De gobernantes a víctimas: cómo la violencia política desangra la democracia local

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, durante un evento del Día de Muertos el pasado 1 de noviembre, no fue un hecho aislado. Su crimen ha reavivado la conversación sobre el peligro que enfrentan quienes ejercen el poder local en México, donde gobernar puede costar la vida y el miedo se ha instalado en el nivel más cercano a la ciudadanía: el municipal.

Tan solo unos días después, el 6 de noviembre, un grupo de hombres armados asesinó a Guadalupe Urbán, regidora de 47 años del municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, cuando salía de su casa en la comunidad de San Antonio Ocotlán. Su muerte volvió a confirmar que la violencia política en México no da tregua y que las autoridades locales —alcaldes, regidores y síndicos— se han convertido en blanco recurrente del crimen organizado y de conflictos de poder en sus regiones.

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El nivel más vulnerable del poder: el municipal

En México existen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Pero, como advierte el investigador de la UNAM Javier Oliva, el municipal es “el eslabón más débil” de toda la estructura.

Con presupuestos reducidos, escasos cuerpos policiacos y nula protección institucional, los alcaldes se enfrentan a un escenario donde la línea entre autoridad y víctima es cada vez más delgada.

“En un país que dice ser federalista, pero opera de forma centralista, el municipio es el que carga con la peor parte”, explicó Oliva. “Esa debilidad estructural explica no solo la inseguridad, sino también la falta de servicios, infraestructura y desarrollo”.

El poder local, bajo fuego

Datos de la organización Data Cívica, en su informe Votar entre balas, muestran que el 80 % de las víctimas de violencia político-criminal en México pertenecen al nivel municipal.
En estados como Michoacán, Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí, los presidentes municipales viven bajo amenaza constante.

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Uruapan, con una población de 360 mil habitantes, es un ejemplo claro: ahí operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, Pueblos Unidos, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya. En ese contexto, el asesinato de Manzo envió un mensaje de impunidad y desafío, tanto al Gobierno como a los ciudadanos.

El problema, dicen expertos, no es solo que los criminales maten a los alcaldes. Es que matan la posibilidad de creer en el poder público.

Cuando la violencia mata la esperanza

Cada ataque contra una autoridad local erosiona la confianza ciudadana. La gente deja de votar, de participar, de exigir. Los líderes comunitarios se repliegan. Y la política se convierte en un campo minado donde solo los más temerarios —o los protegidos por el crimen— se atreven a entrar.

Entre 2018 y 2024 se registraron más de 110 ataques contra familiares de políticos, una cifra que demuestra que la violencia busca extender el miedo más allá del cargo.
“Gobernar dejó de ser una aspiración colectiva. Hoy, en muchos municipios, es una sentencia”, dice Oliva.

Los límites del Estado

Aunque el Gobierno federal asegura que varios alcaldes asesinados contaban con protección especial, los hechos evidencian que esos esquemas fallan.
En el caso de Manzo, la seguridad había sido reforzada desde inicios de 2025, pero su ejecución en un acto público mostró lo que muchos funcionarios locales ya saben: el blindaje no alcanza.

El Estado, en sus tres niveles, no ha logrado garantizar condiciones mínimas para ejercer el poder local.
La impunidad persiste y los planes oficiales —como el Plan Michoacán presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum— apenas mencionan la violencia criminal, pero no su desmantelamiento.

El municipio: el corazón que deja de latir

Cuando se asesina a un alcalde, no solo muere una persona: muere la representación inmediata del pueblo, el puente entre el ciudadano y su gobierno.
Sin alcaldes, los cabildos se detienen, las obras se frenan, los programas sociales se retrasan y las comunidades quedan a merced de poderes fácticos que dictan las reglas con miedo y balas.

La democracia mexicana se fractura desde abajo, donde se construye la legitimidad cotidiana.
Y en esa grieta, lo que se escapa no son solo vidas, sino esperanzas.

Un llamado urgente

La violencia política no puede seguir tratándose como una estadística más.
Cada alcalde asesinado es el reflejo de un país donde la democracia se defiende sin recursos, sin respaldo y, a menudo, sin futuro.

Porque en México, cuando matan a un presidente municipal, no sólo matan a un funcionario.
Matan la posibilidad de creer que el cambio aún puede venir desde lo local.