Vinculan a proceso a Selenne “N”, exalcaldesa de Capulhuac, por agresión a psicóloga del DIF
La funcionaria con licencia permanecerá
Selenne “N”, presidenta municipal de Capulhuac, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, agresión y lesiones en contra de Miriam “N”, psicóloga del Sistema Municipal DIF, a quien presuntamente agredió física y verbalmente durante una reunión de trabajo el pasado 2 de mayo.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron cuando la entonces alcaldesa citó al personal del DIF para revisar actividades por el Día del Niño. En ese encuentro, Selenne “N” habría atacado a Miriam “N”, jalándola del cabello, arrastrándola por las escaleras y amenazándola con mutilar sus dedos, supuestamente motivada por celos personales.
La agresión fue presenciada por otras empleadas y presuntamente facilitada por una policía municipal y una familiar de la funcionaria. La víctima negó tener relación con el esposo de la alcaldesa, quien también fungía como presidente honorario del DIF, y posteriormente presentó la denuncia correspondiente. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició la queja CODHEM/TOL/200/2025 para investigar posibles violaciones a derechos humanos.
Prisión preventiva en Santiaguito
Tras una serie de movilizaciones de la comunidad, incluyendo bloqueos carreteros para exigir su destitución, Selenne “N” solicitó una licencia temporal de 90 días. Sin embargo, el 25 de junio fue detenida en San Miguel Almaya, municipio de Capulhuac, y trasladada al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, luego de que escoltas intentaran impedir su captura, incluso disparando contra los agentes ministeriales.
En audiencia inicial, el juez ordenó su separación definitiva del cargo y le impuso prisión preventiva justificada. Además, se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que su situación jurídica se resolverá el próximo 26 de agosto.
La FGJEM informó que la alcaldesa utilizó su cargo para satisfacer intereses personales, lo que representa una desviación grave del ejercicio público. Según el Código Penal del Estado de México, por los delitos de abuso de autoridad y lesiones, podría enfrentar hasta 11 años de prisión.
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