Julieta Ramírez estaría por entregar información a EE.UU.; qué se sabe del acuerdo que negocia
un “proffer agreement” atribuido a Julieta Ramírez, senadora con licencia buscaría gobernar Baja California. El documento contempla una reunión con fiscales estadounidenses
Julieta Ramírez Padilla dejó temporalmente su escaño en el Senado para concentrarse en la disputa por la candidatura de Morena al gobierno de Baja California en 2027. Menos de tres meses después, su nombre enfrenta un nuevo frente político: una investigación de N+ Focus sostiene que la legisladora con licencia mantiene conversaciones con autoridades estadounidenses para entregar información y evaluar una posible colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La investigación, firmada por Alejandra Barriguete y Luis Villegas, asegura haber tenido acceso a un proffer agreement entre Ramírez y una oficina del Departamento de Justicia en San Diego. N+ también afirma que la morenista es investigada por el gobierno estadounidense, aunque el reporte no precisa el delito, expediente o conducta concreta por la que estaría bajo escrutinio.
Qué información ofrecería Julieta Ramírez a Estados Unidos
El documento difundido contempla que Ramírez participe en una reunión con fiscales y agentes federales para determinar si posee información confiable y útil. El texto atribuido a la senadora establece que cualquier eventual beneficio dependería exclusivamente de la valoración que haga la fiscalía estadounidense después de escucharla.
Un “proffer agreement” no significa que ya sea testigo colaborador
Un proffer agreement permite a una persona entregar información a fiscales bajo determinadas reglas para que el gobierno valore su utilidad. El propio Departamento de Justicia explica que estos mecanismos sirven para evaluar a potenciales colaboradores y establecer cómo podrían utilizarse sus declaraciones.
Pero firmar un proffer no garantiza inmunidad, protección, reducción de cargos ni un acuerdo de cooperación. En modelos utilizados por el Departamento de Justicia se establece expresamente que recibir información no obliga a los fiscales a ofrecer un convenio posterior. La negociación puede terminar sin que la persona se convierta formalmente en testigo colaborador.
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Ese matiz cambia la lectura del caso de Ramírez. Lo revelado hasta ahora apuntaría a una etapa preliminar en la que autoridades estadounidenses buscan escuchar y evaluar lo que ella pueda aportar; no existe información pública suficiente para afirmar que ya obtuvo beneficios o que haya cerrado un acuerdo definitivo con el gobierno de Estados Unidos.
Julieta Ramírez responde y acusa “guerra sucia”
La aspirante reaccionó durante la mañana del 8 de septiembre y descalificó el reporte de N+ como parte de una campaña en su contra. En X escribió “Semana nueva, mitote nuevo” y calificó la publicación como un episodio de “guerra sucia”, acompañado de un GIF de Michael Jackson comiendo palomitas.
Su mensaje, sin embargo, no respondió directamente si firmó o no el proffer agreement mostrado por N+, ni explicó qué relación mantiene actualmente con autoridades estadounidenses. Tampoco detalló si ha sostenido reuniones con fiscales o agentes federales.
La controversia ocurre después de meses de versiones alrededor de su situación migratoria. A principios de 2026 circularon afirmaciones sobre una supuesta cancelación de su visa estadounidense, algo que Ramírez negó públicamente. En agosto incluso mostró su visa para responder a quienes sostenían que ya no podía ingresar al país.
El caso aparece en plena carrera por Baja California
Ramírez pidió licencia indefinida al Senado el 17 de junio de 2026 para incorporarse al proceso político rumbo a la sucesión de Marina del Pilar Ávila. Busca encabezar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California y competir posteriormente por la gubernatura en 2027.
Su trayectoria está estrechamente relacionada con la actual gobernadora. Ramírez fue secretaria particular de Marina del Pilar durante su administración en el Ayuntamiento de Mexicali, antes de llegar a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado. N+ recordó además que Marina del Pilar reconoció este año haber buscado cooperación con autoridades estadounidenses dentro de una investigación, aunque no existe información pública que permita concluir que ambos episodios correspondan al mismo expediente.
La aspirante ya enfrentaba además procedimientos electorales por su promoción rumbo a 2027. El Instituto Estatal Electoral de Baja California ha tramitado diversas quejas en las que aparece su nombre por posibles infracciones relacionadas con propaganda y posicionamiento anticipado, mientras el Tribunal Electoral federal también ha revisado asuntos derivados de la difusión de su imagen e informes legislativos.
El nuevo elemento cambia el escenario político alrededor de su candidatura. No se ha revelado qué delito investigaría Estados Unidos, qué información podría entregar Ramírez ni si el Departamento de Justicia aceptará formalmente convertirla en colaboradora.
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