No se concederá ninguna extradición sin pruebas: La respuesta de la FGR a EE.UU. ante caso Rocha Moya
Acusan a Rubén Rocha Moya en EE.UU. por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero México frena: la razón detrás de la decisión de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) fijó este miércoles 29 de abril una postura clara ante uno de los casos políticos y judiciales más delicados del momento: no se concederá ninguna extradición sin pruebas suficientes. El anuncio llega después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, junto a otros funcionarios del estado.
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Una acusación internacional que sacude a México
El señalamiento fue formalizado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que presentó una imputación de 34 páginas en la que acusa a diez personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, de presuntamente colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según el documento, los implicados habrían conspirado para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
Entre los nombres mencionados se encuentran figuras de alto nivel como el propio gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros funcionarios en activo y exservidores públicos.
La respuesta de la FGR: investigación en curso
Ante este escenario, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, anunció el 29 de abril de 2026 que la institución ya inició una investigación formal para analizar las acusaciones.
“El objetivo es determinar si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, explicó.
El funcionario subrayó que la dependencia revisará a detalle la documentación enviada por Estados Unidos, en coordinación con la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales.
Extradición solo con pruebas contundentes
Uno de los puntos centrales del posicionamiento fue contundente: la solicitud actual no cuenta con evidencia suficiente.
“Dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, afirmó Lara López.
Por ello, dejó en claro que cualquier proceso de extradición solo podrá avanzar si se cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la legislación mexicana, incluyendo la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El papel de la Cancillería y la confidencialidad del caso
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el 28 de abril recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Estas solicitudes fueron turnadas a la FGR, que ahora tiene la responsabilidad de evaluar su viabilidad jurídica.
El vocero también destacó que, a petición de las autoridades estadounidenses, la información del caso deberá manejarse con carácter confidencial.
“Dar a conocer información sería en detrimento de los procedimientos penales”, advirtió.
¿Quiénes están implicados en la investigación?
Además de Rubén Rocha Moya, las acusaciones incluyen a otros nueve funcionarios mexicanos, entre ellos:
Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Sinaloa
Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal estatal
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
Juan Valenzuela Millán, excomandante policial
Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación
José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal
Algunos de ellos enfrentan señalamientos graves, como presuntos pagos mensuales del crimen organizado o participación en delitos como secuestro y homicidio.
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🔵¿Puede perder su fuero político Rubén Rocha Moya? Así funcionaría ante acusaciones por vínculos con el Cártel de Sinaloa https://t.co/lnajtaIICo
— Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) April 29, 2026
El obstáculo del fuero constitucional
En el caso de funcionarios en activo, como el gobernador o legisladores, la ley mexicana establece un paso adicional: el juicio de procedencia.
Este mecanismo es necesario para retirar la inmunidad procesal y permitir que enfrenten procesos penales.
Sin este procedimiento, ninguna acción judicial podría avanzar en su contra dentro del país.
Un caso bajo análisis y sin resolución inmediata
Por ahora, la FGR se mantiene en fase de análisis.
La institución deberá determinar si las pruebas presentadas por Estados Unidos cumplen con los estándares legales mexicanos para proceder con órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición.
Mientras tanto, el mensaje oficial es claro: no habrá decisiones precipitadas.
Entre la presión internacional y el marco legal mexicano
El caso coloca a México en una posición delicada, donde convergen la presión internacional, la cooperación bilateral en materia de seguridad y el respeto a los procesos legales internos.
La investigación sigue abierta.
Y con ella, la expectativa sobre si las acusaciones lograrán sostenerse con pruebas suficientes o quedarán, como sostiene la FGR hasta ahora, sin el respaldo necesario para avanzar.
En la opinión de Guillermo Ortega:
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