¿Los 50 cambios a la Ley de Aguas es una “simulación”? 4 claves que lo exponen

Con alrededor de 50 cambios en la Ley de Aguas tras llegar a acuerdos con agricultores, finalizó el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales conformado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ricardo Monreal, informó el fin de semana que las modificaciones se hicieron con el visto bueno de los agricultores y transportistas con el gobierno federal.

¿Qué “simulaciones” hay en la Ley de Aguas?

Sin embargo, el diputado federal Marcelo Torres Cofiño, aseguró que en realidad en el dictamen a la Ley de Aguas se hicieron cambios menores y no atiende a corregir el contenido más grave de la ley que es mantener el control total en una sola dirección por medio de la Conagua.

Torres Cofiño aseguró que “el productor deja de tener derechos y queda sometido al capricho de la autoridad. Eso no es modernizar el sistema hídrico, es encadenarlo", afirmó, mientras indicó que el gobierno federal oculta puntos clave como:

1. Eliminar las transmisiones parciales y los cambios de uso, afectando la productividad, la flexibilidad agrícola y la operación cotidiana del campo.

2. El artículo 22 mantiene la prohibición explícita de transmitir derechos de concesión.

3. Toda herencia, venta de tierra o sucesión se convierte en reasignación condicionada, no en transmisión real.

4. Permanecen mecanismos para reducir volúmenes, incluso cuando el propio productor invierta en eficiencia y tecnificación.

Por lo anterior, Marcelo Torres afirmó que las demandas del campo en realidad no están cubiertas, ya que dijo, no retiraron lo que más les duele a los productores y dejaron lo que más conviene al gobierno que es el control absoluto del agua, afirmó citado por Milenio.

La discusión sobre los 50 cambios propuestos a la Ley de Aguas ha generado un intenso debate entre especialistas, organizaciones civiles y actores políticos.

Mientras el gobierno federal y legisladores promotores aseguran que las modificaciones representan un avance en materia de gestión hídrica, diversos colectivos denuncian que podrían tratarse de una “simulación” que no atiende los problemas estructurales del país en torno al agua.

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