¿Qué pasó en Cuautitlán? Protesta por el agua escala: vecinos denuncian agresiones

Alejandra Jiménez 17 julio, 2026

La protesta de habitantes del fraccionamiento La Alborada, en Cuautitlán, por el desabasto de agua terminó con un enfrentamiento entre vecinos y policías municipales

 ©Especial - La exigencia de un servicio básico derivó en un nuevo conflicto social en el Estado de México.

La noche del jueves, habitantes del fraccionamiento La Alborada, en el municipio de Cuautitlán, realizaron un bloqueo parcial sobre la carretera Cuautitlán-Melchor Ocampo para exigir una solución al problema de desabasto de agua que, aseguran, afecta desde hace tiempo a cientos de familias.

De acuerdo con los vecinos, la movilización había sido acordada previamente en una asamblea comunitaria con el objetivo de presionar a las autoridades para devolver una bomba del pozo que, según denuncian, fue retirada por el municipio y reparar otra que permanece fuera de servicio.

Los colonos explicaron que el pozo originalmente operaba con tres bombas, pero actualmente solo una se encuentra funcionando, lo que consideran insuficiente para abastecer a toda la comunidad.

Vecinos denuncian agresiones y detenciones arbitrarias

Según el testimonio de los habitantes, alrededor de las 20:00 horas arribó al sitio el director de Gobierno municipal, Manuel Becerril, acompañado por elementos de la Policía Municipal, con la intención de dialogar con los manifestantes.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la reunión cambió de tono cuando, presuntamente, se ordenó intervenir contra quienes participaban en la protesta.

Los colonos afirman que los policías comenzaron a empujar y golpear a los asistentes para dispersar la manifestación, pese a que el bloqueo permitía el paso parcial de vehículos. También sostienen que unas 300 personas participaban en la movilización y que las detenciones fueron arbitrarias.

Entre las personas aseguradas, señalaron, se encuentra un joven recién egresado de la universidad y un adulto mayor, quienes fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía Regional en Cuautitlán Izcalli por el presunto delito de ataque a las vías de comunicación.

Habitantes exigen la liberación de los detenidos

Tras el operativo, los habitantes de La Alborada exigieron la liberación inmediata de ambos detenidos al considerar que únicamente ejercían su derecho a manifestarse para reclamar el acceso a un servicio básico.

Los vecinos también expresaron preocupación porque el pozo permanezca bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con su versión, esa infraestructura formó parte del equipamiento urbano entregado por la empresa desarrolladora del fraccionamiento, por lo que temen que el gobierno municipal la utilice para abastecer otras colonias, disminuyendo aún más el suministro destinado a La Alborada.

Gobierno de Cuautitlán rechaza abuso policial

El Ayuntamiento de Cuautitlán negó que durante el operativo se hubiera hecho un uso excesivo de la fuerza y rechazó las acusaciones de abuso policial.

La administración municipal aseguró que no se utilizaron gases lacrimógenos y atribuyó el conflicto a un manejo político de la manifestación.

La alcaldesa Juana Carrillo confirmó que dos personas fueron detenidas por el probable delito de ataque a las vías de comunicación, al considerar que el bloqueo realizado sobre el Libramiento La Joya vulneró la legislación vigente.

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta municipal afirmó que las autoridades no pueden permitir el cierre de vialidades, al señalar que bloquear vías de comunicación constituye un delito conforme al Estado de derecho.

Autoridades aseguran que ya fue reparada una bomba del pozo

En medio de la controversia, el gobierno municipal informó que este jueves concluyeron los trabajos de reparación de una de las bombas del pozo, lo que permitió reiniciar el envío de agua hacia el fraccionamiento.

Asimismo, sostuvo que la infraestructura hidráulica forma parte del sistema administrado por el organismo operador del agua del municipio, por lo que cuenta con las atribuciones legales para asumir su control y operación.

Mientras tanto, el conflicto permanece abierto. Por un lado, los habitantes mantienen su exigencia de liberar a los detenidos y garantizar el suministro regular de agua potable; por el otro, las autoridades defienden la actuación policial y aseguran que ya comenzaron las acciones para restablecer el servicio en La Alborada.