Lo que revela NYT sobre acusaciones de EE.UU. contra funcionarios mexicanos: Así usarían leyes antiterrorismo

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad y narcotráfico. Una nueva estrategia impulsada desde Washington amenaza con cambiar por completo la forma en que las autoridades estadounidenses persiguen a políticos y funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado.

De acuerdo con una investigación publicada por el diario The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) instruyó a fiscales federales para utilizar leyes antiterrorismo contra funcionarios mexicanos acusados de colaborar con cárteles de la droga, especialmente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La medida representa un endurecimiento sin precedentes en la política del presidente Donald Trump contra el narcotráfico y podría abrir la puerta a penas mucho más severas, incluida la cadena perpetua.

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La orden que encendió las alarmas

Según el reportaje del New York Times, la nueva directriz fue comunicada el pasado miércoles por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado del Departamento de Justicia, durante una conferencia interna con fiscales de distintas regiones de Estados Unidos.

Singh, encargado de establecer prioridades para los 93 fiscales federales del país, lanzó un mensaje contundente: las investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico deben intensificarse.

De acuerdo con funcionarios citados por el diario estadounidense, Singh afirmó que las autoridades judiciales deberían “triplicar” las acusaciones contra servidores públicos mexicanos que utilizan su poder para favorecer a organizaciones criminales.

La nueva estrategia se sustenta en la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el año pasado, mediante la cual clasificó a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas.

Esa designación permite que los fiscales estadounidenses no solo presenten cargos por narcotráfico, lavado de dinero o corrupción, sino también por proporcionar “apoyo material a organizaciones terroristas”, un delito que contempla condenas mucho más agresivas.

El caso Sinaloa: el epicentro de las acusaciones

La ofensiva judicial estadounidense tomó fuerza tras la acusación formal presentada en Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios ligados a su administración.

Según el expediente judicial, políticos y mandos de seguridad habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa, particularmente de “Los Chapitos”, a cambio de brindar protección institucional y permitir operaciones del narcotráfico con impunidad.

Entre los señalados aparecen nombres clave del aparato político sinaloense:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia temporal de Sinaloa.

• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal y general retirado.

• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

• Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena.

• Juan de Dios Gámez Mendívil, exalcalde de Culiacán con licencia.

Las investigaciones sostienen que varios funcionarios habrían colaborado directamente con la estructura criminal de “Los Chapitos”, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán López.

La caída de Gerardo Mérida y Enrique Díaz

El endurecimiento de la estrategia estadounidense coincide con recientes acciones contra exfuncionarios sinaloenses.

Este 15 de mayo, autoridades estadounidenses confirmaron la detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien ya permanece bajo custodia federal.

Poco después trascendió que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Rocha Moya, habría decidido entregarse a autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos en su contra.

De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, Díaz Vega fue ubicado inicialmente en Europa y posteriormente habría sido trasladado a Nueva York, donde se desarrolla el proceso judicial.

Hasta ahora, ninguna dependencia estadounidense ha confirmado oficialmente su entrega; sin embargo, su nombre aparece dentro de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Acusaciones de narcotráfico y terrorismo

Las imputaciones contra funcionarios mexicanos ya no se limitan únicamente al tráfico de drogas.

Bajo la nueva estrategia, fiscales estadounidenses buscan presentar cargos relacionados con terrorismo, al considerar que los funcionarios habrían facilitado operaciones de organizaciones criminales designadas oficialmente como grupos terroristas.

Entre los delitos incluidos en las acusaciones destacan:

• Asociación delictuosa para importar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

• Conspiración para poseer armas automáticas y explosivos.

• Proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.

• Protección institucional a redes de narcotráfico.

Las condenas podrían alcanzar hasta cadena perpetua si las autoridades logran demostrar vínculos directos con actividades consideradas terroristas.

Un golpe político para Claudia Sheinbaum

La ofensiva judicial estadounidense también coloca en una posición compleja a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios de Morena, la mandataria mexicana ha cuestionado la falta de pruebas contundentes presentadas por Estados Unidos y ha señalado que las investigaciones podrían representar una intromisión en la soberanía nacional.

Sheinbaum ha insistido en que México mantiene cooperación con Washington en temas de seguridad, extradiciones y combate al narcotráfico; sin embargo, el procesamiento de funcionarios en activo amenaza con elevar la tensión diplomática.

De hecho, funcionarios del gobierno mexicano citados por medios estadounidenses reconocieron molestia por la manera en que el Departamento de Justicia ha manejado el caso, especialmente porque México ha entregado decenas de operadores criminales sin recibir información detallada de las investigaciones.

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La nueva guerra judicial contra los cárteles

Durante décadas, Estados Unidos enfocó su estrategia en capturar y procesar a líderes del narcotráfico. Sin embargo, la nueva línea impulsada por el Departamento de Justicia apunta ahora hacia las estructuras políticas que presuntamente habrían protegido a los cárteles desde el poder.

La narrativa cambió radicalmente: ya no se trata solo de perseguir narcotraficantes, sino de acusar a funcionarios de colaborar con “organizaciones terroristas”.

Expertos consideran que esta postura busca enviar un mensaje político y judicial de alto impacto, especialmente en vísperas de negociaciones comerciales y de seguridad entre ambos países.

Mientras tanto, el expediente contra funcionarios sinaloenses continúa creciendo y podría convertirse en el inicio de una nueva etapa de confrontación entre México y Estados Unidos.

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