¿Quiénes son los tres militares buscados por permitir el ingreso de huachicol disfrazado de cloruro de calcio?
Dos tenientes coroneles y un teniente de la Policía Militar ocuparon puestos de mando en la Aduana de Matamoros durante las operaciones investigadas
Una investigación de EL PAÍS reveló que las importaciones de cloruro de calcio crecieron 100 mil por ciento y se concentraron en la Aduana de Matamoros. La FGR sostiene que ese químico fue utilizado para disfrazar el ingreso de combustible y mantiene órdenes de captura contra tres mandos militares.
Los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, además del teniente de la Policía Militar Jorge García García, cuentan con órdenes de aprehensión y permanecían prófugos al hacerse público el expediente. Los primeros dos encabezaron la aduana entre 2024 y 2026, mientras García García ocupó la Subdirección de Operación Aduanera.
Las importaciones crecieron más de mil veces en un año
México importaba normalmente entre 650 mil y 850 mil kilos anuales de solución de cloruro de calcio. En 2024 ingresaron aproximadamente 750 mil kilos, pero durante 2025 la cifra alcanzó 804 millones, con casi toda la operación concentrada en Matamoros.
Los cargamentos se multiplicaron principalmente entre enero y julio de 2025. En ese periodo, la aduana fronteriza recibió 804 millones de kilos mediante alrededor de 14 mil trámites, una cantidad superior a las importaciones nacionales registradas durante años anteriores.
El cloruro de calcio tiene aplicaciones médicas, alimentarias e industriales, incluida la perforación de pozos. La investigación plantea que su nombre fue utilizado en los pedimentos para ocultar cargamentos de gasolina, diésel y nafta, mercancías sujetas a una carga fiscal distinta.
La FGR explica que el huachicol fiscal funciona mediante empresas importadoras, operadores logísticos, agentes aduanales, documentación falsa y clasificaciones incorrectas. El combustible entra como otra mercancía, evade impuestos y después se incorpora al mercado mediante empresas de transporte y distribución.
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Una denuncia llevó a diecisiete vagones
La operación comenzó a detenerse cuando una denuncia anónima condujo a la revisión de 17 vagones ferroviarios que transportaban 1.6 millones de litros de combustible registrado como cloruro de calcio. Después de ese hallazgo, las importaciones del químico cayeron hasta recuperar niveles cercanos a los años anteriores.
El expediente atribuye a Servicios Aduanales JR, propiedad de Armando III Riestra Fernández, la gestión de los permisos empleados para importar ilegalmente los hidrocarburos entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025. Riestra Fernández permanece en el penal federal del Altiplano desde enero de 2026.
La orden judicial incluye a los tres militares y a otros diez funcionarios, agentes aduanales y empresarios. La FGR sostiene que la estructura contó con la intervención de personal encargado de autorizar, revisar y permitir el paso de los cargamentos, aunque las responsabilidades individuales deberán resolverse ante un juez.
Los militares controlaban puestos clave de la aduana
Armando Barrera Trujillo ocupó la titularidad de la Aduana de Matamoros durante parte del periodo investigado. Después fue sustituido por Blas Pedro Sarabia García, quien también aparece dentro del expediente federal. Jorge García García estaba encargado de la operación aduanera, área relacionada con el procesamiento y revisión de mercancías.
La participación militar en las aduanas terrestres comenzó en 2021 como parte de la estrategia del Gobierno federal para combatir la corrupción y elevar la recaudación. La propia documentación de la Defensa registra que personal castrense comenzó a intervenir en las aduanas de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Colombia durante marzo de ese año, antes de asumir la administración de más recintos fronterizos.
La FGR considera el expediente de Matamoros uno de los esquemas de contrabando de combustible más grandes detectados en el país. La institución confirmó el aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros, 129 ferrotanques, tractocamiones y autotanques dentro de la investigación general, además de órdenes de captura y procesos contra posibles integrantes de la organización.
Las autoridades deberán ejecutar las órdenes pendientes, determinar qué revisiones fueron omitidas y reconstruir la ruta seguida por los hidrocarburos después de cruzar la frontera. También permanece abierta la investigación sobre las empresas que enviaron, recibieron, transportaron y comercializaron el combustible.
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