Asesinato a Carlos Manzo: ¿Qué medidas existen para proteger a los presidentes municipales en zonas de riesgo?
El alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a quemarropa en un evento público de Día de Muertos, lo que reabre debate sobre seguridad a nivel federal
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, reabre una pregunta que ha resonado en distintos municipios del país: ¿qué mecanismos existen realmente para proteger a los presidentes municipales que gobiernan en territorios marcados por la violencia?
Un marco legal que existe, pero se aplica poco
Aunque en el papel hay disposiciones que contemplan medidas de resguardo, su aplicación sigue siendo limitada. En varios estados, como Nuevo León, la ley establece que las autoridades municipales deben garantizar la seguridad de los presidentes municipales, titulares de policía y otros servidores públicos que estén expuestos a amenazas. Estas medidas pueden ser temporales o durar todo el tiempo que permanezcan en el cargo.
En Puebla, por ejemplo, se diseñó un protocolo que señala que la seguridad de los alcaldes debe estar a cargo de policías evaluados y capacitados mediante exámenes de control de confianza. Sin embargo, los vacíos operativos persisten.
La protección depende del propio funcionario
En la práctica, las medidas de protección suelen depender de la solicitud directa del funcionario en riesgo, y en muchos casos se activan solo después de un ataque o amenaza pública. La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció en 2021 que los presidentes municipales podían solicitar “protección especial” a través del gobierno estatal y la Federación, aunque esta posibilidad no se ha convertido en una política sistemática ni homogénea entre las entidades.
A ello se suma un obstáculo estructural: la seguridad de los alcaldes depende en gran medida de los recursos municipales. Algunos ayuntamientos deben incluir la protección de su titular en el presupuesto local, lo que limita la respuesta en municipios con bajos ingresos o con cuerpos policiacos insuficientes. En otros casos, las leyes permiten extender la protección más allá del periodo en el cargo, pero su aplicación queda sujeta a disponibilidad de personal y fondos.
Michoacán, un escenario de alto riesgo
En estados con fuerte presencia del crimen organizado, como Michoacán, las condiciones son especialmente complejas. Los grupos criminales operan con conocimiento del territorio y en ocasiones con redes de apoyo locales, lo que eleva el nivel de riesgo y exige medidas coordinadas de inteligencia y seguridad que los gobiernos municipales no siempre pueden sostener.
La falta de comunicación entre niveles de gobierno y la escasez de protocolos preventivos agravan la vulnerabilidad de los funcionarios. En Uruapan, una de las zonas más violentas del estado, la seguridad del alcalde no estaba bajo un esquema especial de protección, pese a los antecedentes de amenazas y ataques contra autoridades locales.
Un reflejo de la fragilidad institucional
La muerte de Carlos Manzo Rodríguez —quien había sido diputado local por Morena y se convirtió en alcalde independiente tras ganar las elecciones de 2024— vuelve a evidenciar la fragilidad de las instituciones locales frente a la violencia.
Más allá de los marcos normativos, la protección efectiva de los presidentes municipales depende de que las medidas sean oportunas, proporcionales al riesgo y cuenten con respaldo operativo. En territorios como Uruapan, donde el poder local se disputa entre intereses políticos y criminales, la seguridad de las autoridades no puede depender únicamente de la ley escrita, sino de su capacidad real de hacerse cumplir.
