¿Por qué Diego Sebastián todavía no ha sido vinculado a proceso por el crimen de Jonathan Meléndez?
Diego Sebastián “N” ya fue imputado y permanece en prisión, pero todavía no está vinculado a proceso
Diego Sebastián “N” lleva varios días en prisión y la Fiscalía del Estado de México ya presentó decenas de datos para sostener su probable participación en el crimen de Jonathan Meléndez y otras tres personas en Atizapán, pero jurídicamente todavía no está vinculado a proceso. La explicación no está en que una jueza haya rechazado la acusación: fue la propia defensa la que pidió ampliar el plazo antes de que se resuelva esa etapa del caso.
La audiencia inicial del sábado 5 de septiembre terminó con Diego Sebastián y Gerardo “N” en prisión preventiva, mientras la resolución sobre la vinculación quedó programada para el miércoles 9 de septiembre a las 9:30 horas en los juzgados de Barrientos, Tlalnepantla.
La defensa pidió pasar de 72 a 144 horas antes de la vinculación
La audiencia se prolongó durante más de ocho horas. El Ministerio Público expuso alrededor de 60 datos de prueba relacionados con el homicidio de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barragán, su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, trabajadora del hogar. La imputación también incluye la interrupción del embarazo de Ana Paula y la muerte del perro de la familia.
Cuando llegó el momento de definir si la jueza resolvería inmediatamente la situación jurídica, los abogados de ambos imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional. Con ello, el plazo ordinario de 72 horas quedó ampliado hasta 144 horas, lo que trasladó la decisión sobre la vinculación al 9 de septiembre.
No se trata de una concesión extraordinaria ni implica que la Fiscalía haya perdido el caso. El artículo 19 de la Constitución permite que el plazo para dictar un auto de vinculación sea prorrogado únicamente a petición de la persona imputada, mientras el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que la audiencia pueda celebrarse dentro de las 72 o 144 horas, dependiendo de la decisión de la defensa.
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La finalidad de esa ampliación es que los abogados cuenten con más tiempo para estudiar la imputación, revisar los datos del Ministerio Público y preparar argumentos o elementos que busquen impedir la vinculación. La Suprema Corte ha descrito esta figura como una prerrogativa exclusiva del imputado para aportar información que pueda desvirtuar la acusación presentada en su contra.
La defensa ya intentó cuestionar cómo fue detenido Diego Sebastián
La estrategia jurídica comenzó antes de solicitar las 144 horas. Durante la audiencia, la defensa de Diego Sebastián argumentó que existían omisiones o irregularidades durante el cumplimiento de la orden de aprehensión y pidió que la Fiscalía investigara la actuación de cinco servidores públicos involucrados en esa diligencia.
Los abogados también pretendían que esas supuestas fallas permitieran que sus clientes enfrentaran esta etapa fuera de prisión. La jueza no encontró en ese momento elementos para dar curso a la investigación solicitada contra los agentes y mantuvo privados de la libertad a ambos imputados, aunque dejó a la defensa la posibilidad de insistir por las vías correspondientes.
Diego Sebastián incluso intentó hablar durante la audiencia cuando se discutía la ampliación del plazo. Alcanzó a expresar “tenemos que revisar porque hay cosas que…”, antes de que su intervención terminara. La frase coincide con la postura de sus abogados, que solicitaron tiempo adicional para examinar el expediente presentado por el Ministerio Público.
Qué debe decidir la jueza el 9 de septiembre
La vinculación a proceso no equivale a una sentencia de culpabilidad. En esta etapa, la jueza deberá determinar si existen datos que permitan establecer que ocurrió un hecho que la ley considera delito y una probabilidad razonable de que Diego Sebastián y Gerardo participaron en él. Ese es el estándar establecido por el artículo 19 constitucional para permitir que el proceso penal continúe.
Para sostener su solicitud, la Fiscalía llevó a la audiencia entrevistas con la vigilante del fraccionamiento Grand Viure y con un amigo de Jonathan, grabaciones del inmueble, dictámenes de balística, criminalística y química, exámenes médico-legales y objetos recuperados durante cateos realizados después del crimen.
Entre los elementos expuestos también aparece la investigación sobre una memoria fría con criptomonedas que no ha sido localizada, registros de ingreso y salida del fraccionamiento y objetos encontrados en el vehículo utilizado por los detenidos. El Ministerio Público ha planteado un posible móvil económico relacionado con la relación comercial entre Jonathan y Diego Sebastián, hipótesis que todavía tendrá que sostenerse durante el proceso judicial.
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