Sheinbaum busca frenar las narcocandidaturas, esta es su propuesta
La presidenta Sheinabum anunció que enviará una iniciativa al Congreso para evitar candidaturas que estén vinculadas al crimen organizado
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará este jueves 21 de mayo al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada se postulen a cargos públicos.
"Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar algún candidato que hubiera algún riesgo de vincular uno con la delincuencia organizada. Luisa María tenía preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que se envíe de una vez", indicó la presidenta Sheinbaum.
La propuesta fue presentada por Luisa María Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de Presidencia.
"Estaremos enviando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que a su vez sea turnada una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas y evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada", indicó Alcalde durante la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum.
🔴La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una iniciativa de reforma electoral para evitar que candidaturas tengan vínculos con el crimen organizado.pic.twitter.com/rhsv7Cze91
— Azucena Uresti (@azucenau) May 21, 2026
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¿Qué propone la reforma?
La reforma propone la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un organismo dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE) que estará integrado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General por un periodo de tres años.
Precisó que esta comisión servirá como enlace entre los partidos políticos que decidan participar voluntariamente y las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia.
Entre las funciones de la comisión se encuentra consultar con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para identificar posibles riesgos de vínculos con el narcotráfico en los aspirantes a candidaturas.
La Consejera Jurídica indicó que la información proporcionada por estas autoridades indicará únicamente si existe o no un riesgo razonable, preservando la confidencialidad y el debido proceso.
“Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La comisión consulta con las diferentes dependencias, estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable", aseguró Alcalde.
🔴 🚨 Gobierno propone revisar vínculos criminales de candidatos antes de elecciones
— Artículo Sexto (@Art6to) May 21, 2026
⚖️ El Gobierno federal plantea una reforma electoral para revisar posibles vínculos entre aspirantes y la delincuencia organizada.
👮♂️ Luisa María Alcalde informó que se busca crear una comisión… pic.twitter.com/c8z7delWYr
Responsabilidad de los partidos políticos
Aseguró que los partidos políticos serán responsables de decidir si registran a los aspirantes como candidatos, con base en los informes de la comisión.
Por su parte, los aspirantes deberán manifestar su conformidad para ser evaluados por el organismo como requisito obligatorio, independientemente de la decisión final del partido.
La funcionaria precisó que la iniciativa, que no implica cambios constitucionales, será enviada primero a la Comisión Permanente del Congreso para su análisis y eventual discusión, con miras a aplicarse a partir de las elecciones de 2027.
Las claves para evitar narcocandidaturas:
Comisión de Integridad de Candidaturas: Organismo del INE encargado de revisar aspirantes a cargos públicos.
Integración de la comisión: Cinco consejeros electorales designados por el Consejo General por tres años.
Función de enlace: Conecta a los partidos políticos con autoridades de seguridad, justicia e inteligencia.
Verificación de riesgo: Consulta con CNI, Fiscalía, UIF y CNBV para identificar posibles vínculos con delincuencia organizada.
Informe de riesgo razonable: Autoridades indican si existe riesgo, sin detallar causas.
Decisión de los partidos: Los partidos determinan registrar o no a los aspirantes según el informe.
Consentimiento de aspirantes: Los candidatos deben aceptar ser evaluados como requisito obligatorio.
Confidencialidad y debido proceso: Toda la información se mantiene reservada para proteger derechos.
Alcance y vigencia: Reforma legal (no constitucional), aplicable desde las elecciones de 2027.
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