Las claves que delataron a la maestra de Tláhuac que abusaba de sus hijastras y videogrababa a sus alumnas

Alejandra Jiménez 17 marzo, 2026

Nayelli “N” es acusada de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil en la Ciudad de México

 ©Especial - El hallazgo de videos íntimos en un celular, cámaras instaladas en baños de una escuela en Tláhuac y la denuncia del padre de las menores fueron las piezas clave que permitieron detener a Nayelli “N”.

a detención de una maestra en Tláhuac, acusada de abusar de sus hijastras y grabar a alumnas dentro de los baños de una escuela, ha provocado conmoción en la Ciudad de México. La investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) reveló una serie de indicios que apuntan a un presunto esquema de captación de imágenes íntimas de menores, lo que derivó en su captura y posterior vinculación a proceso.

Las autoridades capitalinas lograron avanzar en el caso contra Nayelli “N”, docente detenida en la alcaldía Tláhuac, luego de reconstruir una cadena de evidencias que comenzó con una denuncia familiar y derivó en el descubrimiento de material de abuso infantil y grabaciones clandestinas dentro de un plantel escolar.

La Fiscalía sostiene que la mujer habría utilizado dispositivos electrónicos y cámaras ocultas para captar imágenes de menores, lo que configuraría el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

1. El hallazgo en un celular que destapó el caso

El caso comenzó a salir a la luz cuando el padre de las víctimas, quien también era pareja sentimental de la imputada, revisó un teléfono celular y una computadora portátil vinculados con la mujer.

En los dispositivos encontró fotografías y videos de carácter sexual en los que aparecían sus dos hijas menores de edad, lo que lo llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Este hallazgo fue considerado el primer indicio clave que permitió a las autoridades iniciar una investigación formal contra la profesora.

2. Cámaras ocultas en los baños de una escuela

Durante el análisis forense de los dispositivos electrónicos, peritos detectaron otros archivos de video cuyo origen no correspondía al entorno familiar.

Las investigaciones determinaron que dichas grabaciones provenían de cámaras de videovigilancia instaladas en los sanitarios de la escuela donde Nayelli “N” trabajaba como docente.

En esas imágenes se observaba a otras niñas del plantel, lo que amplió el alcance de la investigación y elevó la gravedad de los hechos, al tratarse de presuntas grabaciones clandestinas en espacios de privacidad dentro de una institución educativa.

Debido a que este tipo de conductas podría constituir delitos federales relacionados con pornografía infantil, la Fiscalía capitalina dio parte también a la Fiscalía General de la República (FGR).

3. La orden de captura contra la docente

Con los datos de prueba reunidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó a un juez de control una orden de aprehensión contra la profesora.

La orden fue concedida y ejecutada el 11 de marzo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Tláhuac.

Posteriormente, durante la audiencia inicial celebrada el 13 de marzo, el juez determinó vincular a proceso a Nayelli “N” por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

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4. Prisión preventiva y tres meses de investigación

Como medida cautelar, la autoridad judicial dictó prisión preventiva, por lo que la mujer permanecerá en un centro penitenciario mientras continúan las investigaciones.

Además, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá recabar más pruebas, testimonios y peritajes para robustecer el caso.

Las penas que podría enfrentar

De acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la producción o posesión de pornografía infantil puede castigarse con penas que van de 10 a 15 años de prisión.

No obstante, cuando las víctimas son menores de edad y existe una relación de autoridad o confianza, como ocurre con padres o docentes, las sanciones pueden aumentar considerablemente.

En caso de ser declarada culpable, la imputada también podría enfrentar la pérdida de la patria potestad, la inhabilitación para ejercer cargos relacionados con la educación o el cuidado de menores y el pago de multas económicas.

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