 129 ferrotanques que transportaban más de 15 millones de litros de combustible presuntamente ingresado de forma irregular al país.
De acuerdo con la FGR, Ruffo es socio desde 2018 de la empresa Ingemar S.A. de C.V., la cual forma parte de las investigaciones. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que entre julio de 2024 y julio de 2025 la empresa realizó dos transferencias bancarias por un total de 18 millones de pesos a cuentas del exgobernador.
Para la Fiscalía, esos movimientos financieros constituyen indicios de un posible aprovechamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas y de un esquema de triangulación financiera con otras empresas.
Tras su audiencia inicial, una jueza federal le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano, mientras continúa el proceso penal.
La defensa asegura que no existe evidencia directa
Sin embargo, el abogado Fernando Gómez-Mont sostiene una versión completamente distinta.
En entrevistas con diversos medios aseguró que la Fiscalía presentó durante varias horas documentos relacionados con cargamentos de combustible, pero afirmó que ninguno acredita que Ernesto Ruffo haya participado en las operaciones investigadas.
Según explicó, la empresa Ingemar contaba con permisos legales para importar combustible y las operaciones cuestionadas corresponden a una empresa transportista contratada por la compañía, no al exgobernador.
"Lo que cuestionan son operaciones realizadas por un tercero. Pretenden vincular al señor Ruffo únicamente porque es accionista de esa empresa", afirmó.
El abogado agregó que Ruffo posee únicamente el 30% de las acciones de Ingemar y que no tenía funciones operativas ni control sobre las decisiones de la empresa.
De acuerdo con la defensa:
Ruffo posee únicamente el 30% de Ingemar.
No tenía participación en la logística ni en el transporte del combustible.
La empresa contaba con permisos legales de importación.
El presunto ingreso irregular de hidrocarburos habría sido responsabilidad de la empresa transportista y no del cliente.
"No hay pruebas", insiste Gómez-Mont
Fernando Gómez-Mont afirmó que, hasta el momento, la defensa no ha encontrado un solo documento que vincule directamente al exgobernador con una red de huachicol fiscal.
Incluso rechazó las declaraciones públicas de la Fiscalía sobre la existencia de pruebas científicas y periciales. "No están, no aparecen. Lo que dicen que tienen no existe en el expediente que nos han presentado", aseguró.
También calificó la investigación como una construcción basada en suposiciones.
"Hoy por hoy no hemos encontrado un documento que nos permita suponer un vínculo mayor. Toda la confabulación que plantean es puro cuento", sostuvo.
Asimismo, consideró que la investigación carece de una estructura probatoria sólida y acusó que existe un intento por relacionar políticamente a Ruffo con un caso en el que, según él, no existe evidencia suficiente.
La polémica por la audiencia reservada
Otro de los puntos cuestionados por la defensa fue la decisión de mantener la audiencia bajo reserva por supuestos motivos de seguridad nacional.
Gómez-Mont aseguró que durante toda la diligencia no encontró información que justificara esa clasificación.
"Pidieron que no se abriera la audiencia porque había temas de seguridad nacional. Yo no he visto nada que justifique mantenerla en confidencialidad", declaró.
El litigante adelantó que la audiencia continuará una vez que la defensa concluya el análisis del expediente presentado por el Ministerio Público.
Kenia López Rabadán: "Ernesto Ruffo es un preso político"
Las declaraciones de la defensa fueron respaldadas políticamente por la diputada panista Kenia López Rabadán.
Durante conferencia de prensa este 20 de julio afirmó que el exgobernador es víctima de persecución política y recordó su papel como el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, tras derrotar al PRI en Baja California en 1989.
"Ernesto Ruffo forjó nuestra democracia. Fue el primer mexicano que ganó una elección de oposición y abrió el camino para la alternancia en el país", afirmó.
La legisladora sostuvo que resulta incongruente que únicamente se procese a un exfuncionario que actualmente no ocupa ningún cargo público cuando, dijo, un esquema de huachicol fiscal requiere la participación de múltiples autoridades de los tres niveles de gobierno.
"Es claro que hoy es un preso político. En un entramado donde participan autoridades municipales, estatales y federales, meten a la cárcel a una persona de oposición que ni siquiera tenía un cargo público", declaró.
También criticó que la jueza que ordenó la prisión preventiva haya llegado al cargo mediante la elección judicial de 2025, proceso que calificó de polémico por el uso de los llamados "acordeones".
Morena rechaza la narrativa de persecución
La respuesta de Morena no tardó en llegar.
La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PAN y a sus aliados de intentar desviar la atención de las investigaciones mediante el argumento de una supuesta persecución política.
"Quieren hablar de persecución para no hablar de corrupción", escribió en redes sociales.
La morenista sostuvo que el expediente corresponde exclusivamente a delitos fiscales y de contrabando de hidrocarburos, por lo que rechazó que exista motivación política detrás del proceso.
Convocaron a protesta en apoyo de Ruffo
Mientras el proceso judicial continúa, organizaciones civiles y ciudadanos convocaron este mismo lunes 20 de julio a una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Zona Río de Tijuana.
La concentración busca exigir transparencia en la investigación, respeto al debido proceso y la liberación del exgobernador.
Por ahora, el caso de Ernesto Ruffo se ha convertido en mucho más que una investigación por presunto huachicol fiscal. De un lado, la FGR sostiene que existen elementos financieros que justifican el proceso penal; del otro, la defensa insiste en que no existe evidencia directa y que las acusaciones descansan únicamente en la calidad de accionista del exmandatario. Mientras los tribunales resuelven su situación jurídica, el expediente ya abrió un nuevo frente de confrontación política entre Morena y la oposición.
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