Las fotos incómodas de Rocha Moya con los “Toys”, que resurgen tras acusación de EE.UU.

La acusación formal presentada en una corte federal de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no solo sacudió el escenario político nacional, sino que también reactivó episodios de su campaña electoral en 2021, particularmente aquellas imágenes en las que apareció junto a influencers conocidos como los “Toys”.

Las fotografías, difundidas en su momento en redes sociales, muestran al entonces candidato en un entorno cercano a figuras digitales como Markitos Toys, cuyo nombre ahora vuelve al debate público tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación en Nueva York y el vínculo con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el mandatario estatal forma parte de un grupo de funcionarios acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El documento judicial, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, sostiene que actores políticos habrían brindado protección a estructuras criminales a cambio de beneficios, en un esquema que incluye presuntos acuerdos con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Aunque Rocha Moya ha rechazado categóricamente estas acusaciones, el señalamiento ha colocado bajo escrutinio público distintos momentos de su trayectoria política, incluyendo su campaña a la gubernatura.

Las fotos de campaña: los “Toys” y el respaldo en redes

Durante el proceso electoral de 2021, imágenes difundidas en plataformas digitales mostraron a Rocha Moya junto a influencers locales que manifestaron abiertamente su apoyo a su candidatura.

Entre ellos destacó Markitos Toys, quien publicó fotografías portando camisetas del entonces candidato, acompañadas de mensajes de respaldo que rápidamente se viralizaron. Estas publicaciones, en su momento vistas como parte de una estrategia digital, hoy son reinterpretadas a la luz de los señalamientos judiciales.

Documentos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral también refieren la participación de figuras públicas en la campaña, algunas de ellas señaladas por aportaciones no permitidas por la normativa electoral.

Influencers, crimen y política: una relación bajo sospecha

El nombre de Markitos Toys ha sido mencionado en diversas investigaciones periodísticas por su presunta cercanía con figuras del entorno criminal, como Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, identificado como operador de seguridad de “Los Chapitos”.

Si bien estas relaciones no forman parte directa de la acusación judicial, sí han contribuido a reforzar el contexto en el que se desarrolló la campaña de Rocha Moya, marcada por señalamientos de intervención del crimen organizado.

Las imágenes de aquel periodo, donde se observa la cercanía entre actores políticos e influencers, han cobrado relevancia al ser interpretadas como parte de una red de apoyos que hoy es objeto de análisis.

Elecciones bajo tensión: violencia y denuncias en 2021

El proceso electoral que llevó a Rocha Moya al poder estuvo acompañado por denuncias de violencia e intimidación en distintas regiones de Sinaloa.

Reportes documentaron el robo de urnas, amenazas a candidatos y la renuncia de aspirantes opositores tras episodios de violencia. Estos hechos, que en su momento fueron considerados aislados, son retomados en la acusación estadounidense como parte de un contexto más amplio.

De la campaña a la acusación internacional

El caso ha evolucionado de señalamientos políticos a una acusación formal ante autoridades estadounidenses, lo que marca un punto de inflexión en la trayectoria del gobernador sinaloense.

Además de Rocha Moya, otros funcionarios y exfuncionarios han sido incluidos en el documento judicial, en el que se detalla una presunta red de colaboración institucional con el crimen organizado.

El gobernador ha negado cualquier vínculo con organizaciones criminales y ha sostenido que las acusaciones carecen de fundamento. En el ámbito político, figuras de su partido han cerrado filas en su defensa, mientras que sectores de oposición exigen una investigación a fondo.

En paralelo, el caso ha abierto un debate sobre la relación entre política, redes sociales e influencia digital en procesos electorales, particularmente en regiones con presencia del crimen organizado.

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