¿Quién supervisa las academias militarizadas en México? Lo que dice el reglamento vigente

La muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, reavivó una pregunta que durante años había permanecido en segundo plano: ¿qué autoridad supervisa realmente a las academias militarizadas que operan en México? El caso no solo derivó en una investigación penal y en llamados para revisar el funcionamiento de estos planteles, sino que también puso bajo la lupa un marco jurídico que, según especialistas, presenta vacíos sobre quién debe vigilar este tipo de instituciones.

La polémica aumentó este 25 de julio, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió un comunicado para deslindarse de la Academia Militarizada Marina Doenitz y aclarar que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular instituciones educativas de esta naturaleza. La dependencia explicó que su Reglamento Interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, eliminó cualquier disposición administrativa que pudiera interpretarse en ese sentido.

En el mismo documento, la Defensa enfatizó que "no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo", pese a que muchas de estas escuelas utilizan uniformes, grados, marchas y una disciplina inspirada en el ámbito castrense, lo que suele generar la percepción de que dependen del Ejército o de la Marina.

El posicionamiento de la dependencia abrió una nueva discusión: si la Defensa asegura que no regula estas instituciones, ¿quién es entonces la autoridad responsable de supervisarlas? La respuesta no es sencilla y se encuentra en un entramado de normas expedidas hace décadas que hoy vuelven a ser motivo de debate.

Un reglamento de 1943 y una aparente contradicción

La principal norma que regula a las academias militarizadas es el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1943. En su artículo 2, el ordenamiento establece que la entonces Secretaría de la Defensa Nacional era "el único organismo capacitado" para conceder autorización al establecimiento o transformación de planteles educativos civiles dentro del régimen militar, siempre que antes contaran con autorización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para operar como escuelas.

Ese mismo reglamento también señala que la Defensa debía designar a los instructores encargados de impartir la enseñanza militar y verificar que los planteles cumplieran con los requisitos establecidos para funcionar bajo ese esquema. Sin embargo, el comunicado emitido por la propia dependencia este 25 de julio sostiene que, conforme a su Reglamento Interior de 2008, actualmente carece de atribuciones para autorizar o supervisar este tipo de instituciones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la vigencia práctica de aquellas disposiciones de 1943.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró días antes que la Academia Militarizada Marina Doenitz no forma parte de la estructura de la Defensa, sino que se trata de un plantel privado incorporado al sistema educativo, cuya revisión corresponde a las autoridades educativas y al gobierno estatal.

El caso Dafne reabre el debate sobre la regulación

La muerte de Dafne no es un hecho aislado. En los últimos años se han documentado otros fallecimientos de menores en academias militarizadas privadas, lo que ha incrementado la presión para revisar la regulación de estos centros y establecer mecanismos de supervisión más claros. Familias de las víctimas y especialistas han advertido que las normas vigentes no responden a la realidad actual ni establecen procedimientos específicos para inspeccionar la operación de estos planteles o proteger a niñas, niños y adolescentes.

Tras el caso, legisladores y autoridades han planteado la necesidad de actualizar un reglamento que tiene más de 80 años de antigüedad y definir con precisión qué institución debe autorizar, inspeccionar y sancionar a las academias militarizadas. Mientras esa discusión avanza, el comunicado de la Defensa dejó claro que esa dependencia no asume esa responsabilidad, lo que ha reforzado el debate sobre el vacío institucional que reveló el caso de Dafne Zapata.

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