¿Qué pasó con el dinero destinado a seguridad en Nuevo León? Contratos millonarios de Samuel García bajo investigación de la ASF

Contratos para comprar chalecos antibalas, radios de comunicación y uniformes para reclusos en Nuevo León terminaron bajo investigación por presuntos pagos a un despacho relacionado con Samuel García y su familia. Una empresa que obtuvo al menos 440 millones de pesos del gobierno estatal habría enviado, mediante intermediarios, 60.4 millones a la firma jurídica vinculada con el gobernador.

La revelación se suma a una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), después de identificar cuatro rutas de transferencias que involucran contratos por aproximadamente 7 mil 212 millones de pesos.

Qué investiga la ASF en el gobierno de Samuel García

La ASF presentó la denuncia número 1231 el 16 de octubre de 2026, como parte de los hallazgos vinculados con la auditoría 1492 de la Cuenta Pública 2025. El caso fue expuesto públicamente durante la segunda entrega de informes ante la Cámara de Diputados, donde el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reveló posibles esquemas de triangulación y simulación de operaciones.

El organismo federal identificó pagos del gobierno de Nuevo León a constructoras, comercializadoras y empresas de servicios, que posteriormente transfirieron parte de esos recursos a otros negocios y particulares. La investigación se concentra en la justificación de las operaciones y en los vínculos entre los beneficiarios finales y servidores públicos.

Aunque la ASF mostró un diagrama de las transferencias, evitó revelar los nombres de todos los involucrados para proteger el debido proceso. También aclaró que todavía realiza cálculos para determinar el posible daño patrimonial, por lo que los 7 mil 212 millones corresponden al conjunto de operaciones examinadas y no a una cantidad definitivamente acreditada como desvío.

Los contratos de chalecos antibalas que terminaron bajo sospecha

Una investigación publicada el 1 de noviembre por Grupo Reforma identificó a TXAT Latam como una de las empresas relacionadas con las operaciones cuestionadas. La compañía recibió contratos del gobierno de Samuel García por al menos 440 millones de pesos, destinados al suministro de chalecos antibalas, radios portátiles, uniformes penitenciarios y otros artículos.

De acuerdo con esa investigación, 60.4 millones de pesos habrían llegado a Firma Jurídica y Fiscal, despacho relacionado con Samuel García y su familia, mediante transferencias realizadas a través de empresas intermediarias y una consultora legal. El señalamiento conecta recursos vinculados con la seguridad pública con negocios privados del entorno del mandatario.

Sostiene que algunas de las compañías intermediarias presentaban características de empresas factureras, mientras la ASF ha identificado patrones de dispersión de dinero que podrían constituir operaciones simuladas. La eventual responsabilidad de los proveedores y la legitimidad de los pagos deberán establecerse mediante la revisión de contratos, facturas, servicios y movimientos bancarios.

Las cuatro rutas de dinero que detectó la Auditoría

La operación de mayor volumen comenzó con 5 mil 851 millones de pesos pagados por el Gobierno de Nuevo León a una constructora. Esta empresa transfirió 5 mil 154.6 millones a una segunda compañía, desde la cual habrían salido 385.3 millones hacia un despacho jurídico relacionado con el entorno familiar de un servidor público.

Otra ruta involucró 964 millones de pesos entregados a una comercializadora, de los cuales 237 millones pasaron a una empresa de alimentos. Posteriormente, esta última habría transferido 202.9 millones al despacho jurídico. Investigaciones anteriores de Reforma habían señalado operaciones con Suministro MYR y su empresa filial Jace, aunque la ASF no identificó públicamente a todos los proveedores del nuevo expediente.

Las dos operaciones restantes corresponden a 243 millones de pesos pagados a una empresa de servicios y 154.2 millones enviados a otra compañía. Tras pasar por consultoras y negocios de equipamiento, los montos identificados como posibles depósitos finales al despacho fueron de 62.9 millones y 77.03 millones de pesos, respectivamente.

El desglose de esas cuatro rutas suma 728.13 millones de pesos en transferencias presuntamente dirigidas al despacho jurídico. La cantidad es distinta de los 7 mil 212 millones en contratos iniciales y tampoco debe sumarse a los 60.4 millones atribuidos a la operación de TXAT Latam sin determinar previamente si existen movimientos coincidentes.

Con la denuncia presentada el 16 de octubre, corresponde a la FGR analizar los elementos entregados por la Auditoría Superior, verificar el origen y destino de los recursos e investigar si los contratos tuvieron servicios efectivamente prestados y pagos legalmente justificados.

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