Tours guiados, chalecos guinda y cobros: las extorsiones de Diego "N", acalde de Tequila ligado al CJNG
Chalecos guinda, cobros y amenazas: el expediente que hunde al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro y lo lleva a prisión preventiva
En el corazón del Pueblo Mágico de Tequila, Jalisco, una imagen se convirtió en símbolo de ruptura: una decena de chalecos guinda, rotos y tirados frente al Palacio Municipal. Eran los mismos que, durante meses, guías turísticos y promotores se vieron obligados a portar para poder trabajar. Hoy, tras la detención del alcalde Diego Rivera Navarro, esos chalecos representan algo más que una prenda: son la evidencia visible de un sistema de control, cobros y presiones que, según la Fiscalía General de la República (FGR), operó desde el Ayuntamiento con respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Chalecos como marca de control
Trabajadores del centro histórico de Tequila relataron que el uso del chaleco guinda, color asociado a Morena, no era opcional. Era una imposición directa del entonces alcalde. Portarlo significaba que ya habían pagado la cuota exigida para ofrecer tours guiados.
“Lo usábamos voluntariamente… a huevo”, declaró una guía turística al portal del periodista Óscar Mario Beteta.
La protesta pública ocurrió un día después de que Rivera Navarro fuera detenido. Los servidores turísticos rompieron los chalecos frente a la plaza principal como acto de deslinde y denuncia.
🚨 Protestan en Tequila trabajadores del municipio.
— Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) February 6, 2026
Tras la detención del alcalde, Diego Rivera Navarro, rompieron sus chalecos y denunciaron que los obligaron a comprar su indumentaria.
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Cobros indebidos y violaciones a la ley
Durante la manifestación, los trabajadores expusieron una serie de prácticas que calificaron como ilegales:
Uso de colores partidistas: La Ley General de Turismo prohíbe que prestadores de servicios turísticos porten símbolos políticos. Aun así, el chaleco guinda era obligatorio.
Explotación laboral: Los propios trabajadores debían pagar los chalecos que se les exigía usar.
Aumento de cuotas:
-La credencial de guía turístico pasó de 500 a 800 pesos cada seis meses.
-La pulsera turística para autobuses se duplicó, de 25 a 50 pesos por visitante.
-No pagar implicaba perder el derecho a trabajar.
“Si no aceptábamos las condiciones, no nos dejaban trabajar”, denunciaron promotores y guías.
La acusación federal: secuestros, extorsión y control político
La FGR acusa a Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, de encabezar una red criminal que operó desde el gobierno municipal. De acuerdo con el expediente judicial, del que medios nacionales como EL UNIVERSAL y Latinus obtuvieron copia, la investigación formal inició en agosto de 2025 y derivó en una orden de aprehensión cumplimentada el 5 de febrero.
Entre los delitos documentados se encuentran:
Extorsiones a comerciantes, artesanos y empresarios tequileros, con cuotas semanales y mensuales.
Secuestros: en 2021, dos aspirantes de Morena denunciaron haber sido privados de la libertad, golpeados y obligados a renunciar a sus candidaturas para asegurar la llegada de Rivera Navarro a la alcaldía.
Amenazas armadas: Comerciantes relataron visitas del alcalde acompañado de policías municipales, quienes exigían pagos bajo amenaza de muerte.
Uno de los testimonios describe cómo, tras no cubrir una cuota, un artesano fue agredido físicamente, sufrió daños en su local y recibió nuevas amenazas. Otros denunciaron cobros de hasta 150 mil pesos.
¿Quiénes integraban la presunta red criminal?
Según la FGR, Rivera Navarro pactó con el CJNG su llegada al poder y, ya como alcalde, fusionó el cargo público con actividades criminales. El expediente identifica a funcionarios clave:
Diego Rivera Navarro: alcalde de Tequila, señalado como líder de la red.
Juan Manuel Pérez Sosa: director de Seguridad Pública, presunto brazo armado.
Juan Gabriel Toribio Villarreal: director de Catastro y Predial.
Isaac Carbajal Villaseñor: director de Obras Públicas.
Diego López Ibarra: tesorero municipal, señalado como recaudador y lavador de dinero.
Julio César Limón Trigueros: jefe de Gabinete.
Francisco Javier Rivera Gutiérrez, alias “Faraón”: director de Padrón y Licencias.
Osmara Araujo Aceves: directora de Recursos Humanos.
Raquel Nañes Bugarín: esposa del alcalde.
Severo López Mendoza, alias “El Rey Mago”: policía señalado también por autoridades de Estados Unidos como enlace del CJNG.
“La estructura operaba desde la presidencia municipal, fusionando el cargo público con actividades delictivas”, señala la FGR.
De promesas de cambio a una red de denuncias
Rivera Navarro llegó al poder en octubre de 2024 bajo la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PVEM y PT), poniendo fin a décadas de alternancia entre PAN y PRI en Tequila. Prometió honestidad y transparencia.
Sin embargo, su gestión estuvo marcada por conflictos:
Denuncias de empresas tequileras como José Cuervo por cobros excesivos.
Presiones a hoteles y destilerías.
Clausura irregular del Museo Nacional del Tequila, donde el alcalde llegó a vivir sin autorización del INAH.
Tras la detención: protestas y cambio de ambiente
Actualmente, Diego Rivera Navarro se encuentra recluido en el penal de El Altiplano, en espera de su proceso por extorsión. A un día de su detención, habitantes de Tequila aseguran que el clima social cambió de inmediato.
“En la noche era una robadera con la policía”, relató un vecino, quien denunció asaltos y agresiones.
Otros ciudadanos reconocen que, aunque apoyaron políticamente al alcalde, desconocían el alcance de las prácticas denunciadas.
Un municipio en espera de reconstrucción
La quema y destrucción de los chalecos guinda se convirtió en un acto de catarsis colectiva. Para trabajadores y habitantes, simboliza el rechazo al uso del aparato municipal como herramienta de control político y económico.
Mientras avanzan las investigaciones federales, Tequila enfrenta una doble tarea: esclarecer responsabilidades y reconstruir la confianza en sus instituciones. El caso del alcalde detenido no solo exhibe una presunta red criminal, sino también el costo social de mezclar poder político, seguridad pública y crimen organizado.
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