Así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, ligada al CJNG

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, convirtió la estructura del ayuntamiento en una plataforma criminal para extorsionar, secuestrar y ejercer control político, bajo la presunta protección del CJNG, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión cumplimentada el 5 de febrero.

El patrón: gobierno, amenazas y cobro de cuotas

Durante meses, comerciantes, empresarios, opositores políticos y empleados municipales describieron ante la FGR un mismo esquema: visitas oficiales que terminaban en amenazas, policías actuando como cobradores y decisiones administrativas utilizadas como castigo para quienes se negaban a pagar.

Según el expediente judicial, Diego Rivera Navarro encabezaba personalmente algunos de estos actos, acompañado por colaboradores y elementos de seguridad pública armados, quienes exigían pagos semanales o mensuales bajo advertencias de secuestro, clausuras o agresiones físicas.

El ayuntamiento como centro de operaciones criminales

La FGR afirma que el alcalde “usó la fuerza del gobierno para la ejecución de fines delictivos”, lo que calificó como “la fusión de la criminalidad con el poder político”.

Las investigaciones sostienen que el Ayuntamiento de Tequila fue utilizado como base para imponer cobros ilegales a negocios y empresas; coordinar levantones y traslados a casas de seguridad; presionar a opositores políticos mediante amenazas y violencia y utilizar clausuras y trámites administrativos como herramientas de extorsión.

Testimonios clave: amenazas, armas y casas de seguridad

Uno de los testimonios centrales proviene de un comerciante que relató cómo el alcalde ingresó a su negocio acompañado de policías municipales, mostrando armas de fuego y exigiendo pagos semanales. En caso de negarse, fue advertido de que sería privado de la libertad.

El denunciante entregó a la FGR números telefónicos, ubicaciones de casas de seguridad y alias de funcionarios y operadores involucrados en el esquema.

Otros comerciantes reportaron extorsiones de hasta 150 mil pesos, además de agresiones físicas, daños materiales y amenazas reiteradas.

Secuestros políticos: obligados a renunciar

El expediente también incluye los testimonios de dos excandidatos de Morena en 2021, quienes aseguraron haber sido levantados, encapuchados y golpeados, para después ser trasladados a casas de seguridad.

Ahí, bajo amenazas de muerte, fueron obligados a firmar la renuncia a sus candidaturas. Ambos señalaron directamente a Diego Rivera Navarro como responsable de ordenar las agresiones.

¿Quiénes integraban la red?

La FGR identificó a los principales actores del esquema de secuestro y extorsión:

• Diego Rivera Navarro: presidente municipal y presunto líder de la red.

• Juan Gabriel “N”: director de Catastro y Predial.

• Juan Manuel “N”: director de Seguridad Pública.

• Isaac “N”: director de Obras Públicas.

• Julio “N”: puesto no especificado.

• Severo Flores Mendoza, “El Rey Mago”: policía señalado por autoridades de EE.UU. como colaborador del CJNG.

• Francisco Javier “Faraón”: operador.

• Escoltas y policías municipales: señalados por cobros, amenazas y violencia directa.

• Esposa del alcalde: mencionada en una denuncia anónima.

El vínculo con el CJNG y “El Rey Mago”

El caso adquiere dimensión internacional por la presencia de Severo Flores Mendoza, “El Rey Mago”, quien fue incluido en 2022 en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Flores Mendoza coordinó durante más de una década mandos policiales en la región Valles, zona estratégica conocida como “El Triángulo Dorado” de Jalisco, área clave para el CJNG.

Según autoridades estadounidenses, brindaba protección, información judicial y recursos al cártel a cambio de sobornos.

De alcalde a detenido

Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal en octubre de 2024 bajo la coalición encabezada por Morena, prometiendo una administración basada en la honestidad.

Sin embargo, su gestión estuvo marcada por denuncias de extorsión a empresas tequileras, clausuras irregulares, conflictos con comerciantes, acusaciones de acoso político y señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El 6 de febrero de 2026 fue detenido e ingresado al penal del Altiplano, donde enfrentará cargos por delincuencia organizada, extorsión y secuestro, en un caso que, según la FGR, exhibe cómo el poder municipal fue utilizado como herramienta criminal.

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