Osmar, el menor que asesinó a dos maestras en Michoacán, podría quedar libre en tres años

El caso que sacudió a la comunidad educativa de Lázaro Cárdenas ha abierto una grieta en el debate nacional sobre justicia y castigo. El joven de 15 años, identificado como Osmar “N”, señalado por asesinar a dos mujeres dentro de la Preparatoria Makárenko, podría quedar en libertad en un máximo de tres años.

La razón no radica en la falta de pruebas ni en la gravedad del crimen, sino en lo que establece la ley. De acuerdo con el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, el adolescente será juzgado bajo el régimen de menores infractores, lo que limita la sanción independientemente del delito.

“Él tiene 15 años, por lo tanto alcanzará máximo tres años. Así lo establece la ley”, explicó el funcionario en entrevista para MILENIO.

Un ataque directo: 14 disparos y dos víctimas

Las investigaciones iniciales revelan la crudeza del ataque. El joven habría accionado su arma en al menos 14 ocasiones, con ocho impactos certeros contra las víctimas.

Una de ellas murió tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que la otra fue alcanzada por múltiples impactos en distintas partes del cuerpo, lo que confirmó la letalidad del ataque.

Tras el análisis de cámaras de seguridad y peritajes, las autoridades concluyeron que se trató de una agresión directa ejecutada únicamente por el adolescente, sin evidencia hasta ahora de participación de terceros.

Los delitos: feminicidio y armas de uso militar

Durante la audiencia inicial, realizada en Morelia, al menor le fueron imputados los delitos de feminicidio y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cargos que reflejan la gravedad del caso.

A pesar de ello, el marco legal vigente establece límites claros cuando se trata de menores de edad, lo que ha generado cuestionamientos sobre si la legislación actual responde a escenarios de violencia extrema como este.

El debate: ¿deben ser juzgados como adultos?

El caso ha reactivado una discusión incómoda pero urgente. Autoridades estatales, incluida la Fiscalía, han coincidido en la necesidad de revisar el tratamiento legal para menores que cometen delitos de alto impacto.

El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha planteado la posibilidad de que, en ciertos casos, los adolescentes enfrenten procesos similares a los de adultos, especialmente cuando hay uso de armas de alto poder y violencia letal.

A la par, se investiga si el joven pudo haber estado influenciado por discursos de odio, incluyendo comunidades digitales como los llamados incels, aunque hasta ahora no hay una línea concluyente.

Un arma sin origen y un celular desaparecido

A más de 72 horas del crimen, persisten vacíos clave en la investigación. Las autoridades no han logrado determinar el origen del arma larga utilizada en el ataque.

Mientras la familia asegura no tener conocimiento de su existencia, el propio adolescente sostiene que la tomó de su domicilio. La Secretaría de la Defensa Nacional no tiene registro del arma, lo que abre la posibilidad de un origen irregular, aunque aún no se confirma.

Otro elemento crucial es el teléfono celular del joven, que no ha sido localizado. Su contenido podría revelar si existieron motivaciones externas o si el ataque fue completamente autónomo.

La familia, bajo la lupa

El adolescente es representado por una defensora pública y ha estado acompañado por su madre durante el proceso judicial. Aunque ella ha mostrado disposición para colaborar, las autoridades no descartan ampliar las investigaciones hacia su entorno cercano.

El caso, aún en desarrollo, se ha convertido en un punto de quiebre en la conversación pública sobre violencia escolar, justicia juvenil y los límites de la ley frente a crímenes de alto impacto en México.

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